Opinion Rodriguez Tiempos de hoy

 

 
   

 Nº 1275. 4 de enero de 2019

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Tribuna / Julio Rodríguez López

La vivienda complica la aprobación
de los Presupuestos



Las viviendas de protección oficial deben de mantener su condición con carácter permanente y destinarse sobre todo al alquiler social

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha amenazado con que dicho partido podría no votar favorablemente  el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 si el Gobierno no establece una normativa que ponga tope a los aumentos excesivos de los precios del alquiler. Dicho compromiso estaba recogido en el acuerdo presupuestario firmado entre el Gobierno y Podemos en octubre de 2018.

 El Gobierno socialista ha aprobado el Real Decreto-ley 21/2018, “de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler” (BOE de 18.12.2018), en el que no aparece dicho tope general a los precios del alquiler. Dicha norma sólo recoge el tope de la variación anual del IPC, para los que denomina “contratos de arrendamiento de renta reducida”.

La citada renta mínima la establecen los planes plurianuales de vivienda. La última regulación de dichos planes la introdujo el Gobierno del Partido Popular en el Real Decreto 106/2018, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, donde figura como renta mínima una renta familiar  no superior a tres veces el IPREM (unos 1.800 euros mensuales).Podemos pretende que la actualización anual de todos  los contratos de alquiler se realice aplicando el aumento del IPC.

El Gobierno y el PSOE se han mostrado opuestos a la fijación de topes máximos a los crecimientos de la renta del alquiler. La fijación de topes choca con la ausencia de una estadística oficial de precios del alquiler en España a nivel nacional y territorial, lo que complica el control de los alquileres. Por otra parte, el establecimiento de topes máximos al aumento de la renta puede frenar el necesario aumento de la oferta de viviendas de alquiler. Esta circunstancia afectó de forma muy negativa  al alquiler en España durante el periodo comprendido entre los años cuarenta y setenta del pasado siglo.

Pero en la presente situación de España es necesario hacer un esfuerzo de política de vivienda que vaya más allá de las medidas recogida en el RDL 21/2018 del Gobierno socialista. En este último destaca el aumento a cinco años del plazo máximo del alquiler en el caso de que el arrendador sea una persona física (siete años si arrienda una empresa).

Los precios de las viviendas han crecido en un 26,6% entre el primer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2018, periodo correspondiente a la fase actual de recuperación del mercado de vivienda. El crecimiento de los alquileres ha podido alcanzar el 30% en dicho periodo, mientras que el aumento salarial ha sido sólo del 2,1% según la estadística trimestral del INE.

 Los bajos salarios, la inestabilidad en el empleo y el deseo de vivir en los centros urbanos han acrecentado la demanda de vivienda de alquiler. Frente a la mayor demanda,  la oferta de alquiler es crónicamente reducida en España. Además, dicha oferta se está viendo afectada por el aumento de los pisos turísticos, lo que disminuye la oferta de pisos destinada al alquiler permanente.

Entre las medidas necesarias destaca la conveniencia de modificar la normativa   correspondiente a las viviendas de protección oficial (VPO). Entre 1960 y 2017 se han iniciado  en España unos seis millones de viviendas protegidas, mientras que el exiguo parque de viviendas sociales apenas llega al 2% del stock total de viviendas de España (25,5 millones). Las VPO deben de mantener su condición con carácter permanente y destinarse sobre todo al alquiler social. El suelo público vale para la construcción de dicho tipo de viviendas, en lugar de venderse a promotores privados, con frecuencia a precios inferiores al mercado. Es imprescindible que el INE elabore un índice de precios de alquiler, para así conocer mejor el alcance de los problemas de dicho mercado.

 

Firma

Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de  Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis.

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