La Comisión Europea ha aprobado 3.000 millones de euros en ayudas destinadas al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico y conectado, que será financiado por el mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). Las ayudas, según un comunicado del Ejecutivo comunitario, servirán para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), así como las medidas de protección del medio ambiente y de eficiencia energética de las empresas de la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados.
La noticia ha llegado algunos días después de que la Comisión Europea haya dado luz verde al desembolso a España del primer tramo del fondo de recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros, según ha anunciado la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen. “Será el primer país de la UE en recibir un pago, con valor de 10.000 millones, una vez que los demás Estados miembros lo autoricen”, ha explicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un breve mensaje en español en su perfil de Twitter. El tramo de 10.000 millones se unirá al anticipo de 9.000 millones que el Ejecutivo comunitario anticipó a mediados de agosto y que no estaba sujeto a condiciones.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha mostrado optimista con que el primer tramo de los fondos europeos, esos 10.000 millones de euros, llegue antes de que termine el año. Eso sí, según señala Calviño, aún debe celebrarse la reunión del Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea, este lunes, y donde deberían cerrarse los detalles pendientes.
Además, Calviño ha asegurado esta semana que “no es un condicionante en sí mismo” para la recepción de los fondos europeos un posible ‘no’ de la CEOE a la reforma laboral en la que está trabajando el Ejecutivo con los agentes sociales. “Yo confío en llegar a un acuerdo tripartito, no porque nos lo exija nadie, sino porque es lo deseable”, ha afirmado la vicepresidenta, que ha insistido en su “determinación” para lograr el objetivo de que la reforma laboral cuente con el aval de sindicatos y empresarios, un objetivo que, según ha dicho, comparte “absolutamente” la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
