José Luis Centella
Se debe dar un tiempo para analizar más en profundidad los resultados electorales en Galicia y Euskadi, sobre todo en sus repercusiones estatales. Pero ahora no es menos interesante reflexionar sobre la manera de afrontar cómo la crisis ha puesto en cuestión valores y principios sobre los que se había construido la globalización neoliberal, dejando en evidencia que la economía deslocalizada, la que busca el máximo beneficio en el menor tiempo, lleva a una pérdida de capacidad productiva y de respuesta a una situación de emergencia.
A nivel europeo hemos visto que las carencias y el déficit del modelo de integración han servido para desmontar el sector público, la economía productiva y las estructuras del llamado Estado del Bienestar. En España se han puesto sobre la mesa todas las debilidades históricas de nuestro modelo productivo, agravadas por las políticas de recortes, privatizaciones y pérdida de derechos sociales, laborales y ciudadanos entre 2010 y 2015.
Las fuerzas que defienden una salida reaccionaria, depredadora, autoritaria y patriarcal trabajan para derribar al actual Gobierno. Han activado su base social, como pudo verse, por ejemplo, en el encuentro organizado por la patronal
Podría pensarse que el capitalismo globalizador y especulativo ha sufrido una derrota ideológica en la medida que han aflorado valores de solidaridad y de defensa de lo público que estaban minusvalorados, pero no podemos equivocarnos. El Capital, con mayúsculas, tiene más que demostrada su capacidad para convertir momentos de crisis, incluso aparentes derrotas, en oportunidades para reinventarse. Ya lo demostró en 2018 y, por lo tanto, no va a caer sólo por sus propias contradicciones internas, sino que intentará solucionarlas a costa de nuevos recortes y ajustes.
La batalla está servida. Los próximos meses serán claves para decidir el futuro y las múltiples batallas que están sobre la mesa a nivel nacional e internacional. En España se repite la disyuntiva entre una salida neoliberal de la crisis, que no sólo agrave los recortes impuestos hasta hace pocos años, sino que profundice en el modelo de economía dependiente y con menos servicios públicos, o abrir paso a políticas que garanticen el llamado ‘escudo social’ y que acometan cambios para romper nuestro papel dependiente y subsidiario en favor de la mayoría social.
Las fuerzas que defienden una salida reaccionaria, depredadora, autoritaria y patriarcal trabajan para derribar al actual Gobierno o, al menos, para enterrar el programa que contempla el acuerdo de gobierno. Han activado su base social, tanto la que se pudo ver representada en el encuentro organizado por la patronal, como la movilización callejera de los sectores más ultras, sin olvidar soportes ideológicos como el de FAES y su traslación a la sociedad por sus terminales mediáticas.
Pues bien, si la izquierda se queda solamente en la batalla institucional –parlamentaria y gubernamental– estará perdida. El Capital será fuerte en la medida en que el conjunto de la sociedad no perciba que hay una alternativa comprensible por la mayoría. Es necesario conjugar políticas progresistas y activar un bloque social de apoyo activo a esas medidas concretas transformadoras con la construcción de una propuesta alternativa sobre un ‘Modelo de Nuevo País’.
Pero ni esta propuesta se construye en dos días, ni se puede detener el tiempo hasta que tengamos lista la alternativa. El reto es actuar de forma coordinada y con una relación dialéctica en todos los niveles de la vida política, social, sindical e institucional. Debe concretarse en septiembre/octubre, cuando todas las contradicciones se acentúen al tener que presentar unos Presupuestos Generales que mantengan el ‘escudo social’ e inicien las transformaciones necesarias en el modelo productivo y de relaciones laborales.
Es un reto al que las fuerzas sociales, sindicales y políticas de la izquierda deberían prestarle, al menos, el mismo tiempo que al análisis de los resultados electorales.
Coordinador de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
