Opinion Benitez Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1279. 1 de febrero de 2019

- - --

 



La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo

Hoy tengo un juicio…


EUROPA PRESS

Sus Señorías –impasibles algunos de ellos– de la Justicia Civil, van acordando los desahucios y el lanzamiento de sus casas de modestísimas familias

Sí, amable lector, hoy, mientras escribo estas líneas, tengo uno; ayer tuve otro, el lunes próximo dos más y así hasta más de cien juicios en los que los ‘fondos buitre’ internacionales (Blackstone y Morgan Stanley) quieren echar de sus pequeñas viviendas (que ilícitamente adquirieron) a sus inquilinos, jóvenes, parejas (incluso algunos discapacitados), o bien con hijos menores, y todo debido a su voracidad especulativa porque los inquilinos, fieles pagadores de sus alquileres, no han estado conformes con que les subieran la renta del alquiler un 40 o un 50 por ciento.

Y para echarlos de sus casas cuentan con la ‘complicidad’ de algunos jueces, bien de la jurisdicción civil decidiendo que son “legales” los desahucios, bien de la jurisdicción penal que recientemente han archivado las diligencias que estaban abiertas contra los autores de las infames operaciones de venta de patrimonio público (3.348 viviendas del Ivima del Sr. González y 5.315 inmuebles de la Empresa Municipal de Suelo de Madrid de la Sra. Botella). Y esos fondos rapaces, que bajo diversos nombres pululaban en los años 2012 y 2013 al acecho de ‘gangas’ con las que obtener pingües ganancias, contaban con la inadmisible predisposición (quien sabe por qué, pero es imaginable) con que nuestros responsables públicos atendían sus deseos, vendiéndoles viviendas sociales a un precio de menos de la mitad de lo que con inaudita ‘generosidad’ esos especuladores les ofrecían luego venderlas a sus atemorizados inquilinos so pena de echarles de sus casas.

Y el que prosperen tan abominables comportamientos se debe en gran medida, a las decisiones de dos jueces de Madrid (de los Juzgados 38 y 48 de Instrucción) que, curiosamente y con un desfase sólo de una semana, han decidido archivar los dos procesos penales abiertos en el año 2014 (en los que quien esto escribe está como acusación), sobre la errónea base de que los hechos denunciados no constituían los delitos de los que se les acusaba.

El caso del Juzgado 48 es curioso: después de que un fiscal hiciera el pasado año un amplio informe sobre las ilicitudes de la operación, otro posterior (¿por qué cambió?) ha considerado que no había delito y el juez, rápidamente, ha archivado las actuaciones. Y el caso del juez del 38 es, si cabe, más sorprendente, pues es la tercera vez que sobresee las actuaciones (en anteriores ocasiones conseguí que las reabriera), y esa proclividad ya puede deberse a preconcepciones o prejuicios (POSNER) o bien a otras desconocidas causas; y lo ha hecho pese a que muy recientemente, una Sentencia del Tribunal de Cuentas ha declarado como probado el perjuicio que supuso para el erario público, la operación de venta de viviendas, siendo oportuno resaltar también que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid hizo en el año 2016 sendos informes absolutamente demoledores sobre ambas operaciones de venta de viviendas sociales, evidenciando las irregularidades habidas. Pero, pelillos a la mar, sus señorías –impasibles algunos de ellos– de la Justicia Civil, van acordando los desahucios y el lanzamiento de sus casas de modestísimas familias, y otros, los de lo Penal, han decidido que no había ni siquiera indicios de culpabilidad en los antes citados gestores públicos.

He recurrido con ninguna fe y poco esperanza esos sobreseimientos y veremos lo que resuelve la Audiencia Provincial, pero me martillean en la cabeza dos cuestiones: la primera es, por qué algunos jueces actúan así ignorando los artículos 33 y 47 de nuestra Constitución, que obligan a tener en cuenta el fin social de la propiedad y la veda a las actuaciones especulativas sobre inmuebles. Y la segunda, ¿que pasará con esas familias que están desahuciadas, no vital pero sí habitacionalmente?.

Firma:

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.