Carlos Mallagaray (Santiago de Chle)
La Convención Constitucional acaba de presentar este mes, el 4 de julio, ante el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, el texto de propuesta de la nueva Carta Magna. El próximo 4 de septiembre el texto deberá ser aprobado o rechazado en el plebiscito de salida. La incertidumbre respecto al resultado, a pesar de que una abrumadora mayoría apoyó la necesidad de una Convención Constitucional y nueva Constitución, los resultados de la consulta son inciertos. La opción “rechazo”, según las encuestas, va por delante del apruebo con un 50% y 38% respectivamente, aunque estas cifras quedan en entredicho ya que el voto obligatorio hace difícil proyectar muestras representativas de los votantes.
Los cambios sustantivos respecto a la Constitución actual se pueden acotar en seis puntos.
Para explicarse el nacimiento de este proceso constitucional debemos remontarnos al “Estallido Social” del 18 de octubre de 2019 que congregó a millones de personas en todo Chile protestando por las desigualdades económicas y de oportunidades para la ciudadanía. Desde el 28 de octubre hasta el 15 de noviembre de ese año las protestas fueron fuertemente reprimidas por la policía dejando muertos, heridos, tuertos y ciegos en medio de la batalla campal en que desembocaron las represiones del gobierno de Sebastián Piñera. Una de las principales reivindicaciones, la mayor, era la derogación de la Constitución nacida en la dictadura de Augusto Pinochet del año 1980 que dejó una democracia acotada a que dos tercios de la Cámara de diputados puedan vetar a la mayoría que buscaba reformas que nunca llegaron.
A pesar de que una abrumadora mayoría apoyó la necesidad de una Convención Constitucional y nueva Constitución, los resultados de la consulta son inciertos
Ese 15 de noviembre, con un gobierno completamente deslegitimado, la derecha, en el Congreso de Diputados planteó sus condiciones para ceder a la creación de una Convención Constitucional que discutiera una nueva constitución nacida en democracia. Protagonista de aceptar las condiciones impuestas, Gabriel Boric –actual presidente de Chile– jugó un importante papel para que se aceptaran las condiciones propuestas. Es más, votó en contra de lo que decidió su partido.
El 25 de octubre de 2020, el 78% de los votantes decidió en un referéndum que se elabore una nueva Constitución redactada con constituyentes independientes, escaños reservados indígenas y paridad de género. Además, votaron para que el mecanismo para redactarla fuera el de una Convención Constitucional electa democráticamente, echando por tierra las pretensiones de la élite política de tener la redacción en sus manos o elaborarla de manera mixta.
En mayo de 2021 se celebraron las elecciones de convencionales constituyentes, donde los partidos políticos tradicionales salieron derrotados, especialmente los de derecha, que no alcanzaron el tercio al que aspiraban para poder bloquear los cambios más importantes al actual modelo neoliberal subsidario. Las candidaturas cercanas ideológicamente a la izquierda, las independientes de cualquier militancia partidaria, consiguieron alrededor de 60% de los escaños, y la opción apruebo obtuvo un abrumador 78%. La mayoría de ellos, provenientes de movimientos sociales con agendas específicas y acotadas. La Convención tuvo, también, una inédita composición paritaria entre mujeres y hombres, y 17 de los 155 escaños constituyentes fueron reservados para representantes de los pueblos indígenas. En el resultado de los acuerdos adoptados por los convencionales destacan 6 puntos que definen esta propuesta de nueva Constitución.
1.- De «República Democrática» a «Democracia Paritaria»: Ese principio se refleja en la nueva Constitución propuesta, que define a Chile como una «democracia paritaria», plantea que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y ordena tomar medidas para «alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad».
2.- De la omisión indígena a «Estado plurinacional e intercultural»: La Constitución en ejercicio no menciona a los pueblos originarios ni indígenas. En un giro radical, el nuevo proyecto define a Chile como Estado Plurinacional e Intercultural, reconociendo 11 pueblos y naciones (Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam «y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley», dice el texto).
3.- De «La ley protege la vida del que está por nacer» a «Asegurar condiciones para embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos».
4.- Pensiones, salud y cuidados: un «Estado social y democrático de derecho». El nuevo documento constitucional describe a Chile como «Estado social y democrático de derecho» que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas.
La Constitución en vigor, por el contrario, plantea que el Estado debe «contribuir a crear las condiciones sociales» para la realización de las personas, pero le impide participar en cualquier actividad empresarial, a menos que lo autorice la ley.
5.- Agua: de «propiedad» a «inapropiable»: La Constitución en vigencia incluye una mención breve pero poderosa al agua en Chile. Plantea que «los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos». La propuesta recién escrita establece el agua como bien «inapropiable». También establece un «derecho humano al agua», que prioriza sobre sus demás usos, y crea una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible.
