El juicio por el Pazo de Meirás arrancaba el pasado lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña donde, durante cinco días, el tribunal ha escuchado las alegaciones en un proceso iniciado por el Estado para reclamar a la familia Franco una propiedad que se obtuvo a base de coacciones y fondos públicos, sostuvieron los testigos durante su declaración.
En la causa figura como demandante la Abogacía del Estado y, como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad, la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de Sada –donde se ubica el pazo– y A Coruña. Como demandados se han personado seis miembros de la familia del dictador y una sociedad mercantil.
A petición de los demandantes han declarado varios historiadores, que han coincidido en hablar de donaciones forzosas, descuentos en las nóminas de los funcionarios y aportaciones de las arcas públicas para negar que los herederos de Franco sean los legítimos propietarios del pazo.
Esta ha sido sin duda una semana muy ajetreada para los nietos del general golpista. Mientras su defensa trataba de cuestionar la objetividad de los testigos –alguno de ellos ha sido edil del BNG en Sada– y las pruebas aportadas, ellos ponían a la venta en un portal inmobiliario la Casa Cornide, el emblemático edificio situado en la Ciudad Vieja de A Coruña cuya titularidad también ha intentado reclamar el Ayuntamiento de la localidad.
Según Efe, fuentes del consistorio se han mostrado contrarias al anuncio de venta, asegurando que los Franco no les ha informado de sus intenciones a pesar del inicio de acciones legales por la titularidad del edificio el pasado septiembre porque “ese patrimonio no les pertenece, sino que es de todos los coruñeses”.
