Tema de Portada de El Nuevo Lunes Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1289. 12  de abril   de 2019

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Tema de Portada de El Nuevo Lunes / Ana Sánchez Arjona

Se acelera hasta el 27% en los últimos cuatro años, sobre todo en las CC AA, y pisa los talones al de la empresa privada, que se coloca en el 28,3%

El empleo precario en el sector público toca máximos

Estamos ante una escalada sin precedentes de la temporalidad, fruto de la resaca que provocó la crisis económica y los ajustes impuestos a las administraciones públicas. Se trata de un escenario que se aleja del compromiso pactado entre el Gobierno y los sindicatos por el que debería reducirse la precariedad en el sector al 8% en 2020. Es más, la tendencia se ha disparado desde 2015 tras la decisión de las Comunidades de revertir los recortes con contrataciones de interinos que alcanzan niveles de hasta el 41% en los servicios de salud y de enseñanza.

Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública.

En el último tramo de 2012, cuando se incrementó la tendencia hacia la temporalidad en en todas las Administraciones públicas, los contratos eventuales pasaron de 590.000 a 842.000

Uno de cada cuatro empleados públicos es temporal. El 26,3% del total, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa a pesar de que el Gobierno PP llegó en 2017 y 2018 a un acuerdo con los sindicatos para disminuir la tasa de temporalidad hasta el 8%.

Sin emabargo, ha ocurrido todo lo contrario porque en vez de acercarse al objetivo, con la referencia del año 2020, las Administraciones Públicas están dando pasos atrás.

Estamos ante una larga resaca que han provocado las turbulencias económicas y los ajustes que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para combatir la crisis. Y en este escenario, la temporalidad ha crecido muy deprisa en el sector público y está a punto de compartir el primer puesto del ranking con la de la empresa privada, que es del 28,3%, según los datos de la EPA respecto al año 2018.

Fue a finales de 2012, cuando se inició esta tendencia. En el último trimestre de ese año, el número de empleados públicos creció en algo más de 198.000 y paso de los 3,02 a 3,21 millones, al mismo tiempo que los temporales lo hicieron en 250.000 y pasaron de los 590.000 a 842.000, mientras se quedaban por el camino de 70.000 empleos fijos.

Esta deriva se ha disparado desde 2015, cuando, y tras el cambio de legislatura, parte de los nuevos gobiernos autonómicos se pusieron en marcha para revertir los recortes con el objetivo de resucitar los servicios públicos, especialmente penalizados en Enseñanza y Sanidad. De tal manera que, cuatro de cada cinco empleos de los casi 250.000 que las administraciones públicas recuperaron en ese periodo, fueron eventuales, categoría laboral que actualmente se mantiene.

Porcentaje de reposición

Aseguran los expertos que la situación de precariedad en la  Administración tiene mucho que ver con los límites al porcentaje de reposición impuesto hace ahora siete años, límite a pesar del cual las comunidades debían de seguir prestando los servicios básicos a los ciudadanos. “Y cumplían contratando interinos y eventuales que encadenaban contrato tras contrato en plazas consideradas como necesarias y que, por lo tanto, deberían de haber salido a concurso”, señalan fuentes sindicales. 

La situación ha empeorado desde entonces. Así lo reflejan los datos de la EPA que ponen de manfiesto que por las administraciones públicas pasaron a finales del año pasado 23.100 trabajadores eventuales con contratos de menos de un mes, otros 198.400 con contratos de menos de un año y 124.000 de entre uno y dos años, mientras solo 103.500 superaban ese periodo de tiempo.

En concreto, el fenómeno de la temporalidad en los empleados públicos crece hasta el nada despreciable porcentaje que oscila entre el 34% y el 41% en los servicios de salud de las autonomías. En Canarias sube todavía más para situarse en el 61% lo que la coloca a la cabeza de los desequilibrios. 

Así que no es ni mucho menos descabellado decir que se están batiendo récords de precariedad, circunstancia que se justifica en cierta medida por los retrasos que se han producido en la convocatoria de ofertas de empleo público. “Unos restrasos provocados por la falta de voluntad política y la prácticamente inexistente coordinación entre administraciones”.

Y precisamente por tipo de Administración, según el análisis de CC OO de la última EPA, las entidades con mayor tasa de temporalidad son las corporaciones locales, con un 31,7% de empleados con contratos eventuales. Le sigue la administración autonómica (29,3%), las empresas públicas e instituciones financieras (22,5%) y a mucha distancia la Administración General del Estado (10,7%).

