El Acento/ Inmaculada Sánchez.
Sabido es que el origen fundacional del Partido Popular está en el franquismo. En octubre de 1976 los llamados entonces «Siete Magníficos», seis exministros de la dictadura -Fraga, Martínez Esteruelas, Silva Muñoz, López Rodó, Fernández de la Mora y Licinio de la Fuente- junto a otro exalto cargo del régimen-Thomas de Carranza-, fundaron Alianza Popular en un acto que acabó con vítores de «Franco, Franco», según las crónicas de la época.
Algo más de una década después y vista la imposibilidad de triunfo en las urnas, en 1989 llegó la refundación con el nuevo nombre de Partido Popular y el liderazgo «sin tutelas ni tutías» de José María Aznar. Han pasado ya más de 30 años desde entonces y el actual líder del PP, el joven Pablo Casado, ha explicado esta semana, como pocas veces se ha escuchado en sede parlamentaria, lo que su partido, de verdad, sigue pensando del franquismo. Y no chirriaría apenas de la expresada por sus padres fundadores. Reconozcamos su naturalidad, coherencia y filial lealtad.
Casado ha revisado la naturaleza de la Guerra Civil para convertirla en un enfrentamiento entre «quienes querían democracia sin ley y los que querían ley sin democracia». ¿Acaso sin democracia puede ser legítima ley alguna?
Casado dejó pasmado este miércoles a más de medio hemiciclo en la sesión dedicada a las explicaciones de Sánchez sobre los polémicos indultos a los presos del procès, cuando, para argumentar su supuesta ilegalidad, tiró de memoria histórica y se refirió a la Guerra Civil en estos términos: «Fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia». Tal cual.
El levantamiento militar del 18 de julio del 36 pretendía, según esta revisión histórica de Casado, devolver la ley, y con ella el orden jurídico y social, a nuestro maltrecho país, sumido en el anárquico caos de una Segunda República ajena a la legalidad por mucho que la hubieran votado todos los españoles, conforme a la constitución y normativa vigente. ¿Acaso sin democracia puede ser legítima ley alguna? Democracia sí, pero según para qué, nos recuerda el líder del PP agitando el fantasma de la contienda bélica.
No debería extrañar tan sangrante equiparación de bandos guerracivilistas conocido el historial de los populares, quienes hasta en seis ocasiones han evitado condenar el franquismo en las Cortes Generales. Únicamente el 20 de noviembre de 2002, con Aznar en la presidencia del Gobierno, el PP se sumó a una unánime condena parlamentaria del golpe de Estado del 36. Un solo año después, sin embargo, con motivo del 25 aniversario de la Constitución, todos los grupos políticos promovieron un homenaje a las víctimas del franquismo cuya aprobación impidieron los populares con su mayoría absoluta. Unos meses más tarde volvieron a negar el voto a una propuesta para condenar los crímenes del franquismo.
En 2007, como es sabido, el PP votó en contra de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, acusándola de pretender «reabrir heridas». En 2013, rechazó una propuesta de la Izquierda Plural para declarar el 18 de julio Día Oficial de Condena a la Dictadura. En 2015 fue el único grupo del Congreso que votó en contra de dos iniciativas para instar al Gobierno a retirar la simbología franquista de los edificios publicos y a revocar los honores y títulos concedidos por la Administración a Francisco Franco.
Más cercana en el tiempo es su sistemática oposición a la propuesta del PSOE de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos: en 2017 votó en contra de una proposición de ley al respecto y en 2018 se abstuvo en el Senado ante la iniciativa que contemplaba una «rotunda» condena al régimen franquista, la persecución de su exaltación y el apoyo al traslado de la tumba de Franco. Estos ejemplos sólo son los referidos a su posición en las Cortes. Autonomías y ayuntamientos suman otros muchos casos aún más groseros e infamantes.
El líder del PP lleva tiempo instalado en la estrategia de deslegitimación del actual Gobierno de coalición, de sus iniciativas y hasta de la representación parlamentaria salida de las urnas que apoya al Ejecutivo. Ni dos votaciones perdidas en las últimas semanas en el Congreso -ganadas, por tanto, por el Gobierno y sus aliados- en contra de los indultos parecen motivo suficiente a Casado para dotarlos de la legalidad y refrendo democrático que sistemáticamente les niega -ni que tal medida de gracia no precise de votación parlamentaria alguna-. Escuchándole su ‘lección de historia’ del miércoles pasado puede resultar más fácil entenderle.
Periodista y directora de El Siglo desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas Cambio 16 y El Nuevo Lunes y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid
