Bruno Estrada
El jueves 30 de marzo se inauguró en la Biblioteca Nacional de España (BNE) la Exposición “Para la libertad. El proceso 1001 contra la clase trabajadora” que conmemora el 50 aniversario de la detención, juicio y condena de la dirección de CCOO, que tuvo lugar durante los años 1972 y 1973.
Hay que recordar que 1972 fue un mal año para las Comisiones Obreras, y para toda la oposición al régimen. Además de la detención de la mayoría de los miembros de su coordinadora general, el 10 de marzo la policía había matado en Ferrol a Amador Rey y a Daniel Niebla, dos militantes del sindicato y trabajadores del astillero de la Bazán, en el marco de las actividades de protesta de una huelga que exigía un convenio propio.
Si bien la inauguración de la exposición sobre el proceso fue un reconocimiento del protagonismo del movimiento obrero en la conquista de las libertades democráticas, también se destacó el relevante papel que tuvieron en la lucha contra la dictadura el movimiento estudiantil, el movimiento vecinal, así como las luchas desarrolladas por diferentes colectivos profesionales, entre las que destacó la de los abogados
Desde su origen, la dictadura franquista se había cimentado en un profundo odio de clase hacía las trabajadoras y trabajadores. Los militares golpistas persiguieron sin tregua desde el primer día del golpe de Estado a toda expresión organizada de la clase trabajadora, por eso después de la Guerra Civil, y de la cruenta represión de la posguerra, los sindicatos UGT y CNT quedaron diezmados.
A partir de los años cincuenta empezaron a surgir nuevas expresiones organizativas de la clase trabajadora, unas incipientes y descentralizadas “comisiones obreras” que canalizaban los conflictos laborales en las empresas. El régimen franquista se enfrentó a ellas bajo la consideración de que el conflicto laboral era un mero problema de orden público que se debía reprimir con dureza, a la vez que mantenía la ficción ideológica de que no había conflicto de clases y que las relaciones laborales debían regirse por el principio de la concordia social.
En la década de los años 60, el franquismo, ante el incremento de la conflictividad laboral organizada por las clandestinas Comisiones Obreras, acentuó la espiral represiva utilizando a discreción los estados de excepción, que iban acompañados de oleadas de detenciones, pero esta estrategia acabó volviéndose en su contra.
El incremento de la actividad represora –entre 1973 y 1975 el TOP juzgó a 5.557 personas– no pudo impedir la creciente conflictividad laboral que se produjo a partir de principios de los años setenta. En 1970 se registraron 1.595 huelgas, 460.902 huelguistas y se contabilizaron 8,7 millones de horas de huelgas. En 1976 el número de huelgas ascendió a 40.170, el número de huelguistas fue 2.519.000, y 106,6 millones de horas de huelga.
A su vez, las protestas laborales fueron adquiriendo un carácter cada vez más político. En las plataformas reivindicativas, además de las cuestiones meramente laborales vinculadas al salario y condiciones de trabajo, se fueron incluyendo, debido al incremento de la represión, peticiones en relación con la liberación de trabajadores y sindicalistas detenidos, de amnistía para los presos antifranquistas, de libertad sindical, del derecho de huelga…
La exigencia de puesta en libertad de los “diez de Carabanchel” se convirtió en un símbolo de la lucha contra la dictadura, ensanchando la base de la solidaridad al incorporar a espacios sociales mucho más amplios que la militancia del movimiento obrero. La movilización en favor de los sindicalistas represaliados tuvo una especial resonancia en los barrios obreros de Madrid, pero también en Mieres y Gijón, en el País Vasco, en Sevilla, en Barcelona, en el Baix Llobregat…
En el ámbito internacional, el objetivo más importante de la campaña fue lograr que la denuncia de la represión del régimen franquista se convirtiera en un juicio internacional contra la dictadura. Ello fue posible activando una red de solidaridad que, contando con la participación de los trabajadores españoles emigrados, consiguió implicar a las principales organizaciones sindicales y partidos de numerosos países. La campaña fue un éxito al conseguir transmitir que el Proceso 1001 era realmente un proceso político contra la clase obrera y, por extensión, contra todo el antifranquismo, y que estaba impulsado por una de las últimas dictaduras que sobrevivían en Europa.
El abogado Jaime Sartorius, recientemente fallecido, fue quien coordinó la defensa de los encausados, en la que participaron importantes figuras del derecho y la política como José María Gil Robles, Joaquín Ruiz Jiménez, Manolo López, Francisca Sauquillo y Cristina Almeida. La labor que desarrolló Jaime Sartorius fue fundamental para demostrar que el juicio era una farsa, ya que carecía de las mínimas garantías procesales que existían en los países democráticos y que el poder judicial de nuestro país estaba totalmente controlado por la dictadura.
La solidaridad internacional en Europa implicó a figuras de la talla de Juliette Greco, Yves Montand, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, Simone Signoret, Alan Stivell, Michel Piccoli, Gian María Volonté, Mikis Theodorakis, Jean Cassou, Georges Moustaki, Paco Ibáñez o Rafael Alberti.
En EE UU, la campaña mostrando su solidaridad con los sindicalistas detenidos en España también tuvo gran eco, participando en ella figuras como Arthur Miller, Marlon Brando, Noam Chomsky, Peter Seeger, Angela Davis, George MacGovern, candidato demócrata a la presidencia de los EE UU; Arthur Schlensinger, exconsejero personal de Kennedy; el economista Paul Sweez y Ramsey Clark, ex Fiscal General de EE UU.
Hubo importantes muestras de solidaridad, e incluso manifestaciones, en Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Suiza, Holanda, Suecia, Finlandia. Bélgica y Dinamarca, llegando muestras de apoyo desde lugares tan lejanos como Canadá, Marruecos, India, Bulgaria, Polonia, China o Australia.
Al emotivo acto de inauguración asistieron los detenidos y encarcelados que hoy siguen vivos, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Paco Acosta, Miguel Ángel Zamora y Pedro Santiesteban, así como familiares de los ya fallecidos Marcelino Camacho, Fernando Soto, Juan Muñiz Zapico, Francisco García Salve y Luis Fernández Costilla. El acto, en que también intervino Unai Sordo, secretario general de CCOO, contó con una nutrida representación gubernamental: asistieron los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; Cultura y Deportes, Miquel Iceta; Universidades, Joan Subirats, y Consumo, Alberto Garzón, así como la directora de la BNE, Ana Santos, que es la institución que ha organizado la exposición junto con la Fundación 1º de Mayo y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
Si bien el acto fue un reconocimiento del protagonismo del movimiento obrero en la conquista de las libertades democráticas, también se destacó el relevante papel que tuvieron en la lucha contra la dictadura el movimiento estudiantil, el movimiento vecinal, así como las luchas desarrolladas por diferentes colectivos profesionales, entre las que destacó la de los abogados.
Economista, coordinador de la Secretaría General de CC OO. Es director adjunto del Programa Modular de Relaciones Laborales de la UNED. Vicepresidente de la Plataforma por la Democracia Económica. Fue miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis. Ha publicado diversos libros, los más recientes ‘Conciencia de clase. Historias de las comisiones obreras’ (et alt.),’20 razones para que no te roben la historia de España’, ‘La Revolución Tranquila’. Autor de la obra de teatro ‘Escuela Rota’.
