Irene Montero no pudo acudir a un centro educativo público de la Comunidad de Madrid donde había sido invitada el 8-M como titular de Igualdad porque, dijo Isabel Díaz Ayuso, los padres no la querían ver “adoctrinando a sus hijos en clase”. Sin embargo, Pablo Casado sí ha podido acudir a un colegio concertado y religioso para anunciar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Educación (LOMLOE), más conocida como ley Celáa, y decir que “hay que evitar el adoctrinamiento”.
Cualquiera podría pensar que la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección ha incurrido en una contradicción respaldada por el líder de su partido. Pero hay que tener en cuenta los matices que, por lo visto, son fundamentales.
“Un padre o un político de Vox o del PP no puede ir a una clase en horario lectivo a adoctrinar”, explicaba Ayuso en la entrevista de La Sexta donde justificó la prohibición a la ministra de Unidas Podemos. De hecho, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, había podido visitar el Ramiro de Maeztu para criticar al Gobierno de Sánchez porque lo hizo un sábado y no había clases.
Casado se fue a hacer campaña en Madrid contra el Ejecutivo central un lunes, pero eligió el Colegio Internacional J.H Newman, que está financiado con dinero público pero que no pertenece a la red de centros de la Comunidad de Madrid. Lo dicho, lo importante son los matices.
