Pedro Sánchez ha aprendido de los aprietos políticos que sufrió en la primera ola de la pandemia. Con el nuevo decreto del estado de alarma regatea la agonía parlamentaria de prorrogarla cada 15 días, proporciona un marco común para toda España, como demandaba el PP, y traspasa la responsabilidad y buena parte del desgaste político a las comunidades autónomas. Un camino federalizante con el que satisface a sus socios del PNV y ERC y a muchos presidentes socialistas, con Ximo Puig a la cabeza, pero con el que, de momento, no consigue dejar sin margen de acción a una Isabel Díaz Ayuso que se desmarca de las restricciones generales y sigue buscando el choque frontal con el Gobierno. La única incógnita es si las restricciones que recoge el decreto serán suficientes, y conseguirán evitar un confinamiento como el de marzo, a la vista de las medidas que ya están tomando Francia o Alemania.
A lo largo de la primera ola de la pandemia, había una queja común por parte de los presidentes autonómicos: que Pedro Sánchez los utilizaba como meras comparsas. Las Conferencias de Presidentes eran habituales, sí, pero solían realizarse un día después de que el presidente del Gobierno anunciara las medidas que ya había tomado. Es decir, eran reuniones meramente informativas.
Moncloa parece haber captado el mensaje y ha abierto la puerta a una vía federalizante que no se limita a la gestión de la pandemia. No hay que olvidar que, esta misma semana, la XXII Conferencia de Presidentes debatía cómo se van a gestionar y ejecutar los fondos europeos. Y lo hacía en una cita en la que también estaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Es decir, al menos de manera coyuntural y simbólica, España se presentaba ante Europa como un Estado federal, de soberanías conjuntas.
Buenas noticias para el ahora president en funciones, Pere Aragonès, una de las voces más firmes en reclamar una verdadera cogobernanza durante la primera oleada. De hecho, la escasa participación de las comunidades en la gestión de la pandemia fue una de las principales razones por las que ERC se desmarcó de las últimas prórrogas del estado de alarma en mayo. Con Quim Torra inhabilitado, la Generalitat he dejado atrás el clima de crispación y se ha colocado a la vanguardia de las medidas restrictivas en toda España. Se han cerrado bares y restaurantes y Cataluña fue una de las primeras comunidades en solicitar el estado de alarma y el toque de queda.
ERC ha sido el grupo sobre el que ha gravitado la negociación sobre el decreto de prórroga del estado de alarma. Han sido los republicanos los que han propuesto que Sánchez comparezca cada dos meses en el Congreso para rendir cuentas. Una idea que el Gobierno ha comprado, junto con el compromiso de revisarlo dentro de cuatro meses, y con la que el Ejecutivo ha conseguido aprobar el texto con un amplio apoyo, con la abstención de PP y EH Bildu y el voto en contra de Vox.
Hilo directo con el lehendakari Urkullu
La entente con la Generalitat augura buenas perspectivas para la aprobación de los Presupuestos, a corto plazo, y la estabilidad de la legislatura, a largo. Las mismas buenas sensaciones para Moncloa emite el gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu, que ha venido colaborando con el Ejecutivo desde el arranque de la pandemia. Incluso cuando Sánchez decidió centralizar la gestión de la crisis, en marzo, Urkullu expresó su desacuerdo en las reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos, pero acató las órdenes con buena disposición. El momento más crítico en la relación con Vitoria tuvo lugar cuando el Gobierno decidió endurecer el confinamiento y cerrar todos los servicios no esenciales. Pero la presión del PNV fue atendida y, tras la entrada en vigor del decreto, el Ministerio de Industria publicaba una “nota interpretativa para el sector industrial” en la que abría la mano para que ciertas actividades como la siderurgia o la química -de mucho peso en la economía vasca- pudieran seguir funcionando.
