Pedro Sánchez ha decidido pisar el acelerador de la legislatura con la probable concesión del indulto a los líderes políticos catalanes. Con el horizonte de las generales fijado a finales de 2023, según su calendario, prevé sortear el desgaste que supondrá, consciente también de que supone atar su destino político, en cierta medida, al de Pere Aragonès. El president ha conseguido imponer su estrategia de mantener viva la mesa de diálogo, de la que puede salir un nuevo sistema de financiación y un avance en la normalización política, pero nunca el referéndum de autodeterminación al que sigue aspirando el independentismo. Será dentro de dos años cuando Aragonès se someta al examen de sus socios, con todos los escenarios abiertos.
Dos años son una eternidad en los tiempos políticos actuales. Bajo esa premisa, Pedro Sánchez está listo para afrontar el indudable desgaste que le provocará la previsible concesión de los indultos a los presos catalanes. Una decisión a la que se opone la Fiscalía, el Supremo, la oposición –con el PP a la cabeza, que no va a perder ocasión de acosar al Gobierno-, buena parte del panorama mediático y de los barones socialistas y, según las encuestas, la mayoría de la opinión pública. Las resistencias son amplísimas, pero con el calendario electoral despejado hasta 2023 –siempre que Juanma Moreno no decida adelantar las elecciones andaluzas-, Sánchez confía en que un asunto tan espinoso quedará relegado por una actualidad vertiginosa que en los próximos meses va a encarar la superación de la pandemia y la recuperación económica.
Aunque contaban con el informe negativo del Supremo, en el Gobierno no deja de llamar la atención el contraste entre el criterio que siguió en 1993 para mostrarse favorable al indulto a Antonio Tejero y el que ha exhibido ahora
Aunque contaban con el informe negativo del Supremo, en el Gobierno no deja de llamar la atención el contraste entre el criterio que siguió en 1993 para mostrarse favorable al indulto a Antonio Tejero y el que ha exhibido ahora, con los líderes políticos catalanes. En ese momento, el Supremo destacó que no existían razones de justicia y que el coronel golpista de la Guardia Civil no estaba arrepentido, como ahora afirma el alto tribunal en su informe. Sin embargo, para el caso de Tejero el Supremo señalaba que sí existían motivaciones “de conveniencia pública” ya que “contribuiría al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado”.
La línea que sostuvo el Supremo con Tejero es la que mantiene ahora el Gobierno, bajo el argumento de que “hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”, como ha afirmado esta semana el presidente. Sánchez ha subrayado que la decisión la tomará el Gobierno “en conciencia”, pero no es menos cierto que, con Ciudadanos camino de la irrelevancia, tras el fiasco de la moción de censura en Murcia, a Sánchez se le agotan las vías para jugar a la geometría variable en el Congreso y contrapesar a ERC y EH Bildu. Para asegurar la viabilidad de su gobierno en esta legislatura y en la próxima, a Sánchez no le queda más remedio que cuidar a sus socios de investidura y tender puentes con ellos. Y los indultos, que también ha defendido fervientemente Unidas Podemos, son una buena manera.
En manos de Aragonès
En los próximos días se fijará la entrevista entre Sánchez y Aragonès, habitual con todos los presidentes autonómicos recién investidos, que cimentará el reinicio de la mesa de diálogo a la que ambos han apostado buena parte de su capital político. Especialmente el presidente de la Generalitat, que le ha ganado el pulso a Junts para mantenerla viva y que ha arrancado a la CUP un periodo de gracia de dos años para ver qué frutos da ese diálogo. Será en la primavera de 2023 cuando Aragonès tenga que someterse a una moción de confianza en función de cómo avance el diálogo con el Gobierno.
Aragonès va a trabajar por desinflamar el conflicto y, sencillamente, gobernar, según explican fuentes conocedoras de los debates en la cúpula de los republicanos
Ningún escenario se puede descartar en ese momento, pero, hasta entonces, Aragonès va a trabajar por desinflamar el conflicto y, sencillamente, gobernar, según explican fuentes conocedoras de los debates en la cúpula de los republicanos. Una ‘pax catalana’ que puede traducirse en un apoyo mutuo, en Madrid, para aprobar los Presupuestos del Estado, y en Barcelona, si el puigdemontismo trata de apretar las tuercas el nuevo president.
