Tema de Portada de El Nuevo Lunes / Ana Sánchez Arjona
Entre la ortodoxia europea y un Gobierno progresista, es el escenario en el que tendrá moverse la, desde ahora, vicepresidenta económica del primer Ejecutivo de coalición de la democracia con la misión de coordinar todas las carteras del área, además de presidir la Comisión Delegada y convertirse en una suerte de contrapeso a las recetas de Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, y desde su propia vicepresidencia social, tendrá bajo su tutela las carteras de Trabajo, Igualdad, Consumo y Universidades además de la Secretaría de Estado de Economía Social.
El presidente del Gobierno quiere lanzar un mensaje potente a la comunidad económica nacional e internacional que pueda recelar del pacto de coalición PSOE-Podemos, con el refuerzo del papel de Nadia Calviño en el nuevo Gobierno. Como prometió el líder socialista durante la campaña, Calviño será vicepresidenta económica del primer Ejecutivo de coalición de la democracia con la misión de coordinar todas las carteras del área económica, y como dique ante recetas de Podemos.
Calviño ve reforzadas sus competencias porque asumirá la presidencia de la poderosa Comisión Delegada de Asuntos Económicos, sino que también pilotará “la gran transformación digital que necesita España”, uno de los pilares sobre los que se asienta el programa del Ejecutivo socialista.
Pero lo más importante es que tendrá que moverse entre la la ortodoxia económica y la búsqueda de políticas para evitar que se profundice la desaceleración de la economía española, entre la obediencia a los preceptos de Bruselas y como principal dirigente de la política económica del Gobierno.
Mantener el crecimiento del PIB será uno de sus principales objetivos. Su departamento estima que el crecimiento económico se situará en el 1,8% en 2020, una previsión similar a la del FMI, pero algo más optimista que la del Banco de España, que la coloca en el 1,7%.
La vicepresidenta económica tendrá que coordinar la política económica con unos socios de Gobierno que la colocaron entre sus principales objetivos por su posicionamiento frente a la reforma laboral. De hecho, Calviño ha sido la principal defensora de las esencias marcadas por las políticas ortodoxas de Bruselas y la auténtica muralla para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez derogara aspectos de la reforma laboral que no tenían costes.
Plan Nacional de Reformas
La titular de la cartera de Economía se convirtió en el principal obstáculo en el consejo de ministros para reestablecer la ultraactividad de los convenios colectivos y recuperar la primacía del convenio de sector sobre los convenios de empresa, dos medidas que se anularían según el acuerdo programático entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesías.
Más difícil aún para Calviño será de convencer a sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno para implantar la mochila austriaca (un sistema de protección individual, en el que el trabajador acumula fondos mientras está empleado a los que puede recurrir cuando se queda en paro y de cara a la jubilación) que se incluía en el Plan Nacional de Reformas que diseñó el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Además de encabezar la dirección de las políticas económicas del nuevo Gobierno —con toda probabilidad seguirá al frente del organismo que aúna toda las decisiones económica: la Comisión Delegada de Asuntos Económicos—, Calviño deberá conjugar el incremento del gasto público, incremento del 0,9% en pensiones, en servicios sociales, mas presupuesto destinado a dependencia…, que se presupone del Ejecutivo progresista con las exigencias de bajar el déficit público que reclama la Comisión Europea. De hecho, Bruselas mandó un claro mensaje a España el pasado mes de diciembre con el Informe del Mecanismo de Alerta donde identificaba a España junto con otros 12 Estados miembros sujetos a una revisión en profundidad en 2020 por las altas tasas de paro, deuda y déficit: La reprimenda de Bruselas fue en la línea que expresó en las últimas opiniones de los presupuestos que mandó el Gobierno en funciones, cuando reclamó a España 9.617 millones en ajustes estructurales.
