Opinión Cristina Narbona Tiempos de hoy

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 Nº 1300. 28 de junio de 2019

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Cristina Narbona

Tribuna / Cristina Narbona

¿Prohibido prohibir?

 


Niveles de contaminación en madrid

Desde una posición política que subordina el interés general a los intereses particulares de quienes son sus principales potenciales votantes, la regulación de la movilidad forma parte de las restricciones que hay que prohibir. Quizás, en parte, por el empeño en negar las consecuencias de la contaminación atmosférica sobre la salud

La llegada de la extrema derecha a las instituciones viene acompañada de un renovado énfasis sobre la libertad individual frente a la “injerencia” de los poderes públicos. En los sucesivos acuerdos firmados entre Vox y PP (y que Ciudadanos acepta tácitamente), aparecen numerosas menciones a la eliminación de sanciones, normas, entidades públicas (“chiringuitos”)..., y por supuesto a la reducción de impuestos, máxima expresión de la perversidad de las administraciones.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, el documento consensuado entre PP y Vox dice literalmente: “Acabaremos con la política de prohibiciones y restricciones de los últimos cuatro años de Madrid Central, recuperando la libre circulación en las vías estructurantes”... Es decir, recuperando los niveles de contaminación atmosférica anteriores a esta iniciativa, que tras apenas unos meses de implantación había conseguido reducir de forma significativa dichos niveles.

La libertad concebida como ausencia de reglas suele conducir a “la ley del más fuerte”, y por lo tanto a una menor libertad de los más vulnerables: en este caso concreto, a una menor libertad para quienes no usan el coche –porque no tienen, porque no pueden–... y circulan a pie por la ciudad, obligados a respirar aire dañino para su salud en un espacio público congestionado.

La pretensión de los nuevos regidores de la capital de España, contraria a las normas europeas y nacionales sobre calidad del aire, puede además salir muy cara –en última instancia a todos los contribuyente– a causa de sanciones millonarias, frenadas hasta ahora gracias a la iniciativa de Madrid Central.

Así, en Madrid las “restricciones” al uso del vehículo privado vuelven a ser consideradas como un ataque injustificado a la libertad individual; exactamente igual a lo que sucedía hace muchos años, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano, y quien escribe este artículo, portavoz socialista de Medio Ambiente. De poco servía entonces señalar que solo el 30% de los madrileños utilizaba el coche para desplazarse por la ciudad, ocupando casi el 80% del espacio público y obligando así al otro 70% de los ciudadanos a respirar aire contaminado en el restante 20%, y a soportar el atasco de la ciudad –ese atasco que la señora Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid, considera un elemento importante del atractivo de la capital de España–. Y es que, desde una posición política que subordina el interés general a los intereses particulares de quienes son sus principales potenciales votantes, la regulación de la movilidad forma parte de las restricciones que hay que prohibir. Quizás, en parte, por el empeño en negar las consecuencias de la contaminación atmosférica sobre la salud, empeño cada vez menos justificado por el desconocimiento sobre tales consecuencias; durante los últimos años, se han acumulado los informes de expertos que prueban la relación entre contaminación y patologías de todo tipo, incluyendo la evidencia del importante número de muertes prematuras causadas por la mala calidad del aire. Y, como decía con contundencia hace pocos días la ministra para la Transición Ecológica, a partir de un cierto nivel de responsabilidad pública, los ciudadanos no deberían tolerar la supuesta ignorancia sobre cuestiones que afectan a su salud, su seguridad o su bienestar.

Hay otros ámbitos, muy relevantes, en los que la “nueva política” confunde la defensa de la libertad individual por la imposición de una determinada visión de la realidad. Sabemos ya, por ejemplo, que una parte del presupuesto municipal de Madrid se empleará en asesorar a las mujeres para disuadirlas de abortar, invocando su libertad para ser madres; en este caso, se intenta en realidad cuestionar el derecho a decidir libremente sobre la continuidad de un embarazo, derecho que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y que debe ser garantizado desde la sanidad pública. Muchas mujeres recuerdan los tiempos en los que, en la práctica, sólo podían decidir abortar, de forma libre y segura, aquellas con medios económicos suficientes como para hacerlo fuera de España. Libertad desde la igualdad en derechos y obligaciones: ese sigue siendo el reto.

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Colaboradores

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José García
Abad

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Miguel Ángel
Aguilar
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Inmaculada
Sánchez
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Cristina
Narbona

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Belén
Hoyo

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Idoia
Villanueva

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Sergio
del Campo

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Carles
Campuzano

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Cristina
Antoñanzas
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Elena
Blasco
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Miguel Ángel
Paniagua

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Bruno
Estrada

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José Antonio
Pérez Tapias

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José Luis
Centella

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Joan
Navarro
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José M. Benítez
de Lugo
,
Carlos
Berzosa

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Graciano
Palomo

,

Julio Rodríguez
López

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Mauro
Armiño

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Pere
Navarro

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Julius
G. Castle

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Carmen
Calvo
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Joan
Tardà

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Ignacio
Aguado

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Julio Rodríguez
Fernández
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Pablo
Bustinduy

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Jesús
Lizcano

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Sergi
Miquel

 

 

 

 

Firma

Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis. 

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