Al margen de la retórica procesista de la que no termina de desprenderse y de que, públicamente, defienda la amnistía y la autodeterminación, Aragonès y el resto de líderes de ERC apuestan “priorizar gobernar bien por encima del conflicto simbólico. Hemos de ofrecer confianza en que las instituciones están en buenas manos”. Así se expresan Oriol Junqueras y Marta Rovira en el libro ‘Tornarem a vèncer (I com ho farem)’ –‘Volveremos a vencer (Y cómo lo haremos)’-, publicado hace unos meses. Y nadie mejor que Aragonès –“’El independentismo pragmático”, como se titula su biografía política”- para defender esa estrategia.
Votar sí, pero… ¿qué?
De la mesa de diálogo no puede salir un referéndum de autodeterminación como pretende buena parte del independentismo, aunque en el Gobierno también son conscientes de que una buena solución sería convocar a los catalanes para votar “algo”. Pero, ¿qué? ¿Una reforma del Estatut? ¿Una reforma constitucional? ¿Ambas? La reforma constitucional parece una vía muerta con la oposición frontal del PP, que ni siquiera se aviene a renovar la cúpula del CGPJ y que ve en la cuestión catalana el mejor ariete para acosar a Sánchez.
Sin salir de los márgenes de la Constitución, poco puede ofrecer Sánchez al margen de un nuevo sistema de financiación y quizá una reforma estatutaria
Sin salir de los márgenes de la Constitución, poco puede ofrecer Sánchez al margen de un nuevo sistema de financiación –que efectivamente el Ejecutivo pretende abordar esta legislatura para el conjunto de las autonomías- y quizá una reforma estatutaria. Unas opciones que parecen contar con cierto respaldo en la opinión pública catalana. Un sondeo de GAD 3 publicado recientemente por ‘La Vanguardia’, señala que el 40% de los catalanes apuesta por que el nuevo Govern negocie mejoras en el autogobierno y la financiación, por el 22% que defiende negociar un referéndum de autodeterminación y un 12% que considera que la mejor opción es proclamar de nuevo la independencia y la república de forma unilateral. Cuestionados concretamente sobre cuál es la mejor solución al conflicto, el 35% menciona una mejora del sistema de financiación, el 24% una reforma de la Constitución, el 22% un referéndum de autodeterminación y un 6% un nuevo estatut.
No hay que perder de vista que, al margen de que la retórica independentista, que está insistiendo en que ERC, Junts y CUP sumaron el 52% de los votos en las elecciones, el apoyo a la independencia en los sondeos cae ligeramente. Por ejemplo, en este sondeo de GAD 3, sólo el 41% afirma que votaría a favor de la independencia, por casi el 52% que votaría que no. Y según el CEO de la Generalitat publicado en enero, el 47,7% de los catalanes rechaza la independencia, por el 44,5% que sí la quiere.
Las cuentas de Iceta
La probable reforma del sistema de financiación catalán se enmarcará en la del conjunto de las comunidades y tendrá como telón de fondo el oasis fiscal madrileño que han denunciado presidentes como el valenciano Ximo Puig y el propio Aragonès. El actual sistema de financiación autonómica se ideó en 2009, durante el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y debería haberse revisado en 2014. Sin embargo, Mariano Rajoy, fiel a su política de no menear cuestiones complicadas, lo dejó como estaba. Toca por tanto actualizarlo en función de los cambios demográficos que se han vivido en la última década, tanto de trasvase de población entre territorios como de envejecimiento.
La reforma estará en manos de María Jesús Montero y de un Miquel Iceta que, en 2017, ya esbozó su idea de cómo debería avanzar la financiación de las comunidades y, en concreto, para Cataluña. Así, el ministro de Política Territorial, puso encima de la mesa la creación de un consorcio entre las agencias tributarias española y catalana. Una reforma en sentido federal para la “gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos”, explicaba en ese momento. La dirección del partido avaló la idea, señalando que está contemplada en el Estatut catalán. Por ahí caminarán las propuestas del Ejecutivo, que no andan lejos de las pretensiones de Artur Mas en 2012. Las mismas que, tras el portazo de Rajoy a negociar nada, supusieron el punto de partida del procés.
