A.A.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para determinar si hay indicios de delito en el contrato para la compra de mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de Isabel Díaz Ayuso. La investigación se abre tras tres denuncias presentadas por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. El contrato sospechoso es una adjudicación a la empresa Priviet Sportive S. L., encabezada por un amigo de la infancia de la familia Díaz Ayuso y por el que su hermano mayor, Tomás, cobro, al menos, 55.000 euros, según reconoció la propia presidenta de la Comunidad.
Según ha informado la Fiscalía las denuncias se limitan a solicitar la apertura de diligencias para esclarecer los hechos. Los escritos presentados no formulan imputaciones de manera directa. Apuntan a indicios de delitos de corrupción como la prevaricación, el tráfico de influencias, las negociaciones prohibidas a los funcionarios o malversación de caudales públicos. Pese a la “falta de concreción” Anticorrupción considera «procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados».
El fiscal jefe subraya que, con los elementos que tiene actualmente en las manos, no cuentan con “indicios razonablemente verosímiles” de la implicación de la jefa del Gobierno madrileño en los hechos, así como “de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo”. Sin embargo, ha insistido en la importancia de esclarecer la situación pues la adjudicación del contrato se dio en un “momento singularmente difícil para la población madrileña».
El Gobierno madrileño otorgó en abril de 2020 un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros a esta empresa para la compra de mascarillas. Las primeras sospechas nacieron del pagó de 55.000 euros más IVA que Tomás Díaz Ayuso recibió de Priviet Sportive. La presidenta de la comunidad aclaró el pasado viernes que este cobro se daba por “las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”. Recalcó que en ningún caso se trataba de una comisión por obtener un contrato con la Administración regional.
