Àlex Sáez
Desde que empecé a ejercer la abogacía allá por la década de los noventa del siglo pasado, no he dejado de prestar servicio al turno de oficio a detenidos. Para mí representa una magnífica oportunidad de captar y actualizar las problemáticas sociales. Sorprende darte cuenta de que con la solución de una problemática social de fondo se solucionan en buena medida sus consecuencias delictivas. En los ya lejanos noventa, buena parte de los detenidos de una guardia eran consecuencia de la dependencia a la heroína. Múltiples robos con fuerza en las cosas que no tenían otro objeto que la obtención de una mínima ganancia para adquirir la dosis de la adicción. Coincidía en tiempos donde Galicia, España, eran puerto de entrada en Europa de esa heroína que destrozaba vidas y familias. Se combatió policialmente pero también a través de campañas de sensibilización y de ayuda a los drogodependientes que poco a poco estigmatizaron su consumo y alejaron a los jóvenes del mundo de las drogas. Hoy subsiste la delincuencia de grandes traficantes y organizaciones criminales, pero prácticamente ha desaparecido la pequeña delincuencia ligada al consumo y a la adicción.
La facilidad de acceso de los menores a las redes, a la pornografía, sin una correcta educación sexual, está provocando conductas delictivas insospechadas hace unos años
En la última semana, la problemática social subyacente en los detenidos durante mi servicio de guardia gira al entorno de la falta de formación, de la nula posibilidad de acceso al mercado laboral, sin red social y familiar de apoyo. Son jóvenes sin horizonte vital, sin esperanza, abocados a los pequeños hurtos o robos con fuerza y violencia para mejorar su sustento. También casos de violencia contra la mujer. Tres detenidos la semana pasada por amenazar con elemento punzante a una mujer, uno había sido pareja de la víctima. Observo un incremento de los delitos cometidos por menores. La juez y la fiscal de menores me confiesan estar desbordados y abrumados con el incremento de los delitos sexuales y violentos causados por menores.
Como casi siempre, la alarma social que produce alguno de los delitos sexuales cometidos en las últimas fechas, y en especial en aquellos en los que han participado menores, propician debates sobre nuevas reformas del Código Penal e incluso sobre la edad penal del menor. El Derecho Penal siempre debe ser la ‘ultima ratio’. El incremento de penas, la retribución punitiva, la prevención general no solucionan los problemas de fondo. La utilización del Derecho Penal en el debate político elude en múltiples ocasiones los verdaderos problemas de fondo. El incremento de la violencia, de los delitos sexuales, de los comportamientos de los menores obedecen a cambios sociales que precisan políticas públicas de educación y formación. Pese a los avances notorios en las políticas de igualdad subsiste en las conductas de algunos menores y adultos un prevalimiento del hombre sobre la mujer que conduce a la comisión de delitos. La facilidad de acceso de los menores a las redes, a la pornografía, sin una correcta educación sexual, está provocando conductas delictivas insospechadas hace unos años. Todo ello exige una profunda reflexión en los poderes públicos, un intenso despliegue de políticas públicas de formación, e incluso cambios legislativos que dificulten el acceso a los menores de contenidos inapropiados. Del mismo modo, la mejor garantía para evitar la pequeña delincuencia, la reincidencia que tanto preocupa, son las políticas públicas de educación y
sociales. El Derecho Penal irrumpe para poner los límites, pero ya interviene cuando existe el fracaso en todas las políticas previas de prevención. Sigamos con el debate de reformas en el Código Penal o en la Ley del Menor, pero pongamos recursos y reflexión a la problemática social que conduce al delito. Dedicarse a la solución de estos problemas y a las demandas y necesidades sociales resulta más eficaz y útil que, por ejemplo, el tiempo utilizado esta misma semana a la moción de censura.
Àlex Sáez es abogado especialista en Responsabilidad Civil y Derecho del Seguro. Consejero de Presidencia de Foment del Treball. Fue diputado a Cortes en la VIII, IX y X legislatura.
