Tiempos de hoy

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 Nº 1297. 7 de junio de 2019

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Idoia Villanueva

Tribuna / Idoia Villanueva

La ‘uberización’ de la vida (también en Europa) no es casualidad

 

Foto Taxi UberizaciónEUROPA PRESS

Defender al taxi frente a empresas como Uber o Cabify es defender a los autónomos frente a las grandes multinacionales. Por eso la lucha de los taxistas va mucho más allá de la simple protección de su sector, es la lucha para proteger el país

Durante la crisis económica de 2008 la pobreza aumentó cuatro veces más de lo que luego se redujo durante la supuesta recuperación. Sólo el año pasado, los ricos del mundo aumentaron su capital financiero un 12% mientras, el 22% de la población de la Unión Europea estaba totalmente sumida en la pobreza. A día de hoy en nuestro continente hay más de 113 millones de pobres. La evasión de impuestos en la UE equivaldría a un trillón de euros.

Los trabajadores españoles son los que mayor inestabilidad laboral, temporalidad y dificultad para encontrar empleo presentan de toda Europa. España es el tercer país a la cola de la Unión Europea en cuanto a la calidad del empleo, sólo por detrás de Grecia y Rumanía, además de ser líder europeo en los contratos temporales más cortos: cerca del 60% son contratos inferiores a seis meses.

En este panorama político, social y económico es en el que se ha sumido al pueblo español y a muchos de nuestros vecinos y vecinas europeas después de años de austeridad y recortes: aumento de la pobreza y la precariedad laboral a costa del enriquecimiento de unos pocos.

Estos números no son casualidad, son fruto de un proyecto, son consecuencia directa de las políticas y reformas laborales impulsadas e implementadas por el Partido Socialista y el Partido Popular bajo el paraguas de Bruselas. La uberización de nuestra economía y por ende también de nuestra vida. Políticas que, por otra parte, han sido un éxito ya que su objetivo principal no era otro que precarizar y fragmentar el mercado laboral para así maximizar el beneficio de los que más tienen. En esto consiste la uberización de la economía, un viejo fenómeno que, con un lavado de cara, se ha convertido en la versión ‘moderna’ de un sistema económico salvaje, desregulado y totalmente plegado al servicio de las oligarquías a través de todo tipo de plataformas electrónicas.

La uberización de nuestra sociedad no es un fenómeno espontáneo, tampoco la mera consecuencia de la utilización de las nuevas tecnologías y tampoco es, como quieren hacernos creer, inevitable. Es un proyecto político de unas multinacionales, unas élites extractivistas y un modelo económico y social donde no existe ningún tipo de intervención ni regulación por parte del Estado. Paraíso fiscal eterno para los ricos, precariedad eterna para los trabajadores. Es la estrategia planteada primero por Uber y desarrollada después por empresas supranacionales como Cabify o Deliveroo, que operan en un área gris de la legislación que permite que determinados impuestos o gastos asociados al ejercicio de su actividad no tengan que ser satisfechos. Estas empresas, empleando dichas estrategias, han sabido exprimir la crisis en su propio beneficio, han aprovechado los altos niveles de desempleo y temporalidad para establecer un modelo laboral precario fundamentado en la figura del 'falso autónomo', una manera eufemística de devolver al trabajador a la esclavitud. En el que ya no se utiliza ni el término despido, ahora “te desconectan”. El objetivo es el control de cuantos más sectores mejor de forma monopolística, algo especialmente grave cuando se trata de sectores tan estratégicos y fundamentales para nuestro país como el del transporte público, la vivienda o la salud, destruyendo a la competencia  en connivencia con bancos y ‘fondos buitre’ para controlar los precios del mercado y convertir nuestro país en su propio chiringuito.

La muerte de un trabajador de Glovo hace unos días ha puesto el foco y ha destapado parte de la precariedad y condiciones en las que trabajan estos jóvenes, un mercado negro de ‘glovers’ que alquilan sus licencias a terceros sin ni siquiera estar dados de alta.

