Tiempos de hoy

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 Nº 1297. 7 de junio de 2019

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Benitez de LugoLa Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo

Los tribunales de Justicia
y el Partido Popular

EUROPA PRESS

Con notable ligereza, la entonces alcaldesa de Madrid, Sra. Botella, dijo que lo único que se producía con la venta era que “se cambiaba el casero”. Y de la frivolidad de tal afirmación es testigo directo quien esto escribe por llevar más de cien procesos de desahucio instados por un ‘fondo buitre’

Cuando se hacen ilícitamente las cosas, tarde o temprano, la Justicia (casi siempre) pone las cosas en su sitio y  el ‘caso Gürtel’ y piezas separadas puede ser un ejemplo paradigmático  de ello.

Pero no pretendo aquí ahora hacer recordatorios sobre resoluciones judiciales con más o menos antigüedad, sino de dos, y recientes, que suponen un varapalo brutal para no sólo para la imagen  del Partido Popular, sino también por el enjuiciamiento incluso penal de sus gestores.

El primero de ellos hace referencia a que la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 30) ha reabierto por tercera vez el caso de la venta de las viviendas sociales a un fondo especulativo (Blackstone), vulgarmente llamados ‘fondos buitre’; reapertura del caso que supone no ya –que también- una desautorización del Sr. Juez de Instrucción nº 38 de Madrid, reiterado sobreseedor de la causa, sino que, como resulta obligado, los firmantes de la nefasta operación de compraventa de 1.860 viviendas sociales, representados por el citado fondo y la Empresa Municipal de Vivienda, bajo la tutela del Ayuntamiento de Madrid entonces gobernado por el Partido Popular, ahora ya pasan de ser investigados a acusados, y ello va en paralelo con la responsabilidad  pecuniaria que el Tribunal del Cuentas ha sentenciado a la Sra. Botella y su Junta de Gobierno.

Y el segundo de los casos es la también reciente sentencia del Tribunal Superior Justicia de Madrid del pasado 14 de mayo, que confirma la de un Juzgado de Madrid que había anulado la operación de enajenación de 2.935 viviendas, locales y garajes por el IVIMA en una operación “cargada de irregularidades”, como señaló en su día un representante del Ministerio Fiscal.

Ambas lamentables operaciones de gestores del PP tenían  varios denominadores comunes: a) Se trataba de venta de viviendas SOCIALES ocupadas por inquilinos de clases desfavorecidas; b) Se hicieron en el último trimestre de 2013; c) Fueron decisiones políticas aunque como pretexto se utilizaba la necesidad de tesorería de ambos organismos (la EMVS y el IVIMA), y d) El proceso de venta distó de ser ajustado a Derecho en ambas operaciones.

Como bien dijo el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de noviembre de 2017, “no es jurídicamente irrelevante para el arrendatario que el titular de la vivienda sea una Administración Pública… Dada la diferencia entre los fines sociales (que ellas tienen) y que no concurren en una empresa privada”, y ello es así pese a que, con notable ligereza, la entonces alcaldesa de Madrid, Sra. Botella,dijera que lo único que se producía con la venta era que “se cambiaba el casero”. Y de la frivolidad de tal afirmación es testigo directo quien esto escribe por llevar más de cien procesos de desahucio instados por un ‘fondo buitre’ alegando que ha expirado el plazo de los contratos, con el espúreo objetivo de elevar en un 50% el alquiler, procesos éstos que una Administración Publica no tendría la osadía de entablar dada la precaria situación de sus inquilinos que, pese a todo, son fieles pagadores de sus alquileres.

Se ha abierto, pues, por nuestros tribunales la veda en los campos penal y contencioso administrativo y las piezas a capturar son los entonces gestores  del Partido Popular, que es de esperar reciban, ante la irresponsabilidad de sus actuaciones, las sanciones que merecen.

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Colaboradores

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José García
Abad

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Miguel Ángel
Aguilar
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Inmaculada
Sánchez
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Cristina
Narbona

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Belén
Hoyo

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Idoia
Villanueva

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Carles
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Miguel Ángel
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Joan
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Carlos
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Mauro
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Pere
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Julius
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Joan
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Julio Rodríguez
Fernández
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Pablo
Bustinduy

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Jesús
Lizcano

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Sergi
Miquel

 

 

 

Firmas:

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

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