Elena Blasco
En medio del rebrote de la Covid-19, se celebra una efeméride que las noticias sobre la pandemia no deberían eclipsar, sino todo lo contrario: el 25 aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, un momento crucial para el compromiso internacional en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para todas las mujeres y niñas.
Por entonces,189 países desarrollaron un plan de acción destinado a conseguir la igualdad de oportunidades y trato, el acceso a los recursos, la distribución equitativa de las responsabilidades familiares, la erradicación de la pobreza, la plena participación pública y privada de las mujeres… En definitiva, una estrategia mundial para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y niñas como derechos humanos.
El Ingreso Mínimo Vital no parece haber llegado ni al 10% de la previsión inicial. Hay que recordar que un alto porcentaje de los potenciales preceptores son familias monoparentales encabezadas por una mujer en casi el 90% de los casos
Hoy, 25 años después, y sabiendo que el mayor logro de esa Conferencia de Beijing fue el cambio de mentalidad en todo el planeta sobre ejes clave como el derecho a la educación de las niñas, la participación de las mujeres en la vida pública, política y económica o la condena de la violencia hacia las mujeres, vemos cómo esa ambiciosa promesa de igualdad para el siglo XXI aún está pendiente de alcanzarse, y las casi 300 líneas de su informe de actuación siguen inspirando la meta de lograr la igualdad real.
La misma ONU que entonces señaló el camino a seguir, ahora denuncia que esta pandemia no sólo ha debilitado el avance en los derechos de mujeres y niñas, sino que además empeora su situación, ya que a nivel mundial de los 96 millones de personas que serán empujadas a la pobreza por esta crisis sanitaria, 47 serán mujeres y niñas aumentando de manera dramática la brecha existente entre mujeres y hombres.
Son cifras mundiales que deben analizarse desde nuestra esfera nacional, y en concreto, en España sabemos que, a pesar de los esfuerzos realizados por aumentar las medidas de protección social (el Ingreso Mínimo Vital, los ERTE, el subsidio para trabajadoras del hogar…), muchas de ellas se están viendo entorpecidas en su aplicación efectiva. Las dificultades de acceso, los obstáculos para su reconocimiento, los retrasos en el cobro…, son parte de los elementos que aumentan la vulnerabilidad de las personas más necesitadas de esta crisis, entre las que se encuentran, sin ninguna duda, las mujeres.
El Ingreso Mínimo Vital, que ha cumplido cuatro meses este 1 de octubre de su aprobación y que fue creado, según estimaciones del Ministerio de Inclusión, para unos 850.000 hogares, no parece haber llegado ni al 10% de la previsión inicial. Hay que recordar que un alto porcentaje de los potenciales preceptores son familias monoparentales encabezadas por una mujer en casi el 90% de los casos.
En el caso del subsidio extraordinario para el empleo doméstico, trascurrió un mes desde su aprobación hasta su puesta en marcha y parece seguir sin dar los frutos deseados. A nadie se le escapa que miles de empleadas del hogar y de los cuidados siguen sin cobrar este subsidio.
El Plan MeCuida –prorrogado recientemente por el Consejo de Ministros, que sí se hizo efectivo en el momento de su primera aprobación durante el mes de marzo–, ya entonces era una medida insuficiente, pero a estas alturas de la segunda ola por la Covid-19, el que no vaya acompañada de ninguna prestación económica que compense la reducción de jornada y por tanto de salario, no favorece a las familias más vulnerables.
El reconocimiento de accidente de trabajo en el sector sanitario y socio-sanitario por contagio de Covid-19, regulado y corregido en varias ocasiones, sigue sin cubrir a las personas contagiadas antes de esa declaración de pandemia mundial. También sigue sin reconocerse como enfermedad profesional y sin protegerse, por tanto, a las personas de apoyo de los centros sanitarios y sociosanitarios: limpieza, comidas…, trabajos que también, en mayor medida, son desarrollados por mujeres.
En cuanto al acuerdo en los ERTE, tan positivo en los inicios de la pandemia y tan necesario durante esta segunda fase de la misma, preocupa la incertidumbre ante su prórroga, duración y aplicación. Además, se deben corregir los problemas de cobro y agilidad en la resolución de los expedientes; pues conocemos el papel corrector y mantenedor de empleo y empresas de esta herramienta.
La desigualdad y la discriminación de género no son producto de esta crisis sanitaria, pero es cierto que sus efectos también son desiguales. Las mujeres más expuestas a contagio, más expuestas al desempleo, al empleo precario y sin cobertura social, en definitiva, a la pobreza, son la muestra de la necesaria aplicación de la perspectiva feminista en la gestión de esta crisis. Invertir en acabar con esa desigualdad estructural es invertir en reducir los efectos de la pandemia y la pobreza mundial. Parece que Beijing está más presente que nunca. Entonces, ¿a qué esperamos?
Secretaria Confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras. Licenciada en Historia y Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales además de Máster en Gestión Medioambiental y en Energética de la Edificación, ha sido secretaria de Formación, de Derechos Fundamentales y de Salud Laboral de la Federación de Construcción de CC OO y vocal de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También es actual responsable de las revistas ‘Centro 8 de Marzo’ y ‘Trabajadora’, en las que colabora asiduamente.
