España está amenazada por la sequía, un peligro para la biodiversidad de la Península y para el sector primario. A ello hay que sumar la sobreexplotación de los acuíferos, en muchos casos de forma ilegal o con la aquiescencia de las Administraciones; una mayoría parlamentaria ha tramitado la proposición de ley sobre la reforma de los regadíos del entorno de Doñana que abre la puerta a regularizar unas 1.400 hectáreas de cultivo que amenazan un Patrimonio de la Humanidad y que ya ha recibido advertencias de la Unesco y de la Comisión Europea con amenazas de sanciones. La asociación conservacionista WWF habla de éste y otros casos en el estudio ‘¿Qué es el robo del agua?’, donde pone el foco en los cuatro acuíferos más importantes y sobreexplotados del país: Daimiel, Doñana, Mar Menor y Arenales. A continuación, reproducimos las principales conclusiones de su investigación sobre los puntos negros del saqueo del agua.
El regadío es el gran consumidor de agua de España y su superficie no ha dejado de crecer en las últimas décadas. En aquellas zonas donde no existe agua disponible en ríos y embalses, se hace uso del agua subterránea, poniendo en peligro nuestra seguridad hídrica y sobreexplotando acuíferos. Esto ha llevado a que España sea el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa. Y esto sin contar el agua que se consume de forma ilegal.
WWF ha realizado una radiografía que cuantifica la superficie que se riega con agua extraída ilegalmente, de los cuatro puntos negros del saqueo del agua en España: Las Tablas de Daimiel (Castilla La Mancha), Donaña (Andalucía), Mar Menor (Murcia) y Arenales (Castilla y León). Cuatro lugares que son emblemáticos y de gran valor ambiental.
Doñana se seca
El descenso de los acuíferos supone un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud
Los datos de WWF concluyen que la superficie regada con agua extraída ilegalmente, en el corazón de este espacio clave para la biodiversidad y alrededores (Aljarafe), es de más de 4.700 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol.
La situación de Doñana es más crítica que nunca. La propuesta de ley presentada por el PP y sus socios de gobierno (Cs y Vox) para amnistiar una superficie de unas 1.460 hectáreas de regadío ilegal supone un grave ataque directo al corazón de este humedal.
Ante este ataque, la asociación conservacionista ha puesto en marcha una campaña de apoyo para pedir a Juan Manual Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que asuma su responsabilidad y que suspenda de inmediato la tramitación de la legalización y amnistía para los agricultores ilegales que están secando Doñana.
Daimiel, el epicentro del robo del agua
Las Tablas de Daimiel es el caso más dramático: 51.465 hectáreas de cultivo se riegan con agua extraída ilegalmente, el equivalente a 62.300 campos de fútbol.
Estos datos hacen saltar todas las alarmas ante una imagen cada vez más frecuente y desoladora del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel seco y mantenido en la UVI con aguas bombeadas desde el acuífero para aparentar una artificial normalidad, mientras el nivel del agua subterránea se sitúa casi por debajo de los 20 metros de profundidad.
Hasta el momento, las medidas que se han puesto en marcha para revertir esta situación e intentar reducir la demanda de agua del regadío han resultado un fiasco. Urge reducir la demanda de agua en el regadío manchego para recuperar las Tablas de Daimiel.
El Mar Menor, historia de un desastre anunciado
El Mar Menor es otro de los puntos negros del robo del agua en España que, además, vive momentos críticos tras un nuevo episodio eutrofización –proceso de contaminación provocado por el enriquecimiento excesivo en nutrientes de un ecosistema acuático– que ha vuelto a convertir la mayor laguna salada de Europa en una auténtica ‘sopa verde’.
La causa de este colapso ecológico se debe precisamente a las toneladas de nitratos y fosfatos que entran en la laguna a través de las ramblas procedentes de la agricultura intensiva que ha crecido sin ningún control. Existen casi 8.500 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, el equivalente a más de 10.200 campos de fútbol.
Los Arenales, transformados para cultivos altamente demandantes
El acuífero de los Arenales en plena meseta castellanoleonesa es otro de los puntos negros del agua en España. En 2019 se regaron con 101.877 ha de agua de la que extraída ilegalmente fueron 23.975 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 29.000 campos de fútbol.
Durante estos años, se ha asistido a una transformación total en esta zona que ha pasado del cultivo de cereales y viñedos de secano al predominio de cultivos de patatas, maíz, hortícolas, o remolacha entre otros, altamente demandantes en agua.
En los últimos 15 años, se ha registrado un preocupante descenso del acuífero de los Arenales que sitúa el nivel de agua, siendo tierra del vino, su masa de agua subterránea más afectada ya que se sitúa por debajo de los 25 metros.