La división en Junts, a favor de Aragonès
Aragonès ha conseguido salir muy reforzado de la negociación con Junts para diseñar el Govern. En primer lugar, ha conseguido zafarse de que sea Waterloo, a través del Consell per la República, quien le marque los pasos a seguir. El acuerdo insta a articular foros transversales del independentismo en los que se trace la estrategia, pero no impone ningún tutelaje sobre el presidente de la Generalitat, como buscaba Carles Puigdemont y su núcleo duro. Y en segundo lugar, Aragonès tampoco se ha comprometido a persistir en la unilateralidad si no hay acuerdos satisfactorios en la mesa de diálogo, al contrario. Dentro de dos años se someterá a una moción de confianza que marcará el futuro de su Ejecutivo, pero todas las opciones están abiertas.
En los últimos días arrecian las críticas internas sobre el negociador de Junts, Jordi Sànchez. Puigdemont y su núcleo duro se han visto relegados y el malestar es creciente
Además, el clima que se respira en Junts le refuerza aún más. Y es que en los últimos días arrecian las críticas internas sobre el negociador de Junts, Jordi Sànchez. Puigdemont y su núcleo duro se han visto relegados y el malestar es creciente. Prueba de cómo están los ánimos han sido sendas entrevistas de Elsa Artadi, portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, y Marta Madrenas, alcaldesa de Girona y uno de los grandes referentes de la posconvergencia. Artadi, que era la gran favorita para ocupar la vicepresidencia y que terminó renunciando a la vista de cómo se estaban perfilando las negociaciones por parte de Sànchez, ha afirmado a El Punt Avui que el pacto “genera poco entusiasmo”. Madrenas, en una entrevista a Nació Digital ha definido el pacto como “muy perfectible” y ha subrayado que lo que más le preocupa es que “cuando fracase la mesa de diálogo, porque fracasará, no sabemos qué respuesta habrá, no está acordada”. Por su parte, el Consell per la República emitía un comunicado en el que instaba al president a no limitarse a la mesa de diálogo y a preparar la “confrontación” con el Estado.
Muchos han visto con disgusto como el perfil de los nuevos consellers es más bien bajo. O, al menos con un perfil político menos marcado que el que caracterizó al Govern de Quim Torra. Por ejemplo, en la nómina de consellers de Junts se han quedado fuera figuras con peso político como Damià Calvet –exconseller de Territorio y Sostenibilidad y derrotado por Laura Borràs en las primarias para liderar la lista de Junts-, la hasta ahora portavoz, Meritxell Budó –ambos muy cercanos a Jordi Turull- o Miquel Samper, hasta ahora responsable de Interior.
Hasta tal punto llega la renovación que, entre los consellers propuestos por Junts, sólo repite Jordi Puigneró, que ejercerá la vicepresidencia y la cartera de Infraestructuras y Agenda Urbana. Puigneró está forjado en la cantera de la antigua Convergència y es una persona cercana a Puigdemont. Una solución de consenso entre las diferentes sensibilidades de Junts.
Entre los consellers de ERC la renovación también es casi total, pero su perfil es sensiblemente más político que los de Junts, que hasta ha incorporado a tres independientes -Josep Maria Argimon en Salud, Jaume Giró en Economía y Hacienda y Victòria Alsina en Acción Exterior- entre los consellers que ha designado. En las filas republicanas se han incorporado al Govern el expresident del Parlament Roger Torrent, en Empresa y Trabajo, o el exsocialista Joan Ignasi Elena –que llegó a disputarle a Pere Navarro el liderazgo del PSC-. Sólo repite la exdiputada Teresa Jordà, como consellera de Acción Climática y Agenda Rural.
Las aguas revueltas en Junts le conceden un respiro importante a un Aragonès que tiene un objetivo: aparecer dentro de dos años como un estadista que ha conseguido pacificar Cataluña y normalizar las relaciones con el Estado.
