El Acento/ Inmaculada Sánchez.
Por fin, tras décadas de vergonzante claudicación de buena parte de la izquierda en la defensa de los impuestos, asistimos a un insólito renacer de la imagen de la fiscalidad como mecanismo de reparto social. Ha tenido que caernos encima una histórica pandemia y una inesperada guerra en Europa, con sus consecuentes crisis económicas, para que se ponga en valor el papel protector del Estado y, en lógica, su necesidad de recursos vía impositiva. Estamos de enhorabuena.
Corría el 2003 cuando el entonces líder del PSOE aspirante a presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba en el llamativo titular de una entrevista en El País que «Bajar los impuestos es de izquierdas». Intentaba captar votantes, claro, y conjurar la machacona acusación de la derecha de que los gobiernos socialistas se dedican a freir a impuestos a los ciudadanos. La frase se hizo famosa y apelaban a ella no pocos socialistas en los años de bonanza para despegarse del cliché de despiadados confiscadores de la riqueza. Varias crisis después y llegados a este aciago siglo XXI los tributos parecen volver a su lugar natural en el mapa político.
El PSOE, esta vez, parece decidido a dar la batalla fiscal desde la izquierda. Hasta el llamado ‘impuesto a las grandes fortunas’, que venía reclamando Podemos, ha sido confirmado por la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero
A ello ha contribuído la perentoria necesidad de recursos de las administraciones públicas para hacer frente, primero. a una emergencia sanitaria nunca vista y, después, a la crisis energética y de precios desatada por la guerra de Ucrania. Tras un debate más soterrado, ya que la financiación del escudo social construido por el actual Gobierno para sostener a familias y empresas durante el frenazo económico que supuso el Covid reducía los límites de la pelea (salvo para pedir más y más recursos para todos), la incontenible inflación y la angustia de la cesta de la compra han desatado ya sin reparos las hostilidades en la trinchera fiscal.
El PP ha vuelto a armarse con la histórica munición de la derecha y su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, azota al Ejecutivo con interminables acusaciones de latrocinio fiscal al ciudadano y de «forrarse» con el exceso de recaudación que ha traído la creciente espiral de precios. Crecidos con el oxígeno de unas encuestas a favor y siguiendo la estela de su estrella más rutilante, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, esta semana hemos asistido, incluso, a una sucesión de anuncios de bajadas impositivas en los más importantes gobiernos autonómicos del PP.
Díaz Ayuso, que ya tiene suprimidos los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en Madrid, dio por inaugurada la guerra fiscal de las elecciones del próximo mayo anunciando en el debate del Estado de la Región una deflactación del tramo autonómico de la tarifa del IRPF. Le han seguido como corderitos Moreno Bonilla, en Andalucía, y López Miras, en Murcia, adelantando la supresión, a su vez, del citado tributo al Patrimonio en sus respectivas autonomías, que afecta a menos del uno por ciento de su población (la más pudiente), pero que detrae a las arcas públicas cientos de millones de euros. Las cartas boca arriba.
El PSOE, esta vez, alimentado por sus socios de gobierno, parece decidido a dar la batalla desde la izquierda. El mensaje es cristalino: el PP solo responde y beneficia a los ricos mientras el gobierno busca mejorar la vida de la «clase media y trabajadora» del país, como repite Sánchez cada vez que tiene un micrófono cerca. El impuesto a las energéticas y los bancos, aprobado por el Congreso hace unos días, con el voto en contra del PP, es una buena muestra de que el camino emprendido por los estrategas de Moncloa no va a quedarse solo en palabras, como tantas otras veces. Hasta el llamado ‘impuesto a las grandes fortunas’, que viene reclamando Podemos desde el inicio de la legislatura, ha sido confirmado estos días por la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero. Aunque aún por definir, ha señalado que sería temporal, durante un par de años, y entraría en vigor en enero de 2023, dándole carta de naturaleza.
El PP de Feijóo, en esta ocasión, tiene enfrente a la Comisión Europea, administradora del maná de los fondos europeos para la recuperación, que viene repitiendo a través de distintos portavoces que los recursos fiscales son muy necesarios en esta coyuntura de guerra, crisis energética y precios desbocados. No es muy coherente, afirman desde Bruselas, que autonomías que han solicitado muchos de esos fondos bajen impuestos en sus territorios. Y eso que la presidenta Von der Leyen es del Partido Popular europeo. Se vienen curvas en la larga campaña electoral que durará todo el año próximo.
Felicitémonos, en todo caso, de que uno de los debates esenciales en política, el de los impuestos, pase a ocupar el centro del escenario. Recordemos, también, entre tanto, que la presión fiscal española sigue estando por debajo de la media de la UE: el 37,5% del PIB en 2020, frente al 41,8 % de media en la zona euro, según los últimos datos de Eurostat. Y, a partir de ahí, hablamos del reparto.
Periodista y directora de ‘El Siglo’ desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas ‘Cambio 16’ y ‘El Nuevo Lunes’ y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid.
