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 Nº 1280. 8 de febrero de 2019

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

Todos los nombres del proceso contra los líderes independentistas catalanes

Guía del juicio del ‘procés’

Con los ojos de gran parte de la comunidad internacional atentos a los acontecimientos, en unos días arranca una de las más controvertidas vistas judiciales desde el retorno de la democracia a nuestro país. Una sala del Tribunal Supremo, compuesta mayoritariamente por jueces conservadores –al igual que la mayoría de los fiscales que van a intervenir–, y con la acusación particular de un partido de la extrema derecha, va a juzgar a un exvicepresidente de la Generalitat, a varios exconsejeros y otros cargos relevantes y destacados miembros de la sociedad civil por gravísimos cargos que podrían suponer largas condenas de prisión.


El Tribunal Supremo afronta un juicio histórico para la democracia española con unas repercusiones políticas y sociales no vistas desde el 23-F.

Este 12 de febrero, si el tribunal no acepta el retraso solicitado por varias defensas, dará comienzo la vista oral de uno de los procesos judiciales más trascendentales de la historia de la democracia española en el que están encausados los principales líderes del independentismo catalán. Un controvertido juicio al ‘procés’-al que los independentistas catalanes han estado señalando como un ‘juicio político’ impulsado por una ‘justicia politizada’, y  que también consideran a los encarcelados en prisión preventiva como ‘presos políticos’-, que se desarrollará a lo largo de unos tres meses en la propia sede del Tribunal Supremo (TS), la instancia jurídica encarada de llevarlo a cabo.

12 líderes independentistas se sentarán en el banquillo –otros siete imputados se han ido de España- en sesiones que se desarrollarán de martes a jueves, desde las 10 hasta las 18 horas con un receso para comer. La sentencia podría dictarse entre principios de verano y el otoño, pero, al parecer, nunca antes de las elecciones del 26 de mayo.
No a todos se les juzga por los mismos delitos, ya que unos están imputados por rebelión, otros por sedición, o desobediencia o malversación de fondos públicos, aunque en ciertos casos, sobre determinados imputados pesa una combinación de acusaciones de delitos.

Existen cuatro hechos diferenciados en torno a los que ha girado la instrucción del proceso, y por los que, en unos u otros casos, los acusados se sientan en el banquillo.  En primer lugar, los Plenos del Parlament de Cataluña del 6 y 7 de septiembre de 2017 en los que se aprobaron las ‘leyes de desconexión’ para llevar a cabo el referéndum sobre la independencia. En segundo lugar, la manifestación que tuvo lugar alrededor de la Consellería de Economía, el 20 de septiembre. El tercer hecho lo constituye el desarrollo del propio referéndum en sí, el 1 de octubre y, por último, la Declaración de Independencia, efectuada el 27 de octubre de 2017.

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras es el principal encausado presente en el juicio. / EUROPA PRESS

Por todo ello se enfrentan a muy severas penas un vicepresidente del Govern –Oriol Junqueras–, ocho ex ‘consellers’ –Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó–; una expresidenta del Parlament –Carme Forcadell– y dos presidentes de entidades sociales catalanas –Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Omnium)–. 

Otras siete personalidades optaron por marcharse del país y evitar la prisión preventiva que les esperaba. Así, en diferentes momentos, elegían el ‘exilio’ el entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont; la que era consellera de Educación, Clara Ponsatí; el entonces conseller de Sanidad, Toni Comín; el conseller de Cultura, Lluís Puig; la consellera de Agricultura, Pesca y Ganadería, Meritxell Serret; la secretaria general de ERC,  Marta Rovira, y la que era presidenta del Grupo Parlamentario de la CUP, Anna Gabriel.

Tampoco estarán en la vista del Supremo aquéllos que están acusados únicamente de desobediencia, cuyo enjuiciamiento le corresponde ahora al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Se trata de los miembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya.

Mientras que la Fiscalía ha optado por mantener las acusaciones por rebelión –el delito más grave- en la mayoría de los casos, la Abogacía del Estado los ha desestimado, optando en este caso por el tipo de sedición y, por lo tanto, su petición de penas es menor. Muchos han interpretado esta postura como un ‘gesto’ del Gobierno presidido por Pedro Sánchez hacia las formaciones que le apoyaron en su exitosa moción de censura contra Mariano Rajoy.

