Después de haber negado los hechos, de negar incluso conocer a la mujer, el príncipe Andrés ha llegado a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, que le acusó de obligarla a mantener relaciones sexuales con él cuando ella tenía 17 años.
Víctima del pedófilo Jeffrey Epstein, el millonario amigo del duque de York que, tras ser detenido en 2019, se quitó la vida en prisión, Giuffre no sentará en el banquillo al hijo de Isabel II tras alcanzar un acuerdo donde él reconoce el sufrimiento de ella como “víctima de abuso” y por los “ataques públicos injustos” de los que ha sido objeto.
Según The Daily Telegraph, ese acuerdo podría suponer más de 14 millones de euros; un tercio para la víctima, otro para su defensa y otro para la fundación presidida por Giuffre, Victims Refuse Silence (Las Víctimas Rechazan el Silencio), que ayuda a los supervivientes de abusos sexuales a contar su historia. Algo que, paradójicamente, la demandante ya no hará en un juicio.
La prensa británica revela que será la reina quien responda con su patrimonio a buena parte de la cantidad acordada. Para ayudar a su hijo y para proteger a la monarquía británica, que se enfrentaba a una posible condena civil –no era un proceso penal y, por tanto, su hijo no se enfrentaba a una pena de cárcel– de graves consecuencias para la imagen de una Corona que, por otra parte, no se libra del escarnio público.
Porque el acuerdo implica un reconocimiento y porque otro hijo de Isabel II, nada menos que su heredero, también está en el punto de mira; la policía británica está investigando la fundación del príncipe Carlos por presunto tráfico de influencias, concretamente por facilitar la obtención de la nacionalidad británica a un magnate saudí a cambio de una importante donación.