Tres meses después de las elecciones catalanas, las negociaciones para la investidura empiezan de cero. Pere Aragonès no está dispuesto a aceptar el tutelaje que le quiere imponer Junts, a través del Consell de la República que preside Carles Puigdemont. Y los de Jordi Sànchez no están dispuestos a prestarle los cuatro votos que le faltan para un gobierno en solitario. Mientras, el PSC, que también podría desbloquear la situación, deja claro que sólo apoyará un gobierno presidido por Salvador Illa. El 26 de mayo es la fecha en la que debe haber un nuevo Govern. Si no, se volverá a votar en julio.
Lo que a finales de marzo se dibujaba como una investidura tortuosa, se ha convertido en agónica. Tanto le ha apretado las tuercas Junts a ERC, que los republicanos se han levantado de la mesa de negociación y Pere Aragonès empieza casi de cero para conseguir los apoyos necesarios para su investidura. Tiene los de la CUP y, probablemente, podría conseguir los de los Comuns sin gran dificultad. Pero le faltarían cuatro votos para ser investido por mayoría simple en una hipotética segunda votación. Junts dice ahora que no se los presta para un gobierno en solitario. Y el PSC, que también podría desbloquear la situación, no dará vía libre a un gobierno que no presida Salvador Illa. De fondo, algunas encuestas apuntan a un pequeño retroceso de Junts que permitiría a los republicanos consolidar su liderazgo en el bloque independentista. Es lo que indicaba, por ejemplo, un sondeo de NC Report publicado por La Razón a principios de abril. El PSC volvería a ser la fuerza más votada pero empatada a escaños con ERC, que obtendría tres parlamentarios más que Junts -ahora, sólo es uno-.
Algunas encuestas apuntan a un pequeño retroceso de Junts que permitiría a los republicanos consolidar su liderazgo en el bloque independentista
El acuerdo ERC-Junts ha embarrancado, y no será porque los republicanos hayan puesto el listón muy alto, como ha venido sucediendo en los últimos años. De entrada, ERC accedió a entregar la presidencia del Parlament a Laura Borràs, una persona que está a la espera de ser procesada y probablemente inhabilitada por su gestión en la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs se las habría ingeniado presuntamente para favorecer a un amigo con contratos que, en total, le reportaron casi 260.000 euros entre enero de 2013 y enero de 2018. Un delito de corrupción económica que la posconvergencia tratará de vender como una nueva muestra de la represión del Estado.
Pero los republicanos no han tragado con el principal objetivo de Junts: seguir pilotando la Generalitat sin presidirla. ¿Cómo? A través del Consell de la República, un organismo creado en marzo de 2018, independiente de la Generalitat y sin ningún control democrático, presidido por Puigdemont e integrado mayoritariamente por sus más cercanos. Una de sus iniciativas, en el más puro estilo procesista, ha sido la reciente creación del carné Identitat Digital Republicana, una especie de DNI catalán que no sirve para nada, pero que cuesta entre 6 y 12 euros.
El otro gran inconveniente para el acuerdo ha sido quién se hará cargo de la gestión de los fondos europeos Next Generation. En el plan de ERC sería Presidencia quien llevaría el timón, pero Junts quiere que las transferencias de Bruselas pasen por Economía, una conselleria que han venido ocupando tradicionalmente en los últimos gobiernos de coalición.
Cuenta atrás para Aragonès
Está por ver si el gen convergente de Junts -partidario de seguir en la Generalitat, conscientes del maná de cuadros, cargos y resortes institucionales que eso supone- consigue imponerse a los nostálgicos del procés del bienio 2017-2019
El tiempo se agota para Aragonès y la cuadratura del círculo empieza a ser complicada. Su oferta a Junts es que le preste los votos que le faltan para ser investido con el apoyo de CUP y Comuns, con la promesa de estudiar, más adelante, la incorporación al Govern de consellers de sus filas. Para la CUP eso no es un problema, ya han venido apoyando gobiernos con los exconvergentes. Sin embargo, para la formación que lidera Jessica Albiach en el Parlament es una línea roja. De hecho, la principal condición para apoyar la investidura de Aragonès es el veto a la incorporación de Junts al Govern durante toda la legislatura.
