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 Nº 1280. 8 de febrero de 2019

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Política / Manuel Capilla

Sin Presupuestos, con las derechas en la calle y sus barones en contra, Sánchez mantiene su lucha contra el adelanto electoral

El resistente

Atrapado entre tres fuegos, a Pedro Sánchez se le puede estar muriendo la legislatura. De un lado, el independentismo ha decidido tumbar sus Presupuestos la misma semana en la que está previsto que arranque el juicio del 1-O. De otro, Pablo Casado y Albert Rivera lo acusan de “alta traición” por designar un “relator” que participe en las conversaciones con los mismos partidos catalanes que quieren vetar sus cuentas. Y, por último, sus barones, con Emiliano García-Page a la cabeza, vuelven a rebelarse. Inquietos por la proximidad de las autonómicas y municipales, se ponen del lado de la derecha en la cuestión catalana y ponen muy cuesta arriba la intención del presidente de alargar la legislatura hasta otoño, al menos.


El equipo de Sánchez todavía mantiene la esperanza de que ERC rectifique y no vete los Presupuestos. / EUROPA PRESS

El nerviosismo de los barones ante la proximidad de las autonómicas y municipales sólo va a ir ‘in crescendo’ si PP y Ciudadanos consiguen movilizar la calle El asunto del relator arruina el ‘plan B’ de Moncloa, que preveía que el ‘no’ a las cuentas desmontaba el argumento de que Sánchez se ha rendido a los ‘indepes’

Empieza a confirmarse la tormenta perfecta que algunos temían en Moncloa. Ante el inminente arranque del juicio del 1-O y la proximidad de las elecciones municipales, los sectores más duros del independentismo parecen estar imponiéndose para fijar un ‘no’ a los Presupuestos, que se votan esta misma semana en la Cámara. Un panorama que se ha enredado aún más para los intereses del Gobierno desde que el pasado martes, como quien no quiere la cosa, Miquel Iceta dejara caer en una entrevista en TV3 que el Gobierno y la Generalitat están estudiando designar a alguien que “dé fe de lo que se está hablando” en la mesa de partidos, aún por constituirse, entre partidos nacionales y catalanes. Eso sí, “la palabra mediador no me gusta”, explicó Iceta, inaugurando una estrategia comunicativa cuanto menos discutible y que no enderezó la vicepresidenta Carmen Calvo cuando, ‘atracada’ por los periodistas en el Senado, explicó que “no hacen falta mediadores, ni para el Gobierno ni para el PSOE. Sí, acaso, alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que pueda coordinar, porque hay diferentes partidos”. Mediador no, “un relator” más bien, según el término utilizado por la vicepresidenta.

No ha ayudado al Gobierno precisamente que desde la Generalitat se filtrara el documento con 21 demandas que el president Torra trasladó a Sánchez en la reunión que mantuvieron en Barcelona el pasado 20 de diciembre. Un documento de cuatro páginas en el que se recoge, por ejemplo, la posibilidad de “negociar sin límites”, que se acepte el  problema de “calidad democrática” del Estado, abordar la “desfranquización” de España y, claro, “reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya”. Pero además el documento también recoge que se acepte “la mediación internacional” una de las demandas tradicionales del independentismo, defendida ya en los tiempos en los que Carles Puigdemont estaba todavía en el Palau de la Generalitat.

La vicepresidenta tuvo que comparecer en Moncloa para tratar de explicar la cuestión del relator. / EP

Le tocó a Carmen Calvo intentar apagar el incendio al día siguiente, con una entrevista en la Ser y con una larga rueda de prensa en la que por momentos apareció visiblemente enfadada: “estamos hablando del dedo en vez de la luna”. Primera cuestión: las negociaciones bilaterales sobre la “salida política” a la crisis catalana se realizarán en la “comisión bilateral”, explicó Calvo, de acuerdo con lo previsto en el Estatut y en la que participan la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, y el conseller de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Alfred Bosch. Por tanto, “no habrá ni mucho menos un observador internacional”. Segunda cuestión: la acción del “relator” quedará circunscrita a la mesa de partidos catalanes, todavía por articular y que la Generalitat quiere ampliar a partidos españoles, por lo menos a Unidos Podemos. Y tercera cuestión: el documento de 21 puntos elaborado por el equipo de Torra “no existe” para la vicepresidenta “porque nunca lo hemos negociado. Solo existe la declaración de Pedralbes, que es la que pactamos”.

