Con la constitución del Parlament, arranca la legislatura en la que Pere Aragonès deberá demostrar si es capaz de pilotar la nave de ERC por la senda posibilista de los últimos tiempos, al margen de las estrategias de confrontación con el Estado que manejan sus socios. Habrá que ver si los republicanos consiguen reconstruir puentes con un Junts que no va a renunciar a la hegemonía independentista tan fácilmente y con una CUP que apuesta por celebrar otro referéndum al final de la legislatura. Entre tanta incertidumbre, Aragonès y el resto de dirigentes de ERC tienen claro que, esta vez, son ellos lo que lideran el Govern y que, por muchas ganas que tenga Moncloa de jugar a la geometría variable con Ciudadanos, siguen siendo cruciales para articular mayorías en el Congreso.
Pere Aragonès, por fin, será president. Salvo sorpresa de última hora, ERC consigue lo que llevaba persiguiendo desde 2015, gracias a un acuerdo con Junts que, a pesar de todo, deja más dudas que certezas. No hay que olvidar que la relación entre ambas formaciones está muy deteriorada, que la convivencia en el Govern no ha reforzado las complicidades, al contrario, y que Junts va a vender muy cara la hegemonía en el independentismo, tanto a nivel discursivo y simbólico como orgánico, en la distribución de consejerías y cargos. Aragonès tendrá que casar la disparidad de intereses entre el conformarse con “avanzar” hacia la autodeterminación, según sus propias palabras, con la retórica procesista de Junts, que habla de “culminar el mandato del 1 de octubre”, y la apuesta de la CUP por otro referéndum al final de la legislatura.
No falta quien avisa de que encarar una nueva legislatura con otro gobierno de coalición con Junts puede ser una fórmula con un recorrido muy corto. Es el caso del exportavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que entiende que sería “un fracaso” y “un Vietnam diario”
No falta quien avisa de que encarar una nueva legislatura con otro gobierno de coalición con Junts puede ser una fórmula con un recorrido muy corto. Es el caso del exportavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que se ha posicionado en contra de esa fórmula porque entiende que sería “un fracaso” y “un Vietnam diario”. El problema es que las alternativas son prácticamente inexistentes, ya que Tardà aboga por formar un Govern en el que también estén la CUP y los comunes, a quienes pide que “den un paso adelante y se dejen de puñetas”, según ha afirmado en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.
Habrá un punto central en los desencuentros que ya se adivinan entre ERC y Junts: la mesa de diálogo con el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La mesa es una de las principales apuestas políticas de ERC, la gran vía de deshielo con un PSOE que ha abierto la puerta a los indultos y la reforma de los delitos de rebelión y sedición. La anterior convocatoria de esa mesa, que arrancó el verano pasado, terminó en un callejón sin salida por la fractura entre los socios del Govern y la inminencia del adelanto electoral. Pero también porque se adivinaban pocas posibilidades de acuerdo entre las dos partes, más allá de la voluntad de no volver a provocar un conflicto como el del otoño de 2017.
Sin salir de los márgenes de la Constitución, poco puede ofrecer Sánchez al margen de un nuevo sistema de financiación –que efectivamente el Ejecutivo pretender abordar esta legislatura- y algún tipo de cosoberanía en la gestión de los impuestos, con el impulso de la agencia tributaria catalana. De hecho, en 2017, el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ya esbozó su idea de cómo debería avanzar la financiación de las comunidades. En concreto, puso encima de la mesa la creación de un consorcio entre las agencias tributarias española y catalana. Una reforma en sentido federal para la “gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos”, explicaba en ese momento. La dirección del partido avaló la idea, señalando que está contemplada en el Estatut catalán. Por ahí caminarán las propuestas del Ejecutivo.
Más complicado será que al final del proceso de diálogo pueda efectuarse algún tipo de votación en Cataluña, como se ha indicado en alguna ocasión por parte del independentismo. La única posibilidad en este sentido será una reforma estatutaria, pero está por ver que abrir ese melón de nuevo sea una solución que pueda seducir a amplios sectores de la ciudadanía catalana, ya sean independentistas o no.
