P.P.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado un acuerdo con Vox para el proyecto de los Presupuestos de la autonomía para 2022. “Vamos a tener un presupuesto, que va a responder a las necesidades de las familias. Les anuncio que hemos llegado a un acuerdo, que se recoge en 13 medidas, una por cada diputado que tiene Vox”, así lo ha comunicado la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en rueda de prensa.
Una de las medidas versa sobre la auditoría de 50.000 euros que el Gobierno madrileño abonará a los centros de menores extranjeros no acompañados (MENAS). Por otra parte, la gratuidad de la educación no obligatoria ha sido uno de los principales aspectos donde ha habido mayor discusión. Esta cuestión supondrá un coste total de entre 200 y 240 millones de euros, en lugar de los 760 millones que calculaba Vox para cada año, cifra que no aceptó el PP ser asumida por las cuentas. El PP ha rebajado la cantidad implantando criterios como el límite de renta, por el que solo podrán acceder a subvenciones aquellas familias cuyos ingresos totales sean inferiores a los 35.000 euros brutos anuales.
PP y Vox también han coincidido en cuestiones como rebajar el IRPF o acabar con las tasas propias de la comunidad. No obstante, todavía está pendiente ver qué sucederá con las leyes LGTBI regionales, respecto a las cuales la formación de Monasterio solicita que se deroguen. Ayuso se había comprometido a cambiar algunos de estos artículos, algo que ha quedado al margen del acuerdo de las cuentas públicas para 2022.
El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que “seguimos trabajando conjuntamente en ello, se sigue negociando, se va a seguir negociando. Tanto la presidenta de la Comunidad como el consejero de Presidencia han dicho reiteradamente, en la Cámara y fuera de la Cámara, que estamos dispuestos a reformarlas y se está trabajando para su reforma”.
Asimismo, se ha pactado un recorte del “gasto político superfluo” en diez millones de euros, el impulso de la emancipación de la juventud, la rebaja del plazo de pago a proveedores o la movilización del suelo demanial (de dominio público) cuya titularidad corresponde a la comunidad madrileña para que se puedan edificar nuevas viviendas, entre otras medidas.
