
Julio Rodríguez López
Durante más de quince años, apenas he faltado a mi cita quincenal con la revista semanal El Siglo de Europa. En los trabajos publicados en dicha revista he tocado sobre todo cuestiones relativas a la coyuntura y política económica, así como la situación del mercado de la vivienda en España y la política de vivienda.

El parque de viviendas de España es de los de mayor dimensión de Europa, a pesar de lo cual hay un serio problema de acceso a la misma
Coincide el término de la vida de dicha publicación con el resultado electoral del 23 de julio de 2023, resultado que para muchos implica un alivio, puesto que se elimina la posibilidad de que el partido ultraderechista Vox pudiese acceder a responsabilidades en el gobierno estatal. De entre los numerosos aspectos de Vox que resultan de más difícil digestión destaca la posición de dicho partido ante la cuestión medioambiental y el ultraliberalismo que defiende, en el que la reducción de impuestos es la piedra angular de su política.
Volviendo a la vivienda, durante la pasada campaña electoral el tema ha sido citado con frecuencia, aunque las propuestas realizadas han tenido escasa incidencia en la opinión pública. En este momento el problema de la seria dificultad de acceso al disfrute de una vivienda tiene un elevado alcance. La positiva evolución de la economía española ha reforzado el ritmo de creación de nuevos empleos, pero los niveles salariales dominantes a duras penas permiten acceder al disfrute de una vivienda sea en propiedad o en alquiler.
La subida de los tipos de interés en 2022 y 2023 ha complicado la vida a numerosos hogares, en especial a los que compraron vivienda con un préstamo a interés variable, pues los incrementos del Euribor, el principal índice de referencia de dichos préstamos, ha encarecido de forma sustancial el importe de la cuota mensual de amortización de los préstamos.
El que la competencia en materia de vivienda sea competencia exclusiva de las comunidades autónomas complica la solución al problema. El Estado es la principal fuente de recursos a efectos de política de vivienda, y está por ver si las comunidades autónomas destinan el dinero aportado por el gobierno al objetivo de facilitar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes hogares. La recientemente aprobada ley de vivienda abre posibilidades, sobre todo de crear parques públicos de vivienda social. Algunas autonomías han declarado expresamente su oposición a la posibilidad de establecer controles a los precios de los alquileres. Los hogares con salarios reducidos sólo pueden acceder al alquiler privado, y la reducida dimensión del parque de viviendas de alquiler en España provoca unos precios del alquiler que resultan prohibitivos para la mayor parte de los hogares.
Por estos días se han publicado los resultados del Censo de Viviendas de 2021, estadistica hasta ahora decenal, elaborado por el INE a partir sobre todo de los datos del Catastro y de las declaraciones a Hacienda a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Según dicha fuente estadística, en España hay 26,6 millones de viviendas y 18,5 millones de hogares.
Hay, pues, 8,1 millones de viviendas no principales (secundarias y vacías). A través del consumo de electricidad, el INE ha estimado que el total de viviendas vacías superaba en 2021 los 3,8 millones de viviendas, bastantes de las cuales están situadas en ciudades y pueblos con creciente despoblación. En los últimos diez años ha crecido el número de viviendas de alquiler, que suponen el 16,1% de las viviendas principales, proporción inferior a la correspondiente a la media de países de la Unión Europea. El parque de viviendas de España es de los de mayor dimensión de Europa, a pesar de lo cual hay un serio problema de acceso a la vivienda.
Nunca es una noticia agradable la desaparición de un medio de comunicación. El Siglo ha desempeñado un papel digno informando cada semana de los temas de mayor actualidad política y también ha estado atento a las cuestiones económicas. Echaré de menos dicha revista y también mi prolongada cita temporal con la misma.
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.