En esa declaración, difundida tras el encuentro entre Sánchez y Torra el pasado 20 diciembre en Barcelona, se reconoce la existencia de “un conflicto” en Cataluña y se subraya el compromiso de buscar mediante el diálogo una propuesta política “con amplio apoyo de la sociedad catalana”. Una “respuesta democrática” siempre “en el marco de la seguridad jurídica”, lo que al Gobierno le servía como sinónimo de “en el marco de la Constitución”. Pero no se menciona a ningún mediador. Tampoco a ningún relator.


Objetivo, “echar a Sánchez”
Pero por muchas explicaciones que se han dado desde el Gobierno, la vía de agua amenaza con hundir la nave socialista. A Emiliano García-Page, que ha tomado el relevo de Susana Díaz como líder de la oposición interna a su secretario general, le ha faltado tiempo para mostrar su “perplejidad” o para hablar desde “la desinformación” y “el desconocimiento”, según Carmen Calvo. Según Page, “si se trata de tener a alguien de testigo porque no se fían unos de otros, siempre pueden hablar en el Parlamento, donde estamos todos de testigo”. Para Javier Lambán, “aprobar un Presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución”. Y para Guillermo Fernández Vara, el barón con el que más sintonía tiene Sánchez -en teoría-, “las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender”.

El nerviosismo de los barones ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales sólo va a ir in crescendo si PP y Ciudadanos consiguen movilizar la calle. Pablo Casado y Albert Rivera anunciaron el miércoles, con pocos minutos de diferencia, una concentración en la Plaza de Colón de Madrid -apoyada poco después por el líder de Vox, Santiago Abascal- para “echar a Pedro Sánchez”. La misma tarde del miércoles, gracias a la artillería en las redes de los tres partidos de la derecha, etiquetas como #SánchezDimisión, #Colón, #STOPSánchez10F o #EleccionesGeneralesYa estaban entre las diez tendencias más populares de Twitter. Y desde hace algunos años, lo que es tendencia en Twitter suele marcar la agenda mediática.

“Felón”, “traidor” y “okupa”, son algunos de los adjetivos que Casado ha dedicado a Sánchez.

Que Casado utilice un lenguaje incendiario para criticar a Sánchez, se entiende. Que le acuse de “traidor” e incluso de “felón”, como si hubiera salido de un cómic del Capitán Trueno o le hubiera escrito la intervención Rajoy, encaja con la política de tierra quemada que viene aplicando Casado para tratar de cerrar la fuga de votos que le ha abierto Vox. Lo que ya no resulta tan comprensible es que ese mismo tono venga de líderes históricos del PSOE, como es el caso de Alfonso Guerra, que aprovechó la presentación de su libro ‘La España en la que creo’ para volver a cargar contra Sánchez y su gobierno. Esta vez con los términos del PP. Rememorando la Transición, aseguró que “nunca, nunca necesitamos un relator”, porque “los que han negociado tamaño desatino, ¿con qué país equiparan a España, con Yemen del Sur, con Burkina Faso?”. “Aprobar un presupuesto es vital para un Gobierno, pero mantener la dignidad de la nación es una prioridad”, concluyó.

Felipe González tampoco pudo reservarse su opinión. Y como nadie le preguntaba, difundió un vídeo a través de la web de su fundación en el que subrayaba que "no necesitamos relatores". “¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o se convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, los asesores jurídicos, la gente que toma nota? ¿Por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlamento?”, se pregunta González.


Adiós al ‘plan B’ del Gobierno
El problema es que el asunto del relator arruina el plan B de los estrategas de Moncloa. Ante el probable veto de las fuerzas catalanas a los Presupuestos, en el entorno del presidente veían el vaso medio lleno. Si las cuentas salían adelante, perfecto, Y si no, como parece ser el caso, quedaba automáticamente desmontada la crítica que lanzan PP y Ciudadanos día sí y día también: que Sánchez se ha postrado a los pies del independentismo a costa de mantenerse en la Moncloa. Además, según esta reflexión, el proyecto de Presupuestos es el mejor programa electoral, la mejor herramienta para desplazar el debate de la agenda nacional a la social.

Pero con la crisis abierta en torno a este asunto -en realidad menor y procedimental, sin un verdadero calado político, según sostienen desde el Gobierno- todo esto salta por los aires. Con este charco en el que Sánchez se ha metido, las derechas han encontrado el hueco para elevar aún más el tono del debate y consolidar la idea en la agenda pública de que cualquier acuerdo parlamentario con los independentistas se sostiene sobre una concesión por parte del Gobierno. Probablemente, el peor escenario desde el que afrontar unas elecciones.