6.- Sistema Político: En ambos textos el gobierno y la administración del Estado corresponden a la figura presidencial. En el nuevo texto, la edad para postular al cargo baja de 35 a 30 años cumplidos. El período presidencial se mantiene en cuatro años, pero se autoriza la reelección consecutiva por una vez. Sobre el poder legislativo, la Constitución de 1980 define un Congreso Nacional con «dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado» y precisa que ambas concurren a la formación de leyes (donde el Senado puede «perfeccionar» el trabajo de la Cámara). En el nuevo texto, se elimina el Senado y se crean dos Cámaras de poder «asimétrico»: un Congreso de Diputados y Diputadas para la formación de leyes (con al menos 155 integrantes), y una Cámara de las Regiones acotada a las leyes «de acuerdo regional».
La irrupción de los pueblos originarios en el proceso constituyente sacó a la luz el racismo y clasismo de las clases dirigentes, especialmente en los sectores acomodados de la derecha más radical que se pronunció públicamente de manera despectiva contra las autoridades del pueblo mapuche, más aún cuando fue elegida presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, mapuche con doctorado en Antropología.
La irrupción de los pueblos originarios en el proceso constituyente sacó a la luz el racismo y clasismo de las clases dirigentes
La tensión continuó tras las críticas de la convencional de ultraderecha Teresa Marinovic, quien fue acusada de racista por criticar a la machi Francisca Linconao, autoridad ancestral y una de las representantes mapuche en la Convención. “Constituyente Linconao hablando en mapudungun. Sabe hablar en castellano, pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show”, escribía a finales de julio de 2021 la convencional ultraderechista Teresa Marinovic en su cuenta de Twitter. A esto hay que sumar el carácter paternalista sobre los constitucionales electos, ya que por el sistema electoral permitió la incorporación de constituyentes independientes, escaños reservados indígenas y paridad de género en la elección de constitucionales. Hecho que se da por primera vez en el mundo a la hora de elaborar una constitución.
El constituyente Julio Álvarez Pinto, abogado por la Universidad Católica, Máster en Derecho Medio Ambiental, Diplomado en Estudios Avanzados en la Universidad Complutense de Madrid y destacado constitucional en el cambio de forma de Estado señala que “efectivamente acá hay una parte de la sociedad chilena que padece de racismo y eso ha sido muy vociferado por la derecha y, en mi opinión, ha hecho de ese punto el eje central de su campaña de desprestigio al nuevo texto. Lo que nosotros hicimos en la Convención Constitucional, simplemente digamos, fue elevar a rango constitucional normas que ya estaban en el derecho chileno. Primero el convenio 169 de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), que es un convenio internacional que fue ratificado por el parlamento chileno y por lo tanto tiene rango de ley, nosotros llevamos mucho de esas normas al texto constitucional.
La transformación a un Estado Plurinacional ha hecho que los detractores de esta nueva Carta Magna hayan elaborado una estrategia comunicacional a través de fake news en medios convencionales y en las redes sociales nunca visto hasta ahora en Chile sembrando de mentiras los medios de comunicación para crear terror entre los votantes con el anuncio de que el texto emanado llevará a Chile a la ruina. Para el constituyente Julio Álvarez “mucha gente critica y nos dice que esta constitución es la copia de la Constitución de Bolivia o de la de Venezuela. Yo tengo que reconocer francamente que nunca he visto la Constitución de Bolivia y nunca he visto la de Venezuela. Sin embargo, sí hemos estudiado muy largamente algunas constituciones europeas, particularmente la española y la italiana. Y la influencia de la Constitución española, sobre todo en lo que dice relación en la forma de Estado, es decir, el cambio de forma de Estado que tenemos hoy día de una forma de Estado unitario a un Estado Regional ha sido muy fundamental.
De hecho, muchos de nosotros que hemos tenido alguna vinculación con España, que hemos estudiado allá, como algunos otros convencionales que también han estudiado largamente la Constitución española, dijimos claramente que esa era una de nuestras fuentes de inspiración y creemos que así efectivamente ha quedado”
El texto nacido de la Convención Constitucional deberá ser aprobado o rechazado el próximo 4 de septiembre de 2022. En caso de ganar el apruebo, la nueva constitución comenzará a regir el día 14 del mismo mes a través de las normas transitorias que incluye el texto. Si gana el rechazo seguirá vigente la Constitución de 1980 promulgada por Pinochet tal como ha indicado el Presidente Boric. Para llegar a un acuerdo sobre la necesidad de una nueva Constitución sería necesario iniciar un nuevo proceso desde foja cero perdiendo la oportunidad de contar con la Carta Magna más progresista de Latinoamérica.