Este ataque a los derechos tampoco es un fenómeno aislado que sólo afecte a los repartidores,  o al taxi, es la imposición de un nuevo modelo de sociedad donde las grandes empresas hacen uso de una deshumanizada ingeniería fiscal pensada exclusivamente para eludir sus obligaciones con la Hacienda Pública de los países donde actúan, empleando técnicas de dumping social para eliminar a la competencia, reduciendo drásticamente tarifas, externalizando costes y vulnerando los derechos de quien trabaja. Se instalan en nuestro país y revientan los servicios públicos mientras pagan impuestos en Delaware y reciben la financiación de fondos de capital de riesgo como Goldman Sachs,  el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí o Blackrock, hasta asegurarse un monopolio en el que nadie les dice qué pueden o no pueden hacer, qué zonas pueden cubrir o qué tarifas deben aplicar. Buscan exprimir hasta las últimas consecuencias al trabajador, para conectar directamente oferta y demanda y convertirnos a todos en prescindibles y, por lo tanto, en explotables.

Defender al taxi frente a empresas como Uber o Cabify es defender a los autónomos frente a las grandes multinacionales. Por eso la lucha de los taxistas va mucho más allá de la simple protección de su sector, es la lucha para proteger el país. El sector del taxi y los riders han señalado el camino, hay que organizarse frente a los buitres y defender nuestros sectores estratégicos. Desde Podemos, hemos apoyado desde el principio, tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo, la lucha de los taxistas españoles y de todos aquellos que están viendo su trabajo afectado por el extractivismo financiero, los ‘riders’, las ‘kellys’, o los trabajadores de Amazon. Hace falta regulación y soluciones a un problema que está acabando con nuestro mercado laboral, con nuestros autónomos y con nuestras pequeñas y medianas empresas. Queremos que se aplique la legislación en materia de derechos laborales y garantizar protección social y salarios dignos a los trabajadores.

Los sectores estratégicos que realizan servicios públicos no pueden ser controlados por multinacionales extranjeras que vienen a España a extraer la riqueza para llevarla a su paraíso fiscal de turno.  En España, como en Bruselas, tenemos que defender unos servicios públicos fuertes, exigir una regulación específica urgente que plante cara a la uberización y que defienda nuestros intereses, los intereses de nuestro pueblo.

Necesitamos una Unión Europea que garantice a sus gentes que no se va a permitir ese retroceso, con reglas comunes que definan sin ambages que quienes dependen de estas plataformas son trabajadores por cuenta ajena, bajo la coordinación de la Autoridad Laboral Europea y de la renovada Oficina Antifraude Europea. Debemos crear unidades especiales para inspeccionar estos modelos de empleo y, en especial, la utilización de falsos autónomos, el trabajo mediante horas extras sin cotizar y la vulneración de los derechos sindicales.

Está en juego el modelo de sociedad que queremos. Está en juego nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Y para eso necesitamos un gobierno en nuestro país fuerte, con garantías, un gobierno de coalición que pueda enfrentarse a esos grandes poderes financieros, sin mochilas. Es la hora de poner la economía al servicio de las personas y sus problemas: vivienda, cesta de la compra, educación, sanidad pública y gratuita, dependencia, pensiones, etc. Tenemos que voltear la economía y ponerla al servicio de los intereses de la mayoría social. Es imprescindible trabajar por democratizar el gobierno económico de la Unión Europea, empezando por el Banco Central Europeo que debería tener entre sus objetivos la creación de empleo de calidad y la estabilidad financiera. Garantizar un cambio de modelo productivo que ponga los derechos y el planeta en el centro, asegure salarios dignos y protección social para todas y luche por la justicia fiscal, contra las cuentas en Suiza y la evasión de impuestos de las grandes fortunas.

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Colaboradores

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José García
Abad

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Miguel Ángel
Aguilar
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Inmaculada
Sánchez
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Cristina
Narbona

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Belén
Hoyo

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Idoia
Villanueva

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Sergio
del Campo

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Carles
Campuzano

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Cristina
Antoñanzas
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Elena
Blasco
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Miguel Ángel
Paniagua

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Bruno
Estrada

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José Antonio
Pérez Tapias

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José Luis
Centella

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Joan
Navarro
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José M. Benítez
de Lugo
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Carlos
Berzosa

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Graciano
Palomo

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López

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Mauro
Armiño

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Pere
Navarro

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Julius
G. Castle

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Carmen
Calvo
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Joan
Tardà

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Ignacio
Aguado

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Julio Rodríguez
Fernández
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Pablo
Bustinduy

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Jesús
Lizcano

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Sergi
Miquel

 

Firma:

Eurodiputada electa por Navarra, es portavoz de Internacional de Unidos Podemos en la Cámara Alta y secretaria de Coordinación Ejecutiva de Podemos. Ingeniera informática y Máster en Dirección y Administración de Empresas en la Era del Conocimiento. Experta en la gestión y desarrollo de proyectos tecnológicos internacionales de innovación.

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