El laberinto ‘indepe’

Embarcados en el pulso por la hegemonía del independentismo, ERC y PDeCAT no tienen intención de dar aire a Sánchez a corto plazo. Sin embargo, sumidos en sus paradojas, los sectores más moderados tampoco quieren ir a las urnas. Confían en que Sánchez aguante hasta el otoño y, una vez superadas las elecciones municipales y el juicio, se abran todas las posibilidades. Habrá que ver si la legislatura dura hasta entonces.

De momento, esta semana arranca el juicio del 1-O y la “fractura emocional” que provoca en el seno del independentismo –según las palabras del portavoz de ERC, JoanTardà- amenaza con llevarse por delante la legislatura. Los republicanos ya han presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos. El PDeCAT anunciaba el jueves que también presentará la suya. Y sin su apoyo y el del ERC las cuentas se devolverán al Gobierno sin siquiera debatirlas y tramitarlas.

En Moncloa todavía mantienen la esperanza de que los republicanos y los posconvergentes rectifiquen, ya que tienen hasta el último momento antes de la votación para retirarla. Embarcados como están los dos partidos por la hegemonía del independentismo, ninguno está dispuesto a ser acusado de traidor a la causa en vísperas de las elecciones municipales y europeas. La mayoría que sostuvo la moción de censura se resquebraja y Sánchez empieza a quedarse sin los apoyos necesarios para alargar la legislatura.

El nuevo trabalenguas de ERC

Los diputados de ERC tienen tiempo de retirar la enmienda a la totalidad hasta justo antes de la votación del miércoles. / EP

“Desjudicialización”. Con este término, digno de un trabalenguas, sustentaba Joan Tardà esta semana la enmienda a la totalidad de los Presupuestos que ha presentado ERC.  Ante los medios, Tardà subraya que la principal demanda de ERC es “iniciar un camino hacia la desjudicialización”. ¿Y en qué consiste ese camino? En exigir al Gobierno que interceda ante la Fiscalía General del Estado para retire los cargos contra Junqueras los Jordis y el resto de consellers.

Los republicanos insisten en que el Ejecutivo puede hacerlo, legalmente. Y señalan el artículo ocho del Estatuto Orgánico de la Fiscalía, que expresa que “el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”. En esa línea habría ido la decisión de la Abogacía del Estado, que sí depende orgánicamente del Ministerio de Justicia, de rebajar las acusaciones de rebelión a sedición, que aún así supone peticiones de cárcel de hasta 12 años de cárcel, como sucede en el caso del propio Junqueras. Pero en el Gobierno sostienen que la injerencia en el poder judicial que proponen los independentistas no es lo que recoge ese artículo.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, se desmarcaba de Tardà subrayando que los dirigentes soberanistas presos “no son moneda de cambio”. Así, Campuzano pone el foco en que hacen falta “espacios de diálogo” entre partidos políticos “a nivel de todo el Estado”, para que se aprueben los Presupuestos. Una posición bastante más templada que la de su compañera de bancada Mìriam Nogueras. La número dos del PDeCAT, líder de los duros en el Congreso, ya dejó claro que las cuentas ni siquiera se van a tramitar. La respuesta, el miércoles próximo.

 

Los otros mediadores

Iñigo Urkullu ejerció de mediador entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. / EP

Llámese como se llame, mediador, relator o coordinador, y por mucho que se rasguen las vestiduras Pablo Casado y Albert Rivera, lo cierto es que este tipo de figuras suelen ser habituales en conflictos políticos como el que se vive en Cataluña. Sin ir más lejos, Mariano Rajoy se sirvió de personas que hicieron labores de este estilo para mantener algún puente con la Generalitat de Carles Puigdemont. El más conocido es el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ejerció una labor clave para acordar la convocatoria de elecciones a la que Puigdemont luego renunció. Al lehendakari le acompañaron en mayor o menor medida nombres como los del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, o el abad de Montserrat, Josep Maria Soler.

Pero antes de que todo descarrilara en octubre de 2017, otros antes se habían arremangado para trata de encontrar una solución. Por ejemplo, antes del 9-N, el otro referéndum por el que Artur Mas y otro dirigentes fueron inhabilitados por un delito de desobediencia, Pedro Arriola, sociólogo de cabecera del PP, Joan Rigol, expresidente del Parlament, y José Enrique Serrano, exjefe de Gabinete de Zapatero, evitaron mayores repercusiones en aquel entonces.