Por su parte, el partido ultraderechista Vox se convierte en un actor principal del trascendental proceso, al erigirse como única acusación particular –se mantiene como tal tras una muy polémica decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo-. Por descontado, las peticiones de penas de sus abogados son las mayores solicitadas en el juicio.

El Tribunal ha estudiado los más de 1.800 folios de proposición de prueba de las defensas y los 300 de las acusaciones, entre Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox. Después de hacerlo, ha rechazado la petición de testimonio del rey Felipe VI, argumentando que lo prohíbe el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime al monarca de la obligación que todo ciudadano tiene de concurrir al llamamiento judicial “para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado”.

Los magistrados también han rechazado la declaración del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, dado que los hechos por los que Vox le quiere preguntar son anteriores a la consulta de 2014. Igualmente han sido rechazados los testimonios del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros procesados huidos.

Observadores y televisión

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, también se enfrenta a severas
penas de prisión. / EP

Los abogados de Oriol Junqueras y Raül Romeva habían solicitado la comparecencia de un relator de la ONU y de un experto independiente que explicaran al tribunal “el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación”, pero la petición no era aceptada. E igualmente sucedía con las propuestas de testimonios de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios Nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston.
Tampoco se ha aceptado la presencia de observadores nacionales e internacionales en el juicio, que los abogados pedían para “garantizar el respeto a los derechos humanos de los procesados”. El TS considera que ese “sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional” ya está plenamente garantizado con la retransmisión en directo del juicio –por radio y televisión-, a la que cualquier ciudadano, en calidad de “observador”, podrá tener acceso.

 

Desfile de testigos


El presidente Rajoy será uno de los testigos en la vista. / EP

Durante los tres meses que se calcula que dure la vista oral desfilarán por el estrado del Tribunal más de medio millar de testigos, entre los propuestos por las acusaciones y por las defensas. Algunos de ellos, relevantes figuras políticas públicas, tanto en la actualidad, como en el pasado.

Así, entre los más destacados, aportarán su testimonio el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; la alcladesa de Barcelona, Ada Colau; el lehendakari, Iñigo Urkullu; el expresident de la Generalitat Artur Mas; el diputado en el Congreso de ERC Gabriel Rufián; los exconsellers que abandonaron el Govern, Meritxell Ruiz, Jordi Jané y Jordi Baiget; el president del Parlement, Roger Torrent; el exalcalde de Barcelona Xavier Trías; los dirigentes de la CUP Mireia Boya y David Fernández; el líder de CCOO en Barcelona, Javier Pacheco; el de UGT, Camil Ros; los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Ernest Benach; el jefe de la Policía Nacional en Cataluña, Sebastián Trapote; el responsable máximo de la Guardia Civil en esta comunidad, Ángel Gozalo; y el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, entre otros muchos.

Pero también resultarán relevantes las declaraciones de otra gran cantidad de testigos menos conocidos por la opinión pública. Funcionarios de diverso nivel, policías, mossos, diputados ‘rasos’.

Por ejemplo, las acusaciones esperan impacientes el interrogatorio a Antoni Bayona,  el que era en el momento de los hechos letrado mayor del Parlament, y que se opuso al entramado legal que sirvió de soporte al ‘procés’. Con él pretenden probar la desobediencia continuada de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament.

Ángel Gonzalo Marín, el general jefe de la VII Zona de la Guardia Civil en el momento de los hechos estuvo presente en las reuniones clave del referéndum ilegal del 1 de octubre. Su acceso a información de primera mano lo convierte en una de las bazas de la lista de testigos de la Fiscalía, al igual que el comisario Sebastián Trapote, jefe superior de Policía de Cataluña.

Un mosso d’Esquadra será el único testigo protegido citado por las acusaciones por su declaración sobre el papel de varios mandos de los Mossos de Lérida en el referéndum.

El diputado del PSC, David Pérez, comparecerá para aclarar las reuniones de la Mesa del Parlament que presidió Forcadell. Junto al parlamentario de Ciudadanos José María Espejo, que también ha sido citado, la Fiscalía pretende que ambos cuenten al tribunal sus desencuentros con la presidenta en aquellos momentos.

