Alba del Prado
Las diferencias en la manera de entender el feminismo entre las dos formaciones del gobierno de coalición se han expresado con toda su crudeza en la aprobación y posterior reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’ y, muy especialmente, en la de la llamada ‘ley Trans’. Enmarcado por el ambiente electoral y los debates parlamentarios, la celebración del Día de la Mujer de este año -escenificaciones aparte- deja clara la brecha feminista en la izquierda que parece olvidar los riesgos de involución que mantiene la ‘bancada’ conservadora.
Feminismo clásico (Carmen Calvo) vs. feminismo abierto (Irene Montero), el debate político entre las defensoras de la igualdad de derechos de la mujer tiene su propio escenario entre las filas de los dos partidos en el Gobierno. El debate, primero, de la ley del ‘si es si’ y su posterior reforma; luego el de la reforma del aborto y, finalmente, el de la ‘ley trans’ han reflejado como pocas otras cuestiones, las diferentes maneras de entender la lucha por la igualdad de las mujeres entre la izquierda.
La ley de libertad sexual o ley del solo sí es sí, se ha convertido al mismo tiempo, en la norma integral más importante del Gobierno de coalición y la que más problemas sociales, de imagen y políticos le ha generado. Lo que en una primera fase de aplicación de la ley el Ejecutivo definió como “efectos indeseados”, por la salida de la cárcel de condenados cuyas penas eran revisadas a la baja, se ha convertido en una pelea frontal entre dos maneras de entender el feminismo y, sobre todo, ha brindado una ocasión de oro a la oposición conservadora para hacer campaña con la situación.
La ley de libertad sexual o ley del ‘sólo sí es sí’, se ha convertido al mismo tiempo, en la norma integral más importante del Gobierno de coalición y la que más problemas sociales, de imagen y políticos le ha generado
Consciente del alto coste político, el presidente Pedro Sánchez movió ficha interna para conseguir que la ministra de Igualdad, Irene Montero, accediera a revisar la ley del ‘solo sí es sí’ y poner coto a las excarcelaciones. La cerrazón desde Podemos a hacer cambio alguno en su ley franquicia llevó a Sánchez a una decisión inédita en los más de tres años de gobierno de coalición: encargar a la titular de Justicia, Pilar Llop que prepare la versión socialista de la ley.
Con esa consigna, la redacción del nuevo texto arranca entre enfrentamientos públicos cruzados entre Llop y Montero. La parte socialista del Ejecutivo propone añadir una pena más alta en cada artículo, similar a la que había antes, “si la agresión se cometiere empleando violencia o intimidación”. Con eso, el tipo general que ahora está en una horquilla de entre uno y cuatro años de prisión, volvería a ser de uno a cinco años en el caso de que concurra violencia o intimidación o si la víctima se encuentra con su voluntad anulada.
Enfrentamiento abierto ante el que no solo las formaciones en el Gobierno, sino todo el grupo de fuerzas que apoyaron la investidura de Sánchez han debido tomar partido. Para el bloque de investidura, la situación es complicada ya que, aunque son testigos de que la nueva ley deja en la calle a agresores sexuales antes de lo que deberían, no quieren alimentar la lucha política entre PSOE e IU-Podemos. ¿Solución? Forzarles a negociar: no votarán ninguna propuesta normativa que no esté consensuada.
El ambiente preelectoral tampoco ayuda y, de hecho, han abundado las llamadas -abiertas o discretas- al diálogo. Entre las más destacadas opiniones, la de Yolanda Díaz, cuya opinión pesa considerablemente en el bloque IU-Podemos y cuyo silencio ante las llamadas a formar parte de sus candidaturas tiene de los nervios a la formación morada. La ministra de Trabajo ha pedido esta misma semana que haya diálogo y que se haga con “discreción”. “Entiendo el interés, pero pido que no hagamos en abierto las negociaciones. Las formas muchas veces son muy importantes. No necesitamos contar todo lo que hacemos”, dijo en el Congreso para insistir en su mensaje de que hay que “cuidar la coalición”.
El hecho es que en la víspera del 8-M, la ley se vota en la cámara baja y nadie, ni PSOE ni IU-Podemos, ni el bloque de investidura quieren mostrar una imagen de enfrentamiento en la izquierda por una de las leyes más esperadas. Y menos después de casi tres meses de reuniones entre ambos bloques.
Montero ha aflojado tensiones para evitar que el pacto de coalición se deteriore más de lo debido y ha asumido que aceptará “si es necesario, subir algunas penas”, pero nunca “cambiar el modelo”. El ‘solo sí es sí’ es innegociable y parece que esa será finalmente la única línea roja.
El próximo día 7, en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid deberá verse el último capítulo de esta ‘saga’ de desencuentros, al iniciarse el trámite parlamentario de la reforma propuesta por el PSOE, que aún no cuenta con el voto favorable de UP, y que podría, incluso, llegar a salir adelante con los votos del PP, quien se ha mostrado disponible para evidenciar la división dentro del Gobierno. Las negociaciones entre los socios, no obstante, continúan hasta ese día, porque, al fin y a la postre, lo que menos quiere nadie ante tres convocatorias electorales en ciernes, es presentarse a la ciudadanía con un enfrentamiento por una ley clave, que desluzca la labor de gobierno de los tres últimos años.