La ANC se manifiesta este fin de semana para pedir el acuerdo a ERC y Junts, pero el equipo negociador de Junts, con Jordi Sànchez a la cabeza ya les ha dejado claro a sus homólogos de ERC que no les prestará sus votos para un gobierno en solitario, a pesar de que después de las elecciones no ponía peros a dar vía libre a la investidura si había acuerdo con CUP y Comuns. Y es que en Junts no falta quien insiste en que la ventaja de los republicanos sobre ellos en las pasadas elecciones apenas fue de 35.000 votos, menos de la mitad de los que consiguió un PDeCAT que se quedó fuera del Parlament y cuyos votos pueden volver a Junts en el caso de repetir las elecciones.
Así pues, está por ver si el gen convergente de Junts -partidario de seguir en la Generalitat, conscientes del maná de cuadros, cargos y resortes institucionales que eso supone- consigue imponerse a los nostálgicos del procés del bienio 2017-2019, dispuestos a cualquier cosa para impedir que el expresident Puigdemont termine arrinconado en Waterloo, irrelevante y olvidado.
El turno de Illa
Es a Borràs a quien le corresponde proponer a los candidatos a la investidura, y considera que Illa es un candidato “no viable”, porque tiene una mayoría del Parlament en contra
Ante el callejón sin salida de las negociaciones ERC-Junts, Salvador Illa ha vuelto a reclamar su oportunidad de intentar articular una mayoría de gobierno y presentarse a la investidura. Sin embargo, es a Borràs a quien le corresponde proponer a los candidatos a la investidura, y considera que Illa es un candidato “no viable”, porque tiene una mayoría del Parlament en contra. Así las cosas, ¿podría el PSC dar vía libre al gobierno de ERC absteniéndose? Sin conversaciones sólidas con ERC, nadie en las filas socialistas se plantea quedar subordinados a los republicanos habiendo sido la fuerza más votada. Y menos en una mayoría parlamentaria en la que está la CUP. El propio Illa explicaba recientemente a El Siglo que el problema de ERC y Junts es que “las dos formaciones demuestran estar subordinados conceptualmente a la CUP que es un partido antisistema”. La apuesta socialista es un gobierno de coalición con los Comuns, y que sea ERC quien se abstenga.
La CUP, de hecho, ha terminado ejerciendo de mediador entre ERC y Junts. El miércoles los sentó en la mesa de negociación para suscribir un documento con cuatro puntos en un lenguaje procesista que no compromete a nada pero que ha tratado de rebajar la tensión. Entre otras cosas, el texto señala la necesidad de “asumir un espacio para el debate de la estrategia independentista más allá de la gobernabilidad”. Traducción: que lo relativo al Consell per la República quede al margen de las negociaciones del Govern, algo que ya suscribió Junts después de las elecciones y de lo que luego se desdijo.
Quien escuchara a Gabriel Rufián en el Congreso el pasado miércoles, podría pensar que ERC ya está en campaña. Siempre temerosos de que se les acuse de botiflers, Rufián elevó el tono y dejó claro a Pedro Sánchez que “queremos dialogar y hacer política con ustedes porque somos lo contrario a ustedes. Yo no creo en ustedes. Creo en el momento histórico que nos ha tocado. No creo en su voluntad. Creo en su necesidad”. Habrá que ver si finalmente se irá a las urnas para que, con un resultado similar, escaño arriba, escaño abajo, todo siga igual de ingobernable. Pero teniendo en cuenta que tanto ERC, como Junts y el PSC tienen motivos más o menos sólidos para creer que saldrían reforzados de una repetición electoral, la posibilidad de volver a las urnas se consolida cada día que pasa.