Incluso serán llamados como testigos algunas personas que también tienen la condición de investigados (procesados). Será el caso del diputado autonómico por ERC Josep María Jové. El que fuera secretario general de Economía en el Govern de Puigdemont, hasta el 1 de octubre de 2017, ha sido llamado por la acusación popular de Vox para aclarar las reuniones y hoja de ruta preparatoria del ‘procés’.

Las defensas también han conseguido que el Tribunal admita a parte de sus testigos solicitados. En esta condición prestará testimonio la eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes, que se ha mostrado partidaria del diálogo y de liberar a los “presos políticos”. La defensa de Junqueras y Romeva quiere que relate, “por ser de su conocimiento personal”, el alcance y contenido de la acción exterior desarrollada por los acusados y el mensaje transmitido en sus conferencias y ruedas de prensa ante organismo internacionales.

También prestará declaración la Intendente de los mossos, Teresa Laplana. A petición de la defensa de los ‘Jordis’. Estuvo presente el 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía, donde 40.000 personas se concentraron para protestar por la operación judicial contra los organizadores del referéndum. Los abogados de Jordi Sànchez y de Jordi Cuixart intentarán que deje claro el papel conciliador de ambos en aquella movilización ciudadana. 

La mayoría de los testigos han sido solicitados por la Fiscalía -un total de 256-, con la intención de sostener su acusación por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia, por los que pide penas a los 12 procesados de 177 años de prisión y 204 de inhabilitación, en conjunto.

La Abogacía del Estado también citaba a un considerable número de testigos para intentar probar los delitos de sedición por los que solicita unas penas conjuntas que suman 117 años de prisión. Por su parte, a la acusación popular de Vox le han autorizado 57 testigos, mientras que los nombres que presentan las defensas para lograr su absolución se circunscriben, sobre todo, a los hechos concretos atribuidos a cada uno de los procesados. 

Los acusados

La Fiscalía pide para Turull 16 años de prisión. / EP

En prisión provisional

Oriol Junqueras (ERC). El exvicepresidente del Govern y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se encuentra encarcelado, acusado de rebelión y malversación. La Fiscalía solicita 25 años de prisión; la Abogacía del Estado, 12 años.

Jordi Turull (PDeCAT). El exportavoz y ex ‘conseller’ de Presidencia está en prisión, acusado de rebelión y malversación. La Fiscalía solicita 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.

Raül Romeva (Independiente en Junts pel Sí). El exconseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales de la Generalitat permanece en la cárcel, acusado de Rebelión y malversación. La Fiscalía pide 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.

Joaquim Forn (PDeCAT). El exconseller de Interior está encarcelado bajo la acusación de rebelión y malversación. La Fiscalía solicita 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.

Dolors Bassa (ERC).
La exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales permanece encarcelada bajo las acusaciones de rebelión y malversación. La Fiscalía pide 16 años de prisión; la Abogacía reduce la petición a 11 años.

El cerco en la Conselleria de Economía podría salerle muy caro a Jordi Sánchez. / EP

Josep Rull (PDeCAT). El exconseller de Territorio y Sostenibilidad está en prisión preventiva –como todos los demás imputados en esta causa-, acusado de Rebelión y malversación. La Fiscalía solicita 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.

Carme Forcadell (ANC). La expresidenta del Parlament permanece encarcelada por las acusaciones de rebelión. La Fiscalía solicita 17 años de prisión; la Abogacía reduce la petición a 10 años.

Jordi Sànchez. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) era enviado a prisión por la juez Lamela el pasado 16 de octubre de 2017, acusado de sedición por participar en el cerco a la comitiva judicial que registró la sede de la Consejería de Economía antes del 1-O. En las elecciones catalanas del 21-D concurrió en las listas de la coalición independentista y fue propuesto como president en sustitución de Puigdemont, aunque acabó renunciando. Permanece en la cárcel acusado de sedición y rebelión. La Fiscalía pide 17 años de prisión y la Abogacía del Estado 8 años.

Jordi Cuixart. Al presidente de Òmnium Cultural le sucedía lo mismo que al otro ‘Jordi’. La Fiscalía pide 17 años de prisión y la Abogacía del Estado 8 años.


