La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1289. 12  de abril   de 2019

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La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo

Carta abierta a una magistrada ponente

Nos ha merecido especial atención la reciente sentencia de 20 de marzo de la Audiencia Provincial de Madrid de la que ha sido ponente Doña Amalia de la Santísima Trinidad, por su tesis de que la función social de la propiedad, a la que entre otros argumentos nos referíamos en nuestra contestación a la demanda, no permite amparar a los inquilinos de una vivienda de protección pública

Como ya el amable lector habrá tenido conocimiento por los medios de comunicación, un diverso y ‘selecto’ número de fondos especulativos, también llamados ‘fondos buitre’, están obteniendo pingües ganancias merced a las operaciones de venta a ellos de viviendas sociales protegidas por parte de Administraciones Públicas gobernadas por el Partido Popular. Y me refiero en concreto a la venta de varios miles de viviendas por parte del Ivima (Comunidad de Madrid)  y otras tantas por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda (Ayuntamiento de Madrid) a sendos fondos de los citados (Lazora y Fidere).

Por azares del destino, han acudido al despacho de quien esto escribe, numerosos modestos inquilinos a los que los citados nuevos caseros les han presentado demandas de desahucio por expiración del plazo de sus contratos, ofreciéndoles como única alternativa la firma de unos nuevos con escandalosos incrementos de renta (en torno al 40% de las que venían pagando). Y debe decirse, incidentalmente, que son inquilinos que venían pagando puntualmente sus rentas y que, por tanto, sus pretendidos desahucios no se debían a falta de pago de las mismas.

Pues bien, llevaremos cerca del centenar de procesos judiciales con diversos resultados, pues unos jueces estiman las demandas del fondo buitre de turno y otros las desestiman, con lo que supone ello de inseguridad jurídica, pues se ha dado el caso de que según el Juzgado al que corresponde el conocimiento de la demanda de desahucio, y tratándose de un mismo inmueble, a veces se declara que procede el desahucio y a veces, no.

Cualquier ciudadano pensaría con toda lógica, que en la segunda instancia, en la Audiencia Provincial, se unificaría el dispar criterio de los Jueces de Primera Instancia, pero no es así tampoco, pues según la Sección de la Audiencia que por turno corresponde también nos ofrecen resoluciones contradictorias entre ellas. Y éste es el caso al que en concreto me quiero referir, de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid, y nos ha merecido especial atención su reciente sentencia de 20 de marzo, de la que ha sido ponente Doña Amalia de la Santísima Trinidad, no ya porque haya confirmado el desahucio de un modesto vecino de una vivienda social de 36 m2 (¡!), sino por su tesis de que la función social de la propiedad, a la que entre otros argumentos nos referíamos en nuestra contestación a la demanda, no permite amparar a los inquilinos de una vivienda de protección pública. Y se nos dice también, que las consideraciones que efectuábamos en nuestro recurso sobre que “los tiempos están cambiando”, como decía la famosa canción de Bob Dylan, “son cuestiones al margen de las que son objeto del recurso”, ignorando palmariamente que nuestra Carta Magna civil (el Código Civil) dispone en su art. 3.1 que “las normas deben interpretarse conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”.

Y se ignora también lo dicho por nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 37/1987 que señaló que, sin perjuicio de reconocer el derecho de propiedad, ésta supone un conjunto de deberes y obligaciones “en atención a los valores o intereses de la colectividad”, es decir, a la finalidad o utilidad social que “los bienes objeto de dominio están llamados a cumplir”,y que por ello el derecho de propiedad no queda afectado si se restringen“las facultades de decisión del propietario con relación al uso de sus bienes”;y es que la función social de la propiedad (art. 33 de la Constitución Española) exige que junto al puro (y especulativo en estos casos) interés dominical del titular, se tenga también en cuenta el interés de las partes débiles de los contratos, como sucedía en el caso que expongo.
        
En definitiva, resulta altamente penoso que toda una Sala de un Tribunal de Apelación se remita a que los servicios sociales pueden facilitar una “alternativa habitacional”, pues es una forma de eludir el compromiso socio-jurídico que tienen los Tribunales de Justicia para la tutela de los derechos de las clases desfavorecidas.

 

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Colaboradores

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José García
Abad

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Miguel Ángel
Aguilar
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Inmaculada
Sánchez
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Cristina
Narbona

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Belén
Hoyo

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Idoia
Villanueva

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Sergio
del Campo

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Carles
Campuzano

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Cristina
Antoñanzas
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Elena
Blasco
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Miguel Ángel
Paniagua

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Bruno
Estrada

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José Antonio
Pérez Tapias

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José Luis
Centella

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Joan
Navarro
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José M. Benítez
de Lugo
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Carlos
Berzosa

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Graciano
Palomo

,

Julio Rodríguez
López

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Mauro
Armiño

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Pere
Navarro

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Julius
G. Castle

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Carmen
Calvo
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Joan
Tardà

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Ignacio
Aguado

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Julio Rodríguez
Fernández
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Pablo
Bustinduy

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Jesús
Lizcano

   

 

Firma

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

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