Alba del Prado
En España no hay elecciones autonómicas sin ‘guerra del agua’. Aunque la primera, la que enfrenta a Emiliano García-Page con otro socialista, el valenciano Ximo Puig, y con el ‘popular’ murciano Fernando López Miras, está servida, el foco político se centra ahora en Andalucía. Su presidente, Juan Manuel Moreno, ha querido dar su particular apoyo al nuevo líder de su partido, el gallego Alberto Núñez Feijóo, con una propuesta para legalizar los ilegales pozos que dañan -algunos de forma irreversible- los acuíferos del Parque de Doñana, considerado la mayor reserva ecológica de Europa. Ni corto ni perezoso, el candidato del PP a la presidencia castellanomanchega, Francisco Núñez, no solo apoya la iniciativa, sino que ha añadido una similar a su listado de 2.244 medidas con las que pretende desbancar a Emiliano García Page y acceder al sillón del toledano Palacio de Fuensalida. Núñez anunció también que legalizará los pozos ilegales del acuífero que alimenta otro Parque Nacional, el de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).
En su afán por recoger ‘lo mejor de cada casa’ la derecha española también se hace eco del negacionismo climático de sus homólogos internacionales. En Vox se les da por supuesto vista la trayectoria de los últimos años, aunque en el PP tampoco faltan herederos ambientales de Donald Trump o Jair Bolsonaro.
En esa línea, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, aupado sobre la mayoría absoluta con la que ha revalidado su cargo al frente de la Junta, parece haber hecho suya la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para convertir cualquier hecho, incluidas sus propias decisiones, en arma arrojadiza contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Lejos de vigilar la adecuada conservación de la que está considerada como la mayor reserva ecológica de Europa, Moreno, aupado a la mayoría absoluta con la que renovó su mandato al frente de la Junta en junio pasado, ha puesto en marcha la tramitación de una ley autonómica por la que los regadíos ilegales que se realizan en la actualidad pasen a estar autorizados. Una iniciativa en la que cuenta con el apoyo total delos ultraderechistas de Vox.
Eso, de facto, supone la ampliación de los regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana. Según los cálculos del Fondo Mundial para la Naturaleza, más conocido como WWF, el área de cultivos ilegales que se podrá regular en el entorno de Doñana sería de hasta 1.903,7 hectáreas frente a las 700 hectáreas que calcula la Junta de Andalucía. Eso equivale a ampliar los regadíos en una superficie equivalente a 2.000 campos de fútbol.
El sonado triunfo del PP andaluz en las últimas elecciones autonómicas ha hecho crece de forma ostensible el peso político del líder andaluz dentro del propio Partido Popular. Tanto que, incluso ha creado escuela: El candidato a presidir la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Francisco Núñez. El presidente del PP castellanomanchego no solo ha aplaudido la Proposición de Ley de Moreno, sino que, incluso ha anunciado que la imitará. «Lo que estás haciendo en Doñana -dijo- es cumplir tu palabra, pensar en los agricultores andaluces, trabajar por que el agua sea elemento de progreso y evitar guerras que no llevan a ningún sitio. Eso quiero hacer yo en Castilla-La Mancha”.
«Ese es el camino, regularizar las situaciones en situación de irregularidad y trabajar en un acuerdo nacional del agua, que trae prosperidad, empleo y oportunidades. Conmigo en el Palacio de Fuensalida tendréis un aliado para hablar del agua desde las inversiones», ha aseverado.
Núñez, que basa en el campo el eje de la campaña con la que espera relevar a Emiliano García Page, aseguró que: «Los agricultores, los ganaderos y la industria agroalimentaria que está teniendo perdidas como consecuencia de la sequía necesitan las ayudas directas de manera urgente» y por ello, «hay que poner encima de la mesa el fondo económico necesario y extraordinario para paliar los daños de sequía al agricultor, al ganadero y compensar las pérdidas de la industria agroalimentaria, las cooperativas y bodegas de Castilla-La Mancha que no pueden sacar adelante sus productos como consecuencia de la sequía», ha dejado claro.
Rechazo internacional
Preocupada por los efectos de esa ley autonómica, la Comisión Europea se reunió, a principios de semana, con el gobierno andaluz. Tras la misma, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, calificó el proyecto de ley como «una violación flagrante de la legalidad comunitaria».
Sinkevicius advirtió además al consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, de que no dudara de que la Comisión Europea adoptaría medidas, incluyendo sanciones pecuniarias, e insistió en que hay una sentencia que ejecutar: la proposición de ley -vino a decir- es contraria a esa sentencia, y no hay margen de interpretación posible. La sentencia hay que aplicarla ya que “podría degradar el humedal».
