L.M.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde en los últimos días a la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductividad, que regula el aborto voluntario, y a la conocida como Ley trans, que permite la autodeterminación de género sin aprobación judicial ni médica.
Con 190 votos a favor, 154 en contra y 5 abstenciones la Cámara baja ha dicho sí a la sanidad pública como referencia para la interrupción voluntaria del embarazo, la garantía de una educación sexual para todas las etapas de la enseñanza obligatoria, la incorporación de la salud menstrual como derecho y la devolución de la capacidad para decidir de forma autónoma si quieren o no abortar a las mujeres de 16 y 17 años y aquellas con alguna discapacidad.
Los votos en contra pertenecen a los representantes de Vox, el Partido Popular y Ciudadanos. Vox ha justificado su decisión alegando, como hizo ya en una sesión sobre la misma cuestión, celebrada a de finales de septiembre, que el aborto es “un atentado para la vida”. Por su parte, el PP se ha posicionado en contra de las bajas por reglas incapacitantes, la retirada de los tres días de reflexión o de las entregas a las mujeres que van a interrumpir el embarazo de sobre con información sobre ayudas a la maternidad.
Por el contrario, las formaciones de izquierda han defendido la modificación de forma unánime. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho durante su intervención en la Cámara que “esta ley es un ejemplo de la fuerza de la democracia, de cómo la organización popular, el movimiento feminista, impulsa derechos que hacen avanzar a nuestro país”.
En cuanto ala Ley trans, la norma ha tenido el visto bueno del Congreso con similar mayoría y con la abstención de la exministra y diputada socialista Carmen Calvo, que ha encabezado la oposición de las feministas ‘clásicas’ del PSOE a la libre autodeterminación de género sin intervención de jueces o médicos en menores de edad.
Ambas normas deberán pasar ahora su trámite en el Senado para ser aprobadas definitivamente.