Desde entonces, ha habido hilo directo entre la Moncloa y la lehendakaritza, hasta el punto de que el equipo del presidente ha cerrado ciertos compromisos presupuestarios al margen de Hacienda, concretamente sobre el aumento de los impuestos al diesel, que está recogido en el borrador del PGE, pero que tiene muchas papeletas para caerse -o verse seriamente modificada- en la tramitación parlamentaria. El último capítulo de esta buena relación se ha podido ver con la prórroga del estado de alarma, en cuyo decreto el Gobierno ha aceptado incluir la enmienda del PNV que pedía que los llamados enclaves, como el Condado de Treviño, reciban el mismo tratamiento frente a la pandemia que la provincia circundante.
La federalización de las responsabilidades
Al margen de la convicción federal que pueda albergar el presidente, el nuevo enfoque por el que ha optado el Gobierno tiene consecuencias prácticas a corto plazo, con la capacidad de liberarlo de la trampa que le ha tendido Génova y, en especial, Isabel Díaz Ayuso. Una trampa que, para sorpresa de alguno en Moncloa, dejaba a la presidenta madrileña como la principal damnificada de cara a la opinión pública.
Por ejemplo, un sondeo de NC Report para La Razón publicado a principios de octubre señalaba que el 41% de los madrileños considera que la gestión de Díaz Ayuso ante la pandemia está siendo buena o muy buena, frente al 32% que la ve mala o muy mala. Y casi el 50% entiende que Sánchez ha puesto en marcha una “campaña” contra Madrid. Otra encuesta, de Sociométrica para El Español, señalaba que el 55% de los madrileños -y de los españoles- rechazaba el estado de alarma ad hoc para Madrid y que la mayoría de los madrileños, el 41% señalaba a Sánchez como el principal responsable de haber llegado a esa situación, por el 30% que acusaba a Ayuso. Y en una tercera, de DyM para 20 Minutos, la presidenta madrileña suspendía en su gestión de la pandemia, con una nota del 3,4, pero Sánchez no salía mejor parado, se quedaba con un 3,6.
Las contradicciones de Núñez Feijóo
En este escenario, el Gobierno ha decidido escapar del pulso madrileño diluyendo la gestión entre todas las comunidades. El primer paso, la aprobación, en el Consejo Interterritorial de Salud, del documento que fija las medidas a tomar, según varios umbrales de incidencia epidemiológica, en cuatro escenarios diferentes, de mayor a menor riesgo. A partir de ahora, no debería haber más dudas sobre qué decisiones tomar. El segundo paso, el decreto del nuevo estado de alarma, que se limita casi en exclusiva a dar cobertura jurídica a las medidas de restricción que decidan tomar las comunidades en los próximos seis meses.
Esta estrategia tiene la ventaja de fomentar las contradicciones entre los propios presidentes del PP. Por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo ha tratado de guardar un equilibrio entre respetar las directrices de Génova, marcar perfil propio y respetar las medidas sanitarias que ha recomendado Sanidad y han adoptado la mayoría de las comunidades. No hay que olvidar que Galicia fue de las primeras comunidades en volver a decretar confinamientos -este verano, en la comarca de A Mariña, en Lugo, cerrando incluso el ocio nocturno- y que ha sido una de las comunidades con mayor capacidad de rastreo y con unos niveles de incidencia más bajos.
Núñez Feijóo, sosteniendo la posición oficial del PP, ha rechazado el estado de alarma y ha apostado por una reforma de la legislación ordinaria que permita implementar restricciones de la movilidad. Pero este equilibrismo dialéctico le ha llevado a afirmar que “no se opondría” a restricciones de la movilidad nocturna, pero sin llamarlo toque de queda y sin la proclamación del estado de alarma, lo que hoy por hoy se antoja jurídicamente imposible.
