Javier Quintana
El Tribunal Constitucional aborda una importante agenda los próximos meses. El órgano, después de avalar este jueves la ley del aborto, se pronunciará próximamente sobre otros recursos impuestos por la derecha a legislaciones sociales como la ley `Celaá´ o la de eutanasia. La nueva mayoría progresista pretende zanjar todos estos temas antes de las elecciones municipales y autonómicas. Las deliberaciones sobre el recurso del PP contra el aborto, paralizado durante más de 12 años y finalmente rechazado esta semana, marca el pistoletazo de salida de esta nueva era para el tribunal de garantías.
Cándido Conde-Pumpido se ha puesto el mono de trabajo. El presidente del Tribunal Constitucional ya acudió a Moncloa hace un par de semanas para explicar al presidente del Gobierno la hoja de ruta que planeaba seguir los próximos meses. El letrado se encontró en su llegada al cargo el pasado 12 de enero con más de 5.000 recursos de amparo pendientes de estudio. Entre ellos destacan importantes legislaciones en materia social.
El magistrado, Fiscal General durante siete años, ha tenido que batallar durante años en el Tribunal Supremo a la mayoría conservadora. Tras toda una vida copando protagonismo en la historia judicial del país por su papel fundamental en la condena de los GAL, las sentencias del procés o las que anularon los decretos del estado de alarma, Conde-Pumpido no quiere desaprovechar la oportunidad de dar un lavado de cara al TC. Su carácter combativo hacía presagiar desde su nombramiento que se avecinaba una época de cambio en el órgano constitucional.
El aborto, primera `patata caliente´
La Ley Orgánica de Salud Sexual, aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la primera norma que el tribunal de garantías ha desempolvado. El PP impuso un recurso contra ella hace más de 12 años que sigue aún pendiente.
La norma socialista estableció el aborto libre hasta la semana 14 de gestación como un derecho de la mujer, extensible a la semana 22 en caso de riesgo de salud para la madre o anomalías en el feto. Asimismo, la obligatoriedad del consentimiento paterno para que menores de 16 y 17 años interrumpieran su embarazo desapareció con esta ley. El PP repuso el consentimiento en su reforma de 2015, aunque podría ser eliminado de nuevo con la nueva norma que prepara el gobierno de coalición.
El recurso popular carga concretamente contra el artículo 12 de la norma, cuya garantía del derecho al aborto “choca contra el derecho a la vida”; contra el artículo 14, que permite la interrupción del embarazo hasta la jornada 14 “sin ninguna causa objetiva” y contra el artículo 15, que trata la interrupción hasta la semana 22 de gestación. También pretendía tumbar cuestiones sobre educación sexual o la formación de personal sanitario en esta materia.
No obstante, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha indicado que actualmente su partido acepta la ley de plazos aprobada por los socialistas en 2010. Feijóo explicó hace unas semanas que las discrepancias de su partido se ciñen a que no se exija permiso paterno para que las menores de edad puedan abortar. Pese a que el gallego abre la puerta a debatir los plazos, los acepta ahora como alternativa lógica a la ley de supuestos de 1985, que solo permitía el aborto en casos de violación, malformaciones o taras físicas o mentales en el feto o en caso de que existiese riesgo para la salud de la mujer. Asimismo afirmó que la legislación europea “va muy por delante” del recurso impuesto por su partido años atrás.
Así pues, los días 7,8 y 9 de febrero se ha llevado a cabo el debate sobre el recurso popular. Los magistrados han estudiado una ponencia elaborada por el conservador Enrique Arnaldo, que avala los principales puntos de la norma socialista. El magistrado ha dado el visto bueno prácticamente a la totalidad de la ley, a excepción de la información que debe recibir una mujer antes de interrumpir su embarazo. Arnaldo sostiene que con la norma actual la mujer no está debidamente informada a la hora de dar el paso. También aboga por que la objeción de conciencia no involucre solo a los sanitarios implicados en la intervención, sino también a los que participan antes.
En suma, el borrador concluye que los puntos clave de la ley son constitucionales.
Las recusaciones del PP no frenan el debate
Cinco exdiputados del PP, encabezados por el ex ministro Federico Trillo, solicitaron que el presidente del TC, Conde-Pumpido, y los magistrados Inmaculada Montalbán y Juan Carlos Campo fueran apartados de las deliberaciones sobre el recurso. El tribunal de garantías entiende que los exdiputados carecen de legitimación para solicitar dicha recusación. Asimismo, el Constitucional ha rechazado la abstención de Concepción Espejel de las deliberaciones. Los magistrados consideran que su participación en la preparación del informe del Consejo General del Poder Judicial hace 12 años no es motivo para apartarse ahora. Este era justo el motivo por el que el PP quería recusar a Conde-Pumpido, Campo y Montalbán.
En el caso de Juan Carlos Campo, el ex ministro de Justicia se ha abstenido hasta en 8 procedimientos del TC en menos de un mes. La obligación del magistrado de abstenerse de todos los asuntos relacionados con su pareja, Meritxell Batet, entorpece la labor del tribunal de garantías. Se apartó, entre otros casos, del debate sobre la retirada del escaño de Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidas Podemos, o del procedimiento sobre los expedientes de los indultos del 1-O, que él mismo avaló cuando era ministro. El PP pide su recusación y la de la otra magistrada recién ingresada al tribunal, Laura Díez, de otros ocho casos.
Finalmente el tribunal de garantías ha cumplido con las predicciones y ha decidido este jueves, con siete votos a favor y cuatro en contra, dar el visto bueno a la ley del aborto y rechazar el recurso del PP. La sentencia cambia de manos, y será finalmente Inmaculada Montalbán quien la redacte para consumar el rechazo íntegro al recurso popular.
Eutanasia, `Celaá´ o la reforma laboral esperan turno
Los próximos días 21, 22 y 23 de febrero se revisará el recurso del PP sobre la ley de eutanasia promulgada en 2021. Los populares sostienen que ésta atenta contra el derecho a la vida y que no garantiza que la decisión del enfermo haya sido tomada libremente.
Más tarde, los días 7, 8 y 9 de marzo se estudiará el recurso del partido dirigido por Feijóo sobre la ley educativa, o `ley Celaá´. Que el castellano deje de ser lengua vehicular en la enseñanza o la obligatoriedad para las administraciones de otorgar suelo público sólo para la construcción de centros públicos (no concertados) son algunos de los 16 puntos de controversia del recurso pendiente de divagar.
El TC también quiere zanjar recursos más recientes, como el recurso popular por la reforma laboral (aprobada gracias al error del diputado del PP Alberto Casero durante la votación). Las tres reformas del Consejo General del Poder Judicial también se revisarán en los próximos meses. La última de ellas, recordemos, fue tumbada por el propio TC en diciembre para evitar su propia renovación.