Calviño deberá conjugar el incremento del gasto público, subida del 0,9% en pensiones o de los servicios sociales, con el déficit público que reclama la Comisión Europea
El poder limitado de Iglesias
Pablo Iglesias ha peleado para lograr el control de la Agenda 2030 en el nuevo Gobierno diseñado por Sánchez, del que será vicepresidente. Y ello, a pesar de los controles pactados entre el PSOE y Unidas Podemos para que cada Ministerio respete su ámbito competencial y mantenga una política coordinada de comunicación. Con este trasfondo, Podemos recibía con sorpresa el anuncio realizado por La Moncloa de que el próximo Gobierno de coalición tendrá cuatro y no tres vicepresidencias, como estaba previsto en un principio. En este sentido, la designación de la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, supone un hachazo a esas pretensiones de Iglesias, ante el que su partido no supo, o no quiso, reaccionar. No en vano, esta cuarta vicepresidencia limita la discrecionalidad que, sin las competencias de Ribera, hubiera tenido Iglesias para manejar la citada Agenda 2030.
Entre los ministerios que estarán bajo la tutela de Pablo Iglesias sólo el de Trabajo tendrá realmente un peso relativamente importante en el próximo Gabinete. La abogada laboralista Yolanda Díaz llega al Ministerio de Trabajo con la voluntad de cargarse la reforma laboral que en su momento aprobó el Partido Popular. En concreto, no están en discusión algunas cuestiones como el coste de despido sino otras relativas al fortalecimiento del poder de los sindicatos como la cuestión de la ultraactividad, los convenios de empresa y las cláusulas de descuelgue. El primer problema que tendrá Díaz es superar el veto que va a intentar poner la vicepresidenta Calviño, que no quiere deshacer una reforma que ha resultado ser más eficaz a juicio del propio PP y también de los empresarios. De ahí que en todo momento el Gobierno de Pedro Sánchez no haya hablado de revertir la reforma en sí, sino de corregir “los aspectos más lesivos de la misma” sin entrar nunca a identificarlos. Además de Calviño hay otro aliado con el que Sánchez cuenta para frenar el ansia contrarreformista de la ministra Díaz en materia laboral. Se trata del Partido Nacionalista Vasco, que será fundamental para que el Gobierno modere cualquier proyecto que finalmente se presente.
Hay otra competencia que recaerá en Díaz y que es la que verdaderamente preocupa en el mundo empresarial. La ministra tendrá bajo su tutela a la Inspección de Trabajo, lo que con la nueva normativa en la mano relativa al control horario puede convertirse en una pesadilla para las empresas. Una especie de policía que puede convertirse en un arma de destrucción en manos de una ministra que, según algunos de sus interlocutores en el pasado, se caracteriza por mantener unos prejuicios notables contra el empresario en general.
Otra figura que dependerá directamente de Pablo Iglesias y que también será clave para el desenvolvimiento futuro del vicepresidente en el Gobierno. Se trata de Nacho Álvarez, el ‘gurú’ económico de Podemos, que, como secretario de Estado de Economía Social, estará presente en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos como observador y fiscalizador en representación de los morados.
María Jesús Montero seguirá al frente de Hacienda
y será la nueva portavoz del Gobierno
Tal y como se esperaba en buena parte de las quinielas, María Jesús Montero será la nueva portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, sustituyendo así a Isabel Celáa, responsable en funciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La ministra compatibilizará esta nueva responsabilidad con la cartera de Hacienda.
La andaluza ha sido una de las principales encargadas de las negociaciones para conformar la coalición de Gobierno y ha venido trabajando con miembros de Unidas Podemos, en los últimos meses, en el acuerdo programático suscrito entre ambas formaciones. Al asumir la portavocía, Montero será la encargada de explicar las medidas que vean la luz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de los viernes y de dar cuenta de ellas ante la opinión pública.
En todo caso, la tarea más inmediata de la que tendrá que encargarse Montero será la elaboración y presentación de la senda de estabilidad presupuestaria, junto al límite de gasto no financiero (techo de gasto), previo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020, del que ya ha avanzado que su departamento tiene definida la previsión de recaudación y que se empezará a trabajar en las prioridades marcadas en los acuerdos programáticos firmados por el PSOE con el resto de formaciones políticas.