Bruselas y la Unesco advierten -cada una a su modo- de las consecuencias del proyecto legal del gobierno de Moreno Bonilla. La Comisión Europea amenaza con sancionar a España si sale la ley
La reunión se saldó con un más que cuestionable comunicado oficial de la Junta en el que sugería que Europa apoyaba su iniciativa y en un contundente comunicado del comisario Sinkevicius donde ponía los puntos sobre las íes: «la proposición de ley no iba en la línea adecuada». Es más, Bruselas amenaza con sancionar a España si esa ley sale adelante.
Incluso organismos intencionales como la Unesco han tomado cartas en el asunto. Doñana es Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Y por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reclama a España, desde hace dos años, un plan de acción para cerrar los pozos ilegales de Doñana. Respecto a la ley que proyecta el Ejecutivo andaluz, la Unesco ha asegurado estar al tanto de lo que ocurre y se ha mostrado «preocupada».
Vistas estas reacciones, el PP ha movilizado a sus tropas en Europa (el Partido Popular Europeo -PPE-) para acusar al Comisario de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius -miembro la Unión de Campesinos y Verdes Lituanos- de “hacer campaña para Pedro Sánchez” por sus advertencias respecto a la regularización de cientos de hectáreas de cultivos de regadío en el entorno de Doñana.
La operación, una muestra más de la falta de sutileza diplomática de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, ha hecho reaccionar a la propia presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula von der Leyen (y miembro del PPE).
Un día después del exabrupto lanzado por el líder del PPE, el alemán Manfred Weber, el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, aseguraba, contra las críticas ad hominem, que “Von der Leyen tiene confianza en todos sus comisarios”. En un nuevo esfuerzo por institucionalizar el trabajo del gobierno de la Unión Europea, Mamer aseguraba tajantemente que: “La Comisión está cumpliendo su papel de gestión de un expediente en base a la legislación en vigor, hay decisiones de la justicia en esta materia, y se mantiene estrictamente en su papel institucional”, ha declarado.
El ‘estilo Ayuso’ se extiende en el PP
La ‘ayusización’ de Juanma Moreno tuvo su particular episodio dorado en el modo en que reaccionó ante el mentís sin atributos que el comisario de Medio Ambiente hizo a las primeras declaraciones del portavoz de la Junta.
Al más puro estilo de la presidenta madrileña y líder ideológico del PP, el portavoz del gobierno andaluz y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, negaba que la Junta tenga intención de retirar la ley que apoya Vox.
Lejos de ello, añadía que: «Lo grave es, me parece, que, en cinco días, un comisario nos dé una reunión y la vicepresidenta [Teresa Ribera] se niegue a recibirnos”. Fernández-Pacheco insistía, al más puro estilo Ayuso, que: «Me gustaría poder sentarme con el secretario de Estado de Medio Ambiente. No tengo intención de hacer perder el tiempo, queremos hablar para contrastar ideas. Si el comisario habla con nosotros por qué no habla la señora Teresa Ribera. Claro que queremos hablar porque estamos dispuestos a escuchar».
¿Y los ultras? Vox hace bandera del conflicto tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha.
El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, mantiene que «lo vamos a decir todas las veces que sea necesario y si el Gobierno no nos recibe pues habrá que acampar en la puerta del Ministerio hasta que baje un funcionario y nos atienda», ha añadido.
Gavira ha asegurado que su formación no va a ceder “ni a los chantajes de Bruselas ni de Sánchez, que ahora se le llena la boca hablando del Comité Superior de Investigaciones Científicas”. «Nosotros no vamos a dar la batalla por perdida y vamos a acompañar a los agricultores y ganaderos. Ya es hora de que la gente empiece a ser consecuente con sus planteamientos, el campo se nos muere y las administraciones van en esa dirección y nosotros no lo vamos a consentir», ha afirmado.
Cierre de pozos
El Gobierno, por su parte, ha pedido la retirada inmediata del proyecto de ley a través de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha recordado la intención del Gobierno de tener cerrados todos los pozos del entorno del parque en 2025.
El Gobierno mantiene que cerrará todos los pozos antes de 2025. Para ello cuenta con el Marco de Actuaciones para Doñana dotado con 356 millones de euros
La medida está incluida en el Marco de Actuaciones para Doñana, presentado el 30 de noviembre ante alcaldes, representantes de asociaciones agrarias, ecologistas y expertos científicos, y el Consejo de ministros la ha actualizado este martes.
El plan, dotado con 356 millones de euros, tiene como objetivo revertir la degradación ambiental del Parque Nacional de Doñana para recuperar su funcionamiento ecológico con medidas a corto y medio plazo en áreas esenciales. Ribera asegura que se trata del “único espacio natural español que cuenta con todas las figuras de protección a nivel internacional, incluida la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1994″.
Por su parte, el PSOE prefiere ver y dejar hablar. Su portavoz parlamentario, Patxi López, ha asegurado que «no se puede por electoralismo adoptar decisiones que la poca agua que queda acabe secando definitivamente Doñana».
