Opinion Paniagua Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1276. 11 de enero de 2019

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Tribuna / Miguel Ángel Paniagua

Igualdad y violencia de género


EUROPA PRESS

¿Acaso consideramos que viven en situación de igualdad las mujeres víctimas mortales de sus parejas y exparejas, o miles de mujeres maltratadas en el ámbito familiar, o más de mil mujeres y niñas violadas cada año, o las miles que son acosadas sexualmente en la calle o en el trabajo?

Los detractores, que han surgido en las últimas semanas, contra el  Pacto Nacional contra la Violencia de Género y contra las medidas legislativas que se han impulsado, aducen como argumento principal la desigualdad que se genera entre hombres y mujeres y, por tanto, su inconstitucionalidad al vulnerar el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.

No hay que olvidar que nuestra Constitución, además del principio de igualdad, recoge un conjunto de principios que deben ser tenidos en cuenta por los poderes públicos a la hora de legislar, gestionar e impartir justicia en determinado sentido. Y todos deben intentar garantizar que esos principios se cumplan y no se vulneren.

Ahora bien, puede ocurrir que la falta de recursos económicos impida que un determinado principio constitucional se cumpla en el 100% de los casos, como a modo de ejemplo puede ser el derecho a una vivienda digna que recoge el artículo 47 de la Constitución. El Estado no tiene capacidad económica suficiente para ofrecer una vivienda digna a los 46 millones de españoles, pero ello no impide que haga todos los esfuerzos necesarios para que la inmensa mayoría, y sobre todo los que tienen más dificultades, puedan disfrutar de este derecho. Con este objetivo el Estado legisla, gestiona e imparte justicia.

Así mismo el art. 18.2 habla de la inviolabilidad del domicilio, y el 17 del derecho a la libertad y seguridad. En estos casos, no es la falta de recursos, sino la imposibilidad de garantizar que no exista ningún delincuente que vulnere esos derechos a cualquier ciudadano. Eso sí, el Estado toma todas las medidas que considera para evitar y prevenir que existan casos en los que se viole el domicilio de las personas o se atente contra su derecho a la libertad y la seguridad.

Además, algunas leyes discriminan de forma positiva a unas personas frente a otras dentro del Estado, como puede ser las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión o cuando a través de determinadas políticas se intenta incentivar un determinado comportamiento de la población, como pueden ser políticas para la contratación de jóvenes o medidas que favorecen a las personas que viven en zonas rurales frente a las ciudades. Todas estas medidas, sobre las que alguien podría pensar, e incluso utilizar demagógicamente, que atentan contra la igualdad de todos, muy al contrario, luchan contra la desigualdad existente de oportunidades de muchos españoles.

Y así ocurre con la violencia de género. El Estado no ha conseguido la igualdad de todos los ciudadanos, pero trabaja por hacerlo. Existe una situación clara de desigualdad entre el hombre y la mujer, en todos los ámbitos, laboral, profesional, en el familiar; y una desigualdad clara en temas de violencia, abuso y acoso sexual. Y aunque los datos son como un martillo pilón sobre nuestras conciencias, aún hay muchos casos que desconocemos, por el silencio absoluto con el que responden sus victimas. La mayoría de las medidas tratan de acabar con esta desigualdad real y existente hoy en día. Por todo esto, considero que las leyes que luchan contra la violencia de género o las que favorecen la participación laboral de las mujeres son absolutamente constitucionales, porque intentan evitar una desigualdad existente.

¿O acaso consideramos que viven en situación de igualdad, las mujeres víctimas mortales de sus parejas y exparejas, o miles de mujeres maltratadas en el ámbito familiar, o más de mil mujeres y niñas violadas cada año, o las miles que son acosadas sexualmente en la calle o en el trabajo, o millones de mujeres que no tienen la libertad para caminar solas a determinadas horas en determinados sitios de nuestros pueblos y ciudades, o miles (aunque desconocemos su número) de mujeres y niñas que sufren en silencio, sin denunciar vejaciones, violaciones, abusos, acoso y maltrato?

¿Acaso ellas viven en igualdad? ¿Acaso a ellas no las debe proteger la Constitución?

Firma:

Diputado del PP por Palencia en la XI y XII Legislaturas. Economista y asesor financiero. Miembro de la European Financial Planning Association. Ha trabajado 18 años en banca y siete años con su propia empresa de asesoramiento financiero. Fue secretario de Comunicación de CSICA (Sindicato de empleados de Cajas de Ahorros). Impulsó en el PP de Palencia un Comité de Participación. Fundador del Ateneo de Palencia y actual Director de Relaciones Institucionales.