P.P.
El PSOE y el Partido Popular han llegado a un acuerdo de manera exprés para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, órganos constitucionales cuyo mandato había prescrito. No obstante, las negociaciones con respecto al Consejo General del Poder Judicial siguen sin resolverse, como consecuencia de la negativa del PP.
Este pacto se ha producido después de que el líder del PP, Pablo Casado, cediera este miércoles ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y accediera a considerar la composición de dichos órganos. Casado dejó claro en todo momento su intención de no revisar el CGPJ hasta que no cambiase el modo de designar a sus componentes, ante lo que el Gobierno se ha negado.
Tan solo han bastado 24 horas para que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, alcancen un acuerdo, a pesar de que el propósito del Gobierno de coalición siempre ha sido pactar sobre todas las instituciones. La renovación de Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos tendrá lugar en una de las sesiones plenarias que se llevarán a cabo en la semana del 25 de octubre, en el Congreso y en el Senado.
García Egea ha expresado que en los próximos días “se irán discutiendo los nombres de consenso”, que serán votados por el Congreso y el Senado a lo largo de las venideras semanas. El PP ha manifestado que las negociaciones han sido entre ellos y el PSOE. Ahora tendrán que buscar más diputados para sumar los 210 que no conforman entre ambas fuerzas políticas.
El pacto terminaría con años de mandatos prescritos y con el bloqueo a prácticamente todos los órganos constitucionales. Mientras que el mandato de cuatro magistrados del Constitucional había caducado en 2019 y el Tribunal de Cuentas ejercía fuera de plazo desde este julio, la peor situación era la del Defensor del Pueblo, cuatro años sin ser renovado. Por otra parte, ha habido acuerdo en un “plazo razonablemente corto”, pues las negociaciones ya se habían intentado llevar a cabo antes. Bolaños ha asegurado que “siempre desde el Gobierno hemos estado dispuestos”.