Tribuna / Bruno Estrada Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1289. 12  de abril   de 2019

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Tribuna / Bruno Estrada

Crimen de Estado

FERNANDO MORENO

Todo valía para impedir que un acuerdo entre Podemos y el PSOE desalojara del poder al Gobierno de Mariano Rajoy, que había amparado los casos de corrupción más graves que han ocurrido en nuestra joven democracia

El pavor de las élites económicas de España ante la posibilidad de que Podemos llegara al Gobierno se fue acumulando durante 2015 y desaguó en las cloacas del Ministerio del Interior en la primavera de 2016. Pero no nos engañemos, no es sólo un problema de mal olor, de hedor nauseabundo, es algo mucho más grave. Es un presunto crimen de Estado.

Si lo que dicen los medios de comunicación es cierto, se intentaron crear pruebas falsas para incriminar a Pablo Iglesias, y a Podemos, en una inexistente financiación ilegal. Y para ello se utilizaron recursos públicos, se implicaron policías y altos funcionarios públicos nombrados por el Partido Popular. Todo valía para impedir que un acuerdo entre Podemos y el PSOE desalojara del poder al Gobierno del Partido Popular, que había amparado los casos de corrupción más graves que han ocurrido en nuestra joven democracia.

La grabación de la reunión que tuvo lugar hace tres años en el Consulado de España en Nueva York con el exministro venezolano Rafael Isea implica directamente a Rajoy, ya que uno de los policías que participaron en ella ha dicho: "Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente [del Gobierno] español”. También estaban el jefe de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la máxima responsable del Consulado, es decir, tuvo un carácter oficial.

¿Es posible que los policías, presuntamente enviados por el ministro del PP, llegaran a ofrecer dinero público a ese exministro que fue acusado por presunta corrupción en su país y terminó como informador de la DEA?  ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Quién las autorizó? ¿Quién tuvo conocimiento de ellas? ¿Por qué alguno de los presuntos implicados siguen en el Ministerio del Interior como cargos de confianza, a pesar de los desmentidos del ministro Marlaska? Hay medios de comunicación que mencionan al exministro del Interior, Jorge Fernández, a la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, e incluso el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

¿Quién robó un pendrive con información personal sobre Pablo Iglesias, que el exdirector de Interviu, hasta hace unos días director de Información Nacional de La Moncloa nombrado por el actual Gobierno, y ahora imputado,  entregó a Villarejo?

¿Cómo es posible que hace menos de seis meses se ‘hackearan’ los sistemas de videovigilancia del Ministerio del Interior en la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero?

Demasiadas preguntas sin respuesta. Todo esto empieza a parecerse demasiado a una apropiación de las estructuras del Estado para robar, para imputar delitos inexistentes a personas inocentes, para intentar llevar ilegalmente a la cárcel a políticos cuyo único delito es opinar de forma diferente al poder, para alterar la voluntad popular. Todo esto empieza a oler demasiado a franquismo.

En la primavera de 2016 estuvimos muy cerca de retroceder cuarenta años de golpe, de que las estructuras de convivencia construidas en nuestro país saltaran por los aires. Tal vez lo peor de todo esto es que quien, presuntamente, organizó esta trama es la “derechita cobarde” a la que se refiere despectivamente el partido ultraderechista Vox. Da pavor imaginar que el Ministerio del Interior caiga en manos de algún ínclito representante de ese partido franquista. O que la organización de unas elecciones generales dependa de los responsables de Ciudadanos que, presuntamente, han propiciado un fraude en sus elecciones internas.

Estos son “los constitucionalistas” que nunca votaron a favor de la Constitución que trajo la democracia a España.
Parece todo demasiado terrible para ser verdad, pero lo verdaderamente terrible es que es verdad. Para que podamos seguir confiando en la democracia todos aquellos que, presuntamente, han cometido un crimen de Estado deben pagar por ello. Y, para que ello sea posible, el 28 de abril hay que ir a votar con ilusión, sin miedo, sin resignación, como hicieron millones de españoles en 1977.

 

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Colaboradores

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José García
Abad

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Miguel Ángel
Aguilar
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Inmaculada
Sánchez
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Cristina
Narbona

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Belén
Hoyo

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Idoia
Villanueva

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Sergio
del Campo

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Carles
Campuzano

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Cristina
Antoñanzas
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Elena
Blasco
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Miguel Ángel
Paniagua

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Bruno
Estrada

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José Antonio
Pérez Tapias

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José Luis
Centella

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Joan
Navarro
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José M. Benítez
de Lugo
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Carlos
Berzosa

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Graciano
Palomo

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Julio Rodríguez
López

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Mauro
Armiño

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Pere
Navarro

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Julius
G. Castle

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Carmen
Calvo
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Joan
Tardà

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Ignacio
Aguado

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Julio Rodríguez
Fernández
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Pablo
Bustinduy

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Jesús
Lizcano

   

 

 

Firma

Economista, adjunto a la Secretaría General de CC OO. Es director adjunto del Programa Modular de Relaciones Laborales de la UNED y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos de la Ciudad de Madrid. Fue miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis. Ha publicado diversos libros, el más reciente La Revolución Tranquila (Ed. Bomarzo). Autor de la obra de teatro Escuela Rota y productor de varios cortometrajes y películas con los que la productora Dexiderius ganó dos Goyas. 

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