El ‘factor Puigdemont’, en manos del TJUE
“Las mesas de diálogo y negociación son imprescindibles si son realmente de diálogo y negociación. Es evidente que ahora no lo son”, afirma un Puigdemont que va a ser el principal factor de distorsión de la legislatura
La estrategia de Junts sobre la mesa la explicitaba esta semana Carles Puigdemont en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio: “Las mesas de diálogo y negociación son imprescindibles si son realmente de diálogo y negociación. Es evidente que ahora no lo son”. Un Carles Puigdemont que va a ser el principal factor de distorsión en el seno del Govern y en la relación entre el Govern y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De momento, el instructor del proceso del 1-O, Pablo Llarena, ha traslado varias cuestiones al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie y le marque el terreno de juego a los tribunales belgas que tienen que pronunciarse sobre su extradición. No hay que perder de vista que ya existe un mal precedente, el del ex conseller Lluís Puig, cuya extradición fue rechazada recientemente.
En su decisión sobre el antiguo responsable de Cultura en el Govern que organizó el 1-O, el Tribunal de Apelación de Bruselas confirmaba la sentencia que ya se había emitido en primera instancia contra la euroorden emitida por Llarena, considerando que el Supremo no es el tribunal competente para juzgarlo, que su proceso debería haberse llevado a cabo, en todo caso, en Cataluña. Y añade un elemento más: según su criterio, no está garantizada la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, hacía valer su papel en la gobernabilidad tras conocerse que el Parlamento Europeo retiraba la inmunidad a Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín y algunos miembros del Ejecutivo se felicitaban por ello. Rufián advertía al Gobierno y concretamente al PSOE, por haber votado a favor de retirar la inmunidad –Unidas Podemos votó en contra-: “Si siguen así lo acabaran celebrando en sus casas, y no en Moncloa”. “A ver si dejan de perseguir a demócratas y empiezan a hacer política”, ha apostillado.
El ‘caso Borràs’, nuevo frente procesista
Los republicanos están relativamente tranquilos porque saben que siguen siendo fundamentales, que la aritmética no engaña y que la formación liderada por Inés Arrimadas no puede relevarlos como socio estratégico del Gobierno.
En ERC no pierden de vista –como tampoco lo hacen en Unidas Podemos- que Moncloa lleva muchos meses tratando de jugar a la geometría variable con Ciudadanos. Y que el giro de Ciudadanos en Murcia -y habrá que ver si finalmente también en Madrid- va en esa línea. Pero los republicanos están relativamente tranquilos porque saben que siguen siendo fundamentales, que la aritmética no engaña y que la formación liderada por Inés Arrimadas no puede relevarlos como socio estratégico del Gobierno. Es algo que ya intentó Moncloa en la negociación de los Presupuestos y que terminó quedando en nada porque sin ERC –y sin EH Bildu, con la que los republicanos han tejido cierta unidad de acción, con Pablo Iglesias como ‘cómplice’-, los Presupuestos no salían. A Sánchez le conviene tender puentes con Ciudadanos para frenar el crecimiento del PP y para desatascar votaciones complejas en el Congreso, como la del estado de alarma. Pero el recorrido de esta opción es limitado, sencillamente porque Arrimadas y los suyos no tienen los escaños suficientes para sostener al Gobierno a largo plazo ni están en posición de crecer si se abren las urnas.
Habrá que ver, en cualquier caso, cómo de inmune son Aragonès y el resto de dirigentes de ERC a las tensiones que va a fomentar Junts. Teniendo en cuenta que la decisión judicial sobre Puigdemont, Comín y Ponsatí se va a demorar muchos meses, el gran frente a corto plazo es el de Laura Borràs, procesada por presuntos delitos de corrupción durante su etapa el frente de la Institució de les Lletres Catalanes. La nueva presidenta del Parlament se las habría ingeniado presuntamente para favorecer a un amigo con contratos que, en total, le reportaron casi 260.000 euros entre enero de 2013 y enero de 2018. Un delito de corrupción económica que la posconvergencia tratará de vender como una nueva muestra de la represión del Estado.