En libertad

Santi Vila (PDeCAT). El exconseller de Empresa y Conocimiento está acusado de malversación de caudales públicos y desobediencia. La Fiscalía solicita 7 años de prisión, los mismos que la Abogacía del Estado. Se encuentra en libertad bajo fianza.

Meritxel Borràs (PDeCAT). La exconsellera de Gobernación está acusada de Malversación de caudales públicos y desobediencia. La Fiscalía solicita 7 años de prisión, los mismos que la Abogacía del Estado. En libertad bajo fianza.

Carles Mundó (ERC). El exconseller de Justicia está acusado de malversación de caudales públicos y desobediencia. La Fiscalía pide 7 años de prisión, los mismos que la Abogacía del Estado. Está en libertad bajo fianza.

Lluís Corominas (PDeCAT). El presidente del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí en el Parlament está acusado de desobediencia. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 10 meses. En libertad bajo fianza. Será juzgado por el TSJC.

Lluís Guinó (PDeCAT). El vicepresidente primero de la Mesa del Parlament desde el 25 de julio de 2017 está  acusado de Desobediencia. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 10 meses. En libertad bajo fianza. Será juzgado por el TSJC.

Anna Simó (ERC). La secretaria primera de la Mesa del Parlament está acusada de Desobediencia. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 10 meses. En libertad bajo fianza. Será juzgada por el TSJC.

Ramona Barrufet (PDeCAT). Sobre la secretaria cuarta de la Mesa del Parlament pesa la acusación de un delito de desobediencia. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 10 meses. En libertad bajo fianza. Será juzgada por el TSJC.

Joan Josep Nuet i Pujals (Catlunya sí que es Pot). El secretario tercero de la Mesa del Parlament es miembro del Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que es Pot y es el único imputado que pertenece a la marca de Podemos en Cataluña. Es militante histórico del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Está acusado de desobediencia, La Fiscalía solicita un año y cuatro meses de inhabilitación y una multa de 10 meses; la Abogacía del Estado reduce la pena a 4 meses de inhabilitación y 8 de multa. No se ordenó su ingreso en prisión.

El ex ‘major’ de los Mosssos comparece como testigo. Su vía crucis se dilucida en la Audiencia Nacional. / EP

Josep Lluís Trapero. El exmayor de los Mossos d’Esquadra está imputado por rebelión, La Fiscalía solicita 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación por rebelión. No se ha ordenado su ingreso en prisión y también deberá comparecer como testigo.

Teresa Laplana. La Intendente de los Mossos d’Esquadra está acusada de sedición. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le ha impuesto medidas cautelares, Se le ha retirado el pasaporte, no puede salir de España y debe comparecer cada 15 días en el juzgado. La Fiscalía pide para ella cuatro años de cárcel. También comparecerá como testigo.

Mireia Boya.
La exportavoz de la CUP está acusada de desobediencia, La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 10 meses; la Abogacía del Estado reduce la pena a 4 meses de inhabilitación y 8 de multa. No se ha solicitado su ingreso en prisión. Será juzgada por el TSJC.

Cesar Puig. El exsecretario general de la Consellería de Interior está acusado de rebelión, La Fiscalía solicita 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación. Se encuentra en libertad.

Pere Soler. El exdirector de los Mossos d’Esquadra también está acusado de rebelión, La Fiscalía solicita 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación. Está en libertad.


Carles Puigdemont seguirá las sesiones desde Waterloo, ya que está fugado
de la Justicia. / EP


En el extranjero

Carles Puigdemont (PDeCAT).  El expresident catalán permanece huido desde el 29 de octubre de 2017. El juez Llarena optó por retirar la orden internacional de detención dictada contra él tras la decisión de la justicia alemana de entregarlo sólo por el delito de malversación, y no por el de rebelión ni el de sedición.

Clara Ponsatí (ANC). La exconsellera de Educación permanece huida desde finales de octubre de 2017. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó una orden de detención internacional contra ella por permanecer en Bruselas y desoír la citación judicial para declarar como imputada por rebelión, y malversación de fondos. Posteriormente, Ponsatí se trasladó a Reino Unido, donde un tribunal escocés dictó el pasado julio su puesta en libertad sin condiciones después de que la Justicia española retirara la euroorden contra ella y el resto de huidos.