López Miras y Fernández Mañueco, cerca del Gobierno
Al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, no le han dolido prendas en desmarcarse de sus compañeros de partido en las votaciones del Consejo Interterritorial y aplicar importantes restricciones de movilidad
El murciano Fernando López Miras, que gobierna en coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox -como Díaz Ayuso, en Madrid, y Juanma Moreno, en Andalucía- es quizá el mejor ejemplo de cómo algunos presidentes populares han tenido complicado casar la estrategia de tierra quemada con el gobierno, los deseos de sus socios y la realidad epidemiológica. Así, tras demandar, como muchos otros barones, no sólo del PP, un marco común para toda España, el consejero de Sanidad murciano se abstuvo en el Consejo Interterritorial de Salud cuando Salvador Illa, ante la rebelión de Madrid de cara al puente del 12 de octubre, sometió a votación unos criterios comunes para el confinamiento en las grandes ciudades. Se abstuvo en primera instancia, porque, tras la reunión, solicitó a Illa poder cambiar el sentido de su voto y alinearlo con el ‘no’ del resto de las comunidades presididas por el PP. Todas, salvo Castilla y León.
Al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, no le han dolido prendas en desmarcarse de sus compañeros de partido en las votaciones del Consejo Interterritorial y aplicar importantes restricciones de movilidad. Mientras Díaz Ayuso forcejeaba con el Gobierno por si era pertinente o no, confinar por municipios, Fernández Mañueco cerraba varias localidades y algunas capitales de provincia, como Palencia.
Por su parte, a López Miras ha terminado por cambiarle el paso la propagación de la pandemia en la última semana, llegando a pedir el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para aplicar un toque de queda, a pesar de que pocos días antes subrayaba que era una decisión que le correspondía al Gobierno central y debía tomarse con el “acuerdo, consenso y la participación de todas las comunidades”. Ya proclamado el estado de alarma, López Miras ofrecía “lealtad con el Gobierno de España”, unas palabras prácticamente inauditas en un dirigente del PP.
No hay que desdeñar el efecto que en esta posición hayan tenido sus socios de Ciudadanos en el Gobierno, al igual que en la de Juanma Moreno en Andalucía. Su vicepresidente, Juan Marín, apoyó la declaración del estado de alarma para la Comunidad de Madrid porque “el Gobierno de España intenta, y creo que con buen criterio, salvar vidas y dar cobertura jurídica y legal”. Y ahora, antes de la publicación del actual decreto del estado de alarma, Marín dejaba claro que veía “oportuna y necesaria” la medida. Eso sí, el ‘efecto Ciudadanos’ ha sido nulo hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Por mucho que Ignacio Aguado ha mostrado en público sus diferencias, la presidenta ha seguido en sus trece.
Asediando Madrid
En el nuevo escenario diseñado por el Ejecutivo, serían el resto de comunidades las encargadas de sofocar el pulso de Díaz Ayuso. Con el Consejo Interterritorial como foro decisorio, lo allí acordado compromete a todas las comunidades y deja sin espacio a las que pretendan ir por libre o buscar un estatus especial, como pretende Madrid. A corto plazo, esa tarea quedaba en manos de las dos Castillas, y de sus presidentes, el popular Fernández Mañueco y el socialista Emiliano García Page, con los que la presidenta madrileña ha establecido una cierta unidad de acción. De hecho, la Comunidad de Madrid sólo empezó a adoptar algunas restricciones, con confinamientos por zonas sanitarias, presionada por Castilla-La Mancha y Castilla y León, tras la reunión que los tres presidentes mantuvieron en septiembre.
El miércoles, Díaz Ayuso, García Page y Fernández Mañueco se citaban en Ávila para acordar medidas comunes de cara los dos puentes que se afrontan en Madrid, con los lunes festivos del 2 y 9 noviembre. Según se ha explicado desde los gobiernos de las dos Castillas, había un acuerdo para poner en marcha un cierre perimetral en esos dos fines de semana largos. Pero saltó la sorpresa. En TVE, Fernández Mañueco explicaba que, en la reunión, a la presidenta madrileña le parecía bien cerrar, sí, pero que prefería hacerlo sólo los puentes, “pero claro, le hemos recordado que el decreto del estado de alarma establecía un periodo mínimo de siete días”.
