Cristina Narbona
Mi experiencia personal en relación con las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) había sido, hasta ahora, muy satisfactoria –a pesar de que, en algunos casos, el Alto Tribunal no había aceptado parte de nuestros argumentos: por ejemplo, respecto del contenido de la reforma de la Ley Costas llevada a cabo durante el mandato de Rajoy–.
Mencionaré sólo tres resoluciones plenamente coincidentes con mis recursos:
En primer lugar, la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobada en 2001, permitía la urbanización masiva de 14.000 hectáreas del litoral clasificadas como Espacios Naturales Protegidos. El TC aceptó el recurso que presentamos desde el grupo parlamentario socialista, elaborado por el catedrático Luciano Parejo, y resolvió a nuestro favor anulando la correspondiente disposición. Eso sí, once años más tarde. Afortunadamente, muchos de los proyectos previstos, por ejemplo Marina Cope, no llegaron a desarrollarse por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
La ciudadanía merece sentirse amparada por el TC en el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución. La integridad y el buen funcionamiento de las instituciones públicas son un requisito indispensable para mantener el Estado social y democrático de derecho
Después, siendo ministra de Medio Ambiente (2004-2008), se aprobó una reforma de la entonces vigente Ley de Montes, introduciendo la consideración de los agentes forestales como “agentes de la autoridad”, lo que les permitía entrar en fincas privadas sin una autorización judicial, cuando apreciasen riesgos (incendios, delitos contra la fauna y la flora…). La Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre, aprobó una ley autonómica en la que impedía dicha actividad de los agentes forestales. Recurrimos desde el ministerio y la respuesta del TC fue inmediata a favor de la prevalencia de la ley estatal.
Por último, en ese mismo período, tuve que pedir el amparo del TC para iniciar la construcción de la desaladora de Torrevieja, paralizada por el ayuntamiento (obviamente con alcalde del PP…, a pesar de que con posterioridad dicha desaladora fue ampliada por el gobierno de Rajoy). En este caso obtuve rápido amparo, con una respuesta “cautelarísima” del TC.
Así que, ahora, como vicepresidenta del Senado, he vivido con estupor y disgusto la polémica decisión del TC, que nos impidió debatir y votar en la Cámara Alta la proposición de Ley que incluía medidas para desbloquear la renovación de dicho Tribunal.
Evidentemente mi opinión es subjetiva, como afectada directamente por dicha decisión: pero coincide con la de numerosos expertos, con la Fiscalía del propio TC, con la expresada en los votos particulares de sus cinco magistrados discrepantes…, y queda perfectamente explicada en el escrito remitido desde el Senado, elaborado por la letrada mayor de las Cortes.
Se ha tratado de un hecho inédito y gravísimo, que no debería contaminar la credibilidad de este órgano, sino exclusivamente la de los seis magistrados responsables de dicha decisión, dos de ellos manifiestamente recusables.
La ciudadanía merece sentirse amparada por el TC en el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución. La integridad y el buen funcionamiento de las instituciones públicas son un requisito indispensable para mantener el Estado social y democrático de derecho, construido a partir de la Carta Magna tras cuarenta años de dictadura: y nada es irreversible. Lo sucedido hace dos años en el Congreso de Estados Unidos, y ahora en Brasil –en ambos casos intentando derrocar de forma violenta poderes democráticos legítimos–, nos obliga a extremar el respeto a las normas, la evaluación de las políticas públicas y la correspondiente exigencia de rendición de cuentas.
No hay nada más corrosivo para la democracia que la percepción de “desamparo” provocada por el abuso o la desviación de poder. Ojalá lo acaecido en España con el TC sea un hecho aislado; y ojalá sus próximas decisiones se adopten sin la participación en las mismas de ninguno de sus miembros susceptibles de recusación , y, por supuesto, conforme a los principios establecidos en la Constitución.
Resulta cada vez más urgente combatir la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones públicas si queremos evitar la deriva , ya evidente en otros países, hacia regímenes autoritarios: regímenes que en absoluto amparan los derechos de sus ciudadanos.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
