L.H.
La Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto este miércoles en nombre de la Comunidad de Madrid un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. El tributo entró en vigor el pasado 1 de enero y fue aprobado con el fin de gravar los patrimonios superiores a los tres millones de euros, sin embargo, Ayuso reclama su suspensión inmediata a través de medidas cautelares por considerar que va en contra del ahorro y la inversión. Argumenta además que el procedimiento por el que se aprobó no se ajusta a la ley, ya que fue a través de una enmienda a una proposición de ley que ya estaba tramitándose en el Congreso.
Enrique Ossorio, el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades ha declarado tras la reunión del Consejo de Gobierno que este tributo tendrá efectos negativos en la Comunidad de Madrid, además de que la creación de este gravamen no está justificado, ya que no existe una necesidad recaudatoria real. El principal fundamento de la región para llevar a cabo este recurso es que “el nuevo impuesto suplanta las competencias autonómicas para la gestión de los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la comunidad de Madrid está bonificado al 100 % desde 2008”.
Las estimaciones del ejecutivo regional determinan que el tributo aprobado podría suponer que dejen de llegar a la Comunidad de Madrid más de 1.200 millones de inversión extranjera al año y a su vez ocasiona la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos. Además de que supone un perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esa carga fiscal y que ahora van a tener que hacerlo. El recurso supone un paso más en la estrategia de confrontación que el Gobierno de Madrid lleva a cabo con las políticas del que preside Pedro Sánchez.
