Opìnion Narbona Tiempos de hoy

 

 
   

 Nº 1275. 4 de enero de 2019

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Tribuna / Cristina Narbona

Transición ecológica: urgente, pero justa


EUROPA PRESS

El Gobierno socialista ha dado ya los primeros pasos para que la transición energética sea justa, es decir, para que se distribuyan equitativamente sus beneficios y para que se tenga muy en cuenta la situación específica de las comarcas más vulnerables

Durante las últimas dos décadas, en los países de la OCDE más de un 20% de los trabajadores se ha visto obligado a cambiar de empleo, como consecuencia de la globalización y de la creciente digitalización.

 A ello se unieron, a partir de 2008, millones de asalariados que quedaron en el paro -muchos de forma permanente-  debido a la gravísima crisis económica desencadenada por la desregulación del sistema financiero, y en algunos casos, por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

En general, y desde luego en España, la recuperación de la actividad económica ha agudizado las desigualdades y la precariedad laboral, poniendo de manifiesto los nefastos efectos de la ‘flexibilización’ del mercado laboral. Las correspondientes transformaciones del sistema económico se han saldado con graves consecuencias sociales, en gran medida a causa del paradigma neoliberal dominante.

Ahora, todos los países se enfrentan  al desafío de la urgente transición ecológica de sus economías -imprescindible para frenar las consecuencias del cambio climático, de la contaminación y de la pérdida de biodiversidad- , que comporta también impactos en el empleo. La posibilidad de que dicho impacto sea positivo en términos netos -creándose más puestos de trabajo que aquellos que desaparezcan-, lo que la OIT ha denominado "transición justa", depende de la capacidad de anticipación y de diseño de las políticas adecuadas por parte de los gobiernos; también de la asunción de responsabilidades por parte de las empresas -que, en determinados sectores, han gozado de un marco regulatorio especialmente beneficioso-.

Ello resulta muy evidente en la necesaria transición hacia una economía descarbonizada, que supondrá para España una gradual reducción de su dependencia exterior -en 2017 se importaron combustibles fósiles por valor de 30.000 millones de euros-, así como la recuperación de un importante liderazgo internacional del sector de las energías renovables, en el que los cambios regulatorios destruyeron casi 70.00O puestos de trabajo desde 2011 y llevaron a la ruina a unas 60.000 familias.

El Gobierno socialista ha dado ya los primeros pasos para que la transición energética sea justa, es decir, para que se distribuyan equitativamente sus beneficios y para que se tenga muy en cuenta la situación específica de las comarcas más vulnerables ante esta transición.

El pasado 21 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Ley para iniciar de inmediato un Plan de Acción para las comarcas mineras y las centrales en proceso de cierre. Su texto recoge el acuerdo alcanzado el 24 de octubre entre sindicatos, empresarios y Gobierno, que incluye planes de prejubilación, impulso a nuevas actividades productivas en las comarcas afectadas, programas específicos de formación y de I+D, participación en iniciativas internacionales como la Plataforma europea de Regiones Mineras...

Este Plan -para el que está prevista una partida de 100 millones de euros en el proyecto de Presupuestos de 2919-, forma parte de una amplia y detallada Estrategia para la Transición Justa, en la que se establecen criterios y herramientas para un buen número de sectores productivos, con el doble objetivo de evitar la destrucción de empleo derivada de exigencias (o de catástrofes) ambientales, y de aprovechar el enorme potencial que España tiene en la perspectiva de la "ecologización".

Desde el año 2010, una Decisión de la Comisión Europea establecía un límite temporal a las ayudas públicas (el 31 de diciembre de 2018) para el mantenimiento de la minería del carbón en los países miembros, de forma que si después de esa fecha una mina decidiera seguir abierta -porque pudiese competir en el mercado sin necesidad de subvenciones-, la empresa tendría que devolver todas las ayudas recibidas. Lamentablemente, durante esta década, tanto administraciones como agentes sociales han puesto mucho más énfasis en intentar inútilmente prorrogar el horizonte establecido por la Comisión que en facilitar una auténtica transformación del tejido productivo. Y con ello se ha perdido un tiempo precioso mientras se aceleraban los procesos que obligan a una descarbonización cada vez más urgente.

Este retraso en la adopción de decisiones se ha producido también en ámbitos diferentes al carbón: el gobierno de Rajoy decidió facilitar la continuidad de la central nuclear de Santa Maria de Garoña, cuyo cierre había sido fijado inicialmente por el Gobierno de Zapatero para 2013,e interrumpió el programa de inversiones previsto para la reindustrialización de la comarca... Pero, a pesar del evidente interés del PP, la empresa decidió en 2017 no reiniciar su actividad, a la vista de las importantes inversiones exigidas por el CSN. Y la comarca de Garoña perdió seis años de un impulso que ahora resulta mucho más perentorio: ni transición ni justicia.

 

Firma

Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.