Endurecer las penas u otras medidas
Para desarrollar el nuevo texto normativo, el planteamiento del departamento de Pilar Llop es que, tal como aplican los jueces la ley actual, si no se hace nada las condenas serán progresivamente más bajas que las de antes de la ‘ley Montero’.
El Ministerio de Igualdad, sin embargo, sostiene que tocar la parte penal de la norma no es la solución y propone desarrollar todo un abanico de medidas judiciales y policiales para “implementar” y “desarrollar la parte integral de la norma, que va a dar más herramientas a los operadores jurídicos para poder interpretarla correctamente”.
El próximo día 7 deberá verse en el Congreso el último capítulo de esta ‘saga’ de desencuentros. Porque nadie quiere presentarse como un gobierno dividido y deslucir la labor de los tres últimos años.
Podemos es partidaria de la adopción de diferentes medidas de prevención y control como duplicar el número de juzgados especializados en violencia, reforzar la Fiscalía y ampliar sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas y su inclusión en el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género; aumentar el número de dispositivos de tele-detección de agresores; reforzar las unidades de valoración forense; y dar un decidido impulso a la formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia, Interior, Educación y Sanidad.
Por su parte, la ley Trans impulsada por Montero salió adelante, después de casi tres meses de tramitación parlamentaria, con la autodeterminación de género y sus consecuencias sobre los derechos de las mujeres como la piedra de toque de este enfrentamiento. Aprobada el 16 de febrero, la norma ha supuesto la que es considerada la mayor fractura del movimiento feminista español. Esta misma semana ha entrado en vigor y el jueves hacia uso de ella la primera persona trans en cambiar de género, una joven canaria de 20 años que sólo ha tenido que rellenar una solicitud en el registro civil de Madrid.
Las tensiones que ha generado la definición de las políticas feministas en el propio PSOE se manifestaron -como pocas veces antes- en la abstención de Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno de Sánchez, durante la votación en el Congreso de esta ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Un gesto que, por cierto, se saldó en el orden interno del Grupo Parlamentario Socialista, con una sanción de 600 euros por romper la disciplina de voto.
Carmen Calvo que, además de destacada representante del feminismo socialista, es también presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en la que se ha tramitado la ley, ni siquiera presidió la ponencia. Aún así dejó clara su posición: «Tal y como está el texto mi partido no puede asumirlo”, en referencia a las 37 enmiendas socialistas que entre otras cuestiones, pretendían aumentar la edad en la que los menores pueden cambiar su sexo en el Registro Civil sin necesidad de recurrir a un juez para que apruebe su decisión.
Finalmente, la norma reconoce que las personas trans podrán solicitar ante el Registro Civil la rectificación sin necesidad de tener que aportar informes psicológicos ni la obligación de hormonarse durante dos años.
Feminismo clásico (Carmen Calvo) vs. feminismo abierto (Irene Montero): el debate político entre las defensoras de la igualdad de derechos de la mujer tiene su propio escenario entre las filas de los dos partidos en el Gobierno.
Ahora, deberán reafirmar la decisión a los tres meses; se permitirá el cambio de sexo legal desde los 12 años -no antes- en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.
Desde junio de 2021, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, presentó el anteproyecto de ley, el ‘transfeminismo’ esgrimido en el texto por el equipo de Unidas Podemos chocó de lleno con el feminismo `clásico´ y más moderado del PSOE. Especialmente al incluir la autodeterminación de género, una pelea histórica de las personas trans.
La ex vicepresidenta Calvo llegó a decir que el texto del bloque de Podemos “podía destrozar toda la legislación de igualdad” y mostraba su preocupación por “la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”.
Palanca política
Pero las diferencias iban más allá del propio texto legal. La oposición del feminismo dorado entendía que eran los propios derechos de las mujeres los que se ven en peligro con este concepto. “Cuando se reivindica el género por encima del sexo biológico no me parece un avance que vaya en la dirección transformadora, me parece un retroceso”, veía a decir la dirigente socialista que aseguraba: “Hemos sido excluidas del sistema por ser mujeres y lo que queremos es entrar y transformarlo”.
El ‘transfeminismo’ del texto legal del equipo de Unidas Podemos chocó de lleno con el feminismo más clásico del PSOE. Consecuencia: Carmen Calvo rompió la disciplina de voto parlamentario
Frente a ello, la ministra de Igualdad, Irene Montero, consciente de que esas discrepancias le han supuesto una autentica palanca política para asumir la representación del feminismo mas ‘moderno’, sostenía en el Congreso: “Soy consciente de que el camino no acaba aquí, que no hemos conseguido incorporar las realidades no binarias, las personas trans inmigrantes y otras que descubriremos avanzando. Hemos dado el paso de gigante tan grande como hemos podido”.
La cuestión es cómo se manifiestan estas diferencias en el propio movimiento feminista que afronta el 8-M de 2023 en un ambiente más tenso aún que el del año pasado. Entonces, hace un año, el feminismo recorría las calles de Madrid, ‘junto’ pero separado por dos pancartas. Este año no se presenta muy diferente.