El objetivo que se deberían marcar los distintos gobiernos que salgan de las urnas tanto el 28 de abril como el 26 de mayo sería el de estabilizar el empleo y cubrir esos puestos de manera permanente “sobre todo en el sistema sanitario autonómico que acapara cerca de 110.000 temporales cuando el límite razonable es que solo uno o incluso ninguno sea eventual”.

Y es que, las comunidades autónomas representan a más de la mitad del empleo público con 1,7 millones de asalariados, de un  total de 3,20 que trabajan en los servicios transferidos por el Estado. Además concentran también el grueso de la contratación en los últimos cuatro años, con 237.700 funcionarios, interinos y laborales de un total de 284.500, es decir, el 85%.

Los representantes de la función pública llaman no obstante la atención sobre la circunstancia de que la partida de Personal en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé una reducción de los recursos. Y no solo eso, porque el número de plazas que se han perdido ha sido muy elevado por lo que serán difíciles de recuperar sobre todo en la atención a la dependencia, sectores feminizados y en un alto porcentaje privatizados, y a los que, a la temporalidad se une una elevada parcialidad. “Se trata de servicios que suelen conllevar jornadas partidas, con tramos de dos o tres horas por la mañana y dos por la tarde normalmente”.

“Son muchos años compartiendo mesa con la excepcionalidad en el desarrollo de los recursos humanos de la función pública lo que ha provocado que esa circunstancia se haya convertido en norma”, aseguran los sindicatos para los que las ofertas  de empleo público deben ser permantes para evitar "cuellos de botella" tras los años transcurridos sin convocar oposiciones.

Sector envejecido

La Adminsitración pública es un sector cada vez más envejecido. El 43,4% de los trabajadores tienen más de 50 años mientras que los más jóvenes representan tan solo el 5,8%. Y también es un sector feminizado, ocupado en un 56% por mujeres, sobre todo en la Seguridad Social (60,7%) y la administración autonómica (67,5%). A su vez ellas son las que sufren más la temporalidad, diez puntos porcentuales más, en concreto. Por administraciones, la mayoría (el 51,9%) trabaja en las comunidades autónomas, seguido de la administración local (22,17%), el Estado (19,8%) y las universidades (6%).

 

Tribunal de Justicia Europeo.

Pendientes del Tribunal de la UE

Los empleados públicos con una larga experiencia en contratos temporales sabrán seguramente antes de que acabe 2019, si la justicia europea les reconoce su derecho a ser fijos, con lo que se penalizaría a las administraciones públicas españolas por abusar de este tipo de modalidad laboral para cubrir servicios estables y estructurales.
Aseguran los expertos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se basará en la circunstancia de que una temporalidad reiterada en el tiempo en las plantillas de las administraciones públicas “contravienen la Directiva comunitaria 1999/70 sobre trabajo de duración determinada”.

En ella se contempla la prohibición a los empleadores, tanto públicos como privados, del abuso en la temporalidad sucesiva. Es más, indica que las legislaciones estatales deben sancionar a los empleadores que cometan ese abuso. Además precisa que la sanción en la ley no puede ser el despido del trabajador sino que debe ser o bien la transformación en fijo del empleado eventual o el pago de una indemnización “proporcional, eficaz y disuasoria”.

También hay otras referencias legales que señalan a la conversión en fijos de estos trabajadores. Por ejemplo el TJUE de 2006 emitió una sentencia que ha servido de patrón a pronunciamientos que han llegado más tarde y que señala que en ausencia de sanción al empleador por abuso de temporalidad en la legislación nacional, “el castigo determina la fijeza del trabajador”.

Hay que recordar también el 31 de mayo de 2018, el Parlamento europeo aprobó una resolución en la que se pone de relieve que el paso de un contrato de duración determinada en un contrato indefinido supone una medida para prevenir y sancionar con la mayor efectividad el abuso de los contratos de duración determinada, en el sector público y en el privado, y tiene que ser clara e incluida sistemáticamente por todos los Estados miembros de la UE en sus respectivas normas laborales.

El Parlamento explica además a que esta transformación en fijo del empleado público contempla también la posibilidad de que el trabajador afectado “obtenga la reparación de los perjuicios sufridos en el pasado”. Es más, si un Estado miembro opte por penalizar el abuso de la temporalidad con una indemnización al afectado por este abuso, esta indemnización será adecuada y eficaz para compensar los daños sufridos”. Se trata de una resolución que sin embargo no es vinculante para los 27.

Hay que recordar que  el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se contempla que los puestos cubiertos por interinos que ocupan plazas para las que no hay funcionarios de carrera, dichas plazas “tienen que incluirse en la oferta de empleo que corresponde al ejercicio en que se ha producido su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se resuelva su amortización”.

 

 

 

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