Antoni Comín (EX PSC, ahora en ERC).
El exconseller de Sanidad permanece huido desde finales de octubre de 2017. La juez Lamela dictó una orden de detención internacional contra él por permanecer en Bruselas (Bélgica) y desoír la citación judicial para declarar como imputado por rebelión, sedición y malversación de fondos. El juez Llarena, que le acusó de los delitos de rebelión y malversación, retiró la orden europea de detención dictada contra él.

Lluís Puig i Gordi (PDeCAT). El exconseller de Cultura permanece huido desde finales de octubre de 2017. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó una orden de detención internacional contra él por permanecer en Bruselas y desoír la citación judicial para declarar como imputado por rebelión, sedición y malversación de fondos. El juez Llarena, que le acusó de los delitos de desobediencia y malversación, retiró la orden europea de detención dictada contra él.

Meritxell Serret (ANC).
La exconsellera de Agricultura, Pesca y Ganadería se marchó al exilio a finales de octubre de 2017. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó una orden de detención internacional contra ella por permanecer en Bruselas y desoír la citación judicial para declarar como imputada por rebelión, sedición y malversación de fondos. El juez Llarena, que la acusó de los delitos de desobediencia y malversación, retiró la orden europea de detención dictada contra ella.

Marta Rovira (PDeCAT).
La portavoz del Grupo Parlamentario Junts pel Sí tiene imputado un delito de rebelión tras las elecciones del 21-D. El 23 de marzo, Rovira fue procesada por rebelión por Llarena y huyó del país para viajar a Suiza tras no declarar ante el Supremo. En un comunicado, la política afirmó que se marchaba "camino al exilio". Llarena expidió una euroorden contra ella.

Anna Gabriel (CUP). La presidenta del Grupo Parlamentario de la CUP recibió la imputación de un delito de rebelión el 22 de diciembre de 2017. El pasado 20 de febrero, Gabriel comunicó su decisión de no comparecer ante el juez instructor, Pablo Llarena hasta “no tener garantías de la celebración de un proceso justo”, después de huir a Suiza. Un día después, el magistrado solicitó una orden de detención contra la exdiputada. El 23 de marzo, el juez Llarena la procesó por el delito de desobediencia. El 12 de mayo, el juez dictó una providencia para formar una pieza separada respecto de los siete investigados que se encuentran fuera de España.


Los jueces del Supremo

Marchena se enfrenta al caso de su vida, entre dudas sobre su imparcialidad para juzgar el ‘procés’. / EP

Manuel Marchena. Presidente de la Sala Segunda del Supremo desde octubre de 2014, y también presidirá este Tribunal. Marchena es fiscal de carrera. Su primer destino fue en la Audiencia Territorial de Las Palmas, desde donde pasó por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En 2003 fue nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica y un año después se incorporó como fiscal al Tribunal Supremo, órgano del que fue nombrado magistrado en 2007. Considerado próximo al PP, renunció a presidir el Poder Judicial tras ser señalado en una comunicación interna de la formación conservadora como una garantía de control de la sala encargada de enjuiciar el ‘procés’.

Andrés Martínez Arrieta. Ingresó en la Carrera Judicial en 1979 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia. En 1980 fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial en representación de los jueces de primera instancia e instrucción. Desempeñó el cargo hasta 1983, cuando ascendió a magistrado. Tras regresar al servicio activo, uno de los casos que instruyó fue el de la desaparición de Santiago Corella, ‘el Nani’. En 1986 se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Madrid. Dos años después fue designado magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y, en noviembre de 1998, se convirtió en el magistrado más joven en acceder a este tribunal al ser nombrado magistrado de la Sala Segunda a los 43 años. Pertenece a la Asociación Francisco Vitoria.

Juan Ramón Berdugo. Juez desde 1980, ascendió a magistrado en 1983. Ejerció en juzgados de instrucción de Vitoria y Ciudad Real y en 1984 fue nombrado titular de Primera Instancia e Instrucción del juzgado número 4 de Córdoba. Desde 1988 ejerció como magistrado de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba y en 2004 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Pertenece a la muy conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Luciano Varela. Ingresó en la carrera judicial por el acceso de turno libre en 1976 y ha ejercido en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lena (1976 a 1981), en la Audiencia Provincial de Álava (1981 a 1982), en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Avilés (1982 a 1984), en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pontevedra (1984 a 1989) y en la Sección número 2 de la Audiencia Provincial de Pontevedra (1989 a 2007). Desde 2007 es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Progresista en sus orígenes –fue fundador de Jueces para la Democracia-, sin embargo, en los últimos años experimentó un giro conservador. Juez instructor del caso de prevaricación contra Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo.