Ya en rueda de prensa conjunta, Díaz Ayuso anunció, ante la estupefacción de Fernández Mañueco y García Page, que iba a enviarle una carta al presidente del Gobierno para que modificara el decreto y le permitiera ese cierre por días. García Page, en la Ser, subrayaba que la normativa vigente indica que los confinamientos deben de ser de al menos siete días naturales, una medida que “no es caprichosa ni política” sino que se ampara en cuestiones científicas y médicas. Además, recordaba la contradicción en la que incurría Ayuso, porque cuando la Comunidad de Madrid ha dictado confinamientos parciales en determinadas localidades y barrios lo han hecho por 14 días: “Podemos regular las restricciones por cuartos de hora, pero no tiene base científica y jugamos al desconcierto de la opinión pública. No tiene sentido”.
Puig y Barbón, a la cabeza de la gestión de la pandemia
Entre las autonomías con presidentes socialistas, son dos las que se han llevado los mayores elogios por su gestión de la pandemia: Asturias y la Comunidad Valenciana. La región liderada por Adrián Barbón es la que ha mantenido incidencias más bajas a lo largo de estos meses, muy inferiores a la media española y ha estado entre las que más rápidamente ha decretado restricciones cuando han empezado a aumentar los casos. Y lo mismo cabe decir para la autonomía presidida por Ximo Puig. Asturias y la Comunidad Valenciana son las dos únicas regiones que aprueban, junto a Extremadura, presidida por Guillermo Fernández Vara, y Murcia, en la encuesta a expertos y profesionales sanitarios realizada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Sostenido por esta solvente gestión de la pandemia, Ximo Puig está consolidando la vertiente federalista del PSOE, de perfil mediterráneo, junto a la balear Francina Armengol, que también está atravesando la pandemia con una buena valoración en las encuestas. Eso sí, está por ver cómo le termina afectando que tuviera que reconocer que estaba en un bar de copas, con algunos de sus colaboradores, pasada la una de la mañana, la hora obligada de cierre hace unos días. Puig y Armengol van a llegar de la mano a la negociación del nuevo marco de financiación autonómica, en el que ambos exigen que prime el criterio de población para el reparto de fondos.
En mérito de Puig está el hecho de que, en los tiempos que corren, ha conseguido cerrar acuerdos amplios con la oposición, en el plan de reconstrucción, y con la patronal y los sindicatos. Aunque esa capacidad de entendimiento no es patrimonio exclusivo del presidente valenciano, ya que fuera del ruido madrileño parece relativamente sencillo alcanzar acuerdos entre gobierno y oposición. Lo ha conseguido también el presidente aragonés, Javier Lambán, que además ha coordinado una comunicación fluida con el alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón.
El enésimo desafío de Díaz Ayuso
El jueves por la mañana, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explicaba que el Ejecutivo no modificaría el decreto del estado de alarma para reducir el plazo de los confinamientos perimetrales como así había solicitado la presidenta de la Comunidad de Madrid. En declaraciones a los medios, Calvo acusaba a la dirigente madrileña de actuar “de forma calculada para crear confusión”. “La única posición que es capaz de mantener es la de hacer lo contrario de lo que propone el Consejo Interterritorial, el Gobierno de España y otras comunidades autónomas”, ha lamentado.
Sin embargo, ya por la tarde, se conocía que el Gobierno permitía a Madrid echar el cierre sólo los puentes. Un extremo que filtraban desde el Ejecutivo madrileño a lo largo del día, señalando que el ministro Illa le había dado su consentimiento al consejero de Sanidad madrileño en una conversación telefónica. De momento, Sánchez ha conseguido regatear el enésimo desafío de la presidenta madrileña. Habrá que ver si el nuevo marco jurídico para la gestión de la pandemia evita la estrategia del choque frontal por la que ha optado Díaz Ayuso.