La extracción ilegal provoca competencia desleal con los agricultores dotados de permisos y comprometidos con la gestión sostenible
Además, el descenso de los acuíferos supone un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud, ya que conlleva que la concentración de nitratos y arsénico sea mayor en el agua, como sucedió en 2006, hasta el punto de que en algunos casos no era apta para el consumo humano.
La zona de ríos de Los Arenales está siguiendo el peligroso camino de Las Tablas de Daimiel que le llevó a ser declarado sobreexplotado, y hoy, está seco y depende de ‘transfusiones’ de agua de emergencia.
La impunidad
Para extraer agua subterránea es necesario pedir una concesión administrativa que da derecho a extraer una cantidad de volumen de agua para un determinado fin. Pero lo que sucede en estos cuatro acuíferos es que, sistemáticamente y con total impunidad, se están regando parcelas sin contar con autorización para extraer agua.
La clave para entender el robo del agua está en que la Administración no sabe cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, porque no tiene capacidad de medir todas las extracciones, ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos.
En algunos casos tampoco está claro cuánto se ha autorizado por encima de los recursos disponibles. La continua expansión de cultivos en regadío, promovida con ayudas públicas, ha terminado por alimentar expectativas que han llevado a esta situación ya que, en sus trámites y autorizaciones, la administración agraria no ha exigido a los agricultores solicitantes presentar el derecho de uso de agua concedida.
Pero, además, la propia Administración alimenta esta sobreexplotación del agua ya que ha concedido derechos de uso de agua por encima de lo que puede dar según lo establecido en el Plan Hidrológico de cada cuenca.
La extracción ilegal del agua genera además una grave situación de competencia desleal entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y están comprometidos con la gestión sostenible de este recurso, frente los que lo hacen sin autorización y sin reparo alguno a cómo afectan al resto de productores.
Posibles soluciones desde Transición Ecológica
Desde WWF piden a las autoridades una acción contundente para mejorar el control de las aguas subterráneas, cerrar todas las extracciones ilegales de los acuíferos y sancionar a aquellos que se saltan la ley cometiendo este delito ecológico contra la naturaleza y contra la seguridad hídrica de toda la sociedad.
En particular, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le solicitan cuatro acciones urgentes para combatir el robo del agua subterránea en España.
La primera de ellas, introducir cambios en la normativa de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para limitar claramente los procesos de legalización por la vía judicial, de forma que se eviten largos procesos que bloqueen la acción de las autoridades del agua; o evitar las vías judiciales para la resolución de peticiones de concesión de uso privativo de aguas subterráneas, entre otras.
La segunda, mejorar y dotar de medios a las autoridades del agua para la explotación de las redes de seguimiento de los piezómetros, la implantación de contadores de lectura remota y a tiempo real, y el seguimiento del uso del agua mediante teledetección, con el fin de controlar todas las extracciones de los acuíferos y evitar la concesión de derechos de uso de agua privativos por encima de los recursos disponibles.
La tercera, actualizar de manera automática y coordinada los datos del Catastro, el Registro de la Propiedad y el Registro de Aguas en una Infraestructura de Datos Espaciales accesible públicamente.
Por último, la asociación conservacionista propone coordinar e integrar de manera coherente el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Hábitat en el diseño de políticas agrarias (PEPAC, Plan estatal de regadío, etc.) a nivel de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Peticiones al Ministerio y las consejerías de Agricultura
WWF propone medidas como evitar la concesión de derechos de uso de agua privativos por encima de los recursos disponibles
WWF propone elaborar un nuevo Plan Estatal de Regadíos que incorpore las actuaciones estatales y autonómicas y se someta a evaluación ambiental estratégica. Colaborar con la Administración competente en el control y penalización del uso ilegal del agua en agricultura, entre otras a través de la mejora en la aplicación y el seguimiento de la condicionalidad de las ayudas PAC, tal y como señala el Tribunal de Cuentas Europeo.
Otra medida consistiría en mejorar los protocolos públicos de calidad como las normas de producción integrada o los pliegos de calidad de las Denominaciones de Origen, mediante la inclusión del uso legal del agua y del suelo como requisito obligatorio.
La organización insta también la creación de un Observatorio estatal del Regadío que asegure la gobernanza y participación de la sociedad civil, y proporcione información adecuada sobre evolución del regadío, consumo de agua, resultado de inversiones en modernización, entre otras cosas.
Asimismo, pide garantizar su coordinación con la Administración de Minas (nacional y autonómica) en los procesos de autorización de permisos de investigación de acuíferos mediante sondeos, de forma que en todo momento se conozca la intervención en el territorio y se activen los protocolos de seguimiento tras el posible alumbramiento de las aguas subterráneas.
Por último, demanda garantizar su coordinación con la Administración de Industria sobre la gestión de contadores y la introducción de los mecanismos de lectura remota y de inviolabilidad de las mediciones, y realizar campañas junto con los sectores agrarios para combatir el uso ilegal de los recursos hídricos y favorecer las prácticas sostenibles.