Antonio del Moral. Fiscal por oposición desde 1983, desempeñó estas funciones en el Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo, entre otros destinos. En 2012 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia. Profesor del Instituto de Empresa entre 1985 y 2012, ha sido también profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid. Vinculado al Opus Dei.

Ana Ferrer. La primera mujer que en 2014 ocupó plaza de magistrada en la Sala Segunda del Supremo es juez desde 1984. Entre 1989 y 1996 fue la instructora del ‘caso Roldán’ en un juzgado madrileño. En 1996 fue nombrada magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano que presidió desde 2008 hasta su ingreso en el Tribunal Supremo. Es también la única mujer en la composición del Tribunal. Pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia.

Andrés Palomo. Miembro de la Sala Segunda desde febrero de 2014, ingresó en la carrera judicial en 1981. En 1998 fue elegido presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, puesto en el que permaneció hasta su nombramiento en el alto tribunal. Recibió los apoyos de los conservadores para su nombramiento.


Madrigal, fiscal general del Estado con el PP, no fue renovada y está ahora implicada
en el juicio del ‘procés’. / EP


Las tres acusaciones


Fiscalía


Consuelo Madrigal. En 1980 ingresa en la Carrera Fiscal con el número 3 de su promoción. Ha estado destinada en las fiscalías de Santa Cruz de Tenerife, Palencia y Madrid, así como en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado. En febrero de 2008 fue promovida a Fiscal de Sala y nombrada Fiscal de Sala Coordinadora de Menores. A propuesta del Gobierno del PP, ejerció como fiscal general del Estado entre enero de 2015 y noviembre de 2016, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el puesto.

Javier Zaragoza. Miembro de la carrera fiscal desde 1982, ejerció como fiscal de la Audiencia Provincial de San Sebastián y teniente fiscal de la Fiscalía Antidroga. En 2005 fue nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía Antidroga, donde participó en importantes operaciones contra el narcotráfico, como la operación Nécora, junto al juez Baltasar Garzón. Posteriormente en 2006 fue nombrado jefe de la fiscalía de la Audiencia Nacional por el entonces fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. Es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y ha sido vocal del Consejo Fiscal.

Fidel Cadena. Fue fiscal en Zaragoza desde 1990 hasta 2007, año en el que accedió por votación al Tribunal Supremo. En 2015 fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Miembro de la muy conservadora Asociación de Fiscales.

Jaime Moreno. Ingresó en la carrera judicial por el acceso de turno libre en 1976 y ha ejercido en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lena (1976 a 1981), en la Audiencia Provincial de Álava (1981 a 1982), en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Avilés (1982 a 1984), en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Pontevedra (1984 a 1989) y en la Sección número 2 de la Audiencia Provincial de Pontevedra (1989 a 2007). De tendencia conservadora, fue nombrado en 2014 fiscal jefe de la Secretaría Técnica, por el entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.


Abogacía del Estado


Rosa María Seoane. Era nombrada por el actual Gobierno tras la destitución de Edmundo Bal por sus diferencias en la causa judicial del procés. Hasta este nombramiento ejercía como responsable del área penal de los servicios jurídicos del Estado. Fue secretaria general del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Acusación particular

El secretario general de Vox, Ortega Smith, lleva también la acusación popular en el proceso. / EP


Javier Ortega Smith. El abogado Javier Ortega Smith es también secretario general y una de las caras más conocidas de la formación de extrema derecha,Vox. Ha dirigido la acusación particular desde el comienzo del proceso judicial contra los líderes independentistas. Su presencia como acusación particular ha sido muy cuestionada desde diversas instancias jurídicas.

Pedro Fernández. El vicesecretario jurídico de Vox es la otra cara visible de la formación ultraderechista en el proceso contra los líderes independentistas catalanes. En 2016 fue detenido en Gibraltar al tratar de asistir a un líder de su partido que colocó una bandera de España en territorio del Peñón.

 

 

 

 

 

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