Corrigiendo al PP

Tema de Portada de El Nuevo Lunes / Ana Sánchez Arjona y Nuria Díaz

Carcedo quiere resucitar el Fondo de Cohesión Sanitaria que liquidó el PP

Las declaraciones del Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo, de Cataluña, Rafael Ribó, que achacaban el déficit de la sanidad catalana al «sobrecoste» de atender pacientes de otras comunidades autónomas, ha creado polémica. Ribó aseguraba que, si bien desconoce si las listas de espera catalanas son las más largas de España, «uno de los déficits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste por la gente que viene a intervenirse a Cataluña». Según los cálculos del Departamento de Salud de la Generalitat, el impago por atender pacientes de otras comunidades asciende a unos 170 millones de euros.

“¿Por qué?”, se pregunta Ribó “porque ha habido un modelo excelente que, si no lo mimamos, se nos puede ir al garete». Más tarde en su cuenta de Twitter sostenía que en la institución trabajan para «acortar» las listas de espera y sitúa como «retos muy importantes» otras áreas como «las retribuciones, las inversiones y la jubilación de personal».

Los expertos aseguran que no se debe vincular el tránsito de pacientes entre comunidades con las listas de espera porque el Sistema Nacional de Salud es, como su propio nombre indica, nacional y la asistencia es un derecho de todos los ciudadanos y, además, añaden que el asunto que subyace en esta polémica está en el Fondo de Cohesión Sanitaria, prácticamente inexistente desde que el Gobierno del PP, en 2016, dejara de dotarlo vía Presupuestos Generales del Estado.

El Fondo es, desde 2001, el mecanismo para compensar a las comunidades que daban asistencia sanitaria a personas que no residían en ellas. Hasta hace tres años, este fondo disponía de una partida presupuestaria que llegó a alcanzar los 150 millones de euros pero en los últimos años la partida ha ido descendiendo: 87,2 millones en 2011; 93,3 en 2012; 36,3 s en 2013; 22,7 en 2014 hasta quedar en los 2,3 millones que le asignaban las cuentas de 2015. Su dotación para este año que está a punto de finalizar ha sido de 3,7 millones.

Desde entonces este mecanismo está fuera ya de las cuentas públicas y se dejó en manos de las comunidades la gestión de las derivaciones de pacientes entre autonomías.

El asunto que subyace tras la polémica está en el Fondo de Cohesión Sanitaria, prácticamente inexistente desde que el Gobierno del PP, en 2016, dejara de dotarlo vía Presupuestos Generales del Estado

“Claro que el gobierno de Mariano Rajoy lo recortó de manera drástica, así que, si el dinero del fondo no se distribuye, son las comunidades las que ajustan cuentas entre ellas. De hecho, tienen alianzas para ello”.

Estamos ante una rebaja brutal de la financiación estatal que se ha producido en paralelo con la crisis económica que impactado especialmente en los recursos sanitarios de las autonomías durante la crisis lo que les llevó a aplicar duros recortes. A los hospitales de comunidades como Madrid, por ejemplo, llegan muchos pacientes de regiones en las que no existen determinados tratamientos. Y era ahí, donde el fondo de cohesión sanitaria ha servido durante años para financiar estrategias nacionales de salud.

Así que, debido a la importancia de revitalizar este Fondo, de resucitarlo, la ministra Mª Luisa Carcedo, decidió sacar a consulta pública un proyecto de orden ministerial para relanzar este Fondo.

El proyecto de orden señala, según el Ministerio, que desde la publicación de la última norma de actualización, “el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha continuado acordando grupo de patologías, técnicas, tecnologías o procedimientos, que son necesarias incorporar al anexo III del Real Decreto 1207/2006“. Así, más allá de la posible revitalización económica del fondo, se actualizarían los procedimientos que cubre y sus precios.

El texto añade, de hecho, que hay que actualizar los costes compensables por procesos debido a la influencia de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española y de la actualización en 2016 de la estimación de pesos y costes hospitalarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) notificados a través de la Estadística de Centros de Atención Especializada.

La norma, además de garantizar la compensación mediante la posible resurrección de un fondo específico, regulará la incorporación al anexo III del Real Decreto 1207/2006 de “nuevas patologías, técnicas, tecnologías o procedimientos acordado por el Consejo Interterritorial del SNS.

Fuentes del ministerio explican que, en relación a la naturaleza extrapresupuestaria del fondo, “trasladamos que hasta que no se forme Gobierno seguimos teniendo que trabajar con presupuestos prorrogados”.

Turistas sanitarios nacionales

El proyecto de Presupuestos de 2016 recogía, en una disposición adicional, que el Fondo de Cohesión Sanitaria pasaría a tener “naturaleza extrapresupuestaria”. Las comunidades, desde entonces, tienen que informar del importe que les ha supuesto atender a pacientes de otras regiones para que se ajusten los saldos positivos frente a los negativos y el dinero que resulte se ingresará en una cuenta de la Secretaría General del Tesoro que controla el Ministerio de Sanidad.

La drástica rebaja de la financiación estatal se produjo en paralelo a la crisis económica que impactó, especialmente, en los recursos sanitarios de las comunidades autónomas

El sistema de compensación entre comunidades es similar desde entonces al que usa el Fondo de Garantía Asistencial, FOGA, creado en 2012 para intentar resolver los conflictos entre comunidades por el coste que les supone atender a pacientes de otras regiones que no llegan derivados oficialmente, sino que usan la sanidad (también las recetas) cuando están desplazados de forma temporal o en sus vacaciones. Cuando la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, presentó el FOGA, su departamento aseguró que se nutriría de fondos estrictamente estatales, pero nunca fue así. Las comunidades supuestamente se compensan entre ellas, como ahora ya hacen ya que el fondo de cohesión apenas tiene dotación.

“Al dejar de tener financiación, se acentúa la desigualdad, hay menos integración del sistema lo que supone muchos problemas para el ciudadano”, aseguran los expertos consultados. “Sin ese dinero, siempre insuficiente en todas las etapas, la obligación del Gobierno de paliar las desigualdades entre comunidades queda en entredicho porque recae en manos de las comunidades para que estas actúen en la medida que puedan”.

La parálisis de la sanidad catalana

La sanidad catalana se mueve por inercia. Con los Presupuestos prorrogados por segundo año consecutivo y sin visos de nuevas cuentas autonómicas a corto plazo, el Departamento de Salud ha precipitado al sistema sanitario a la misma parálisis de la que adolece todo el Govern.

Los datos del informe del Ministerio de Sanidad sobre Gasto Público sanitario sitúan a Cataluña a la cola de inversión sobre la riqueza de la comunidad autónoma, visión muy distinta a las transmitida por el síndic, Rafael Ribó. Tampoco sale bien parada la Generalitat si se observa lo que destina al pago de sus profesionales.

Según el informe ‘Estadística de Gasto Sanitario Público’, realizado por el Ministerio de Sanidad, Cataluña es la penúltima comunidad autónoma en inversión sanitaria con respecto a su Producto Interior Bruto. Las cifras apuntan a que Cataluña invirtió en 2017 (último año del que Sanidad dispone datos) un 4,6% de su PIB mientras que la media nacional se sitúa en el 5,5. Sus cifras quedan muy lejos de la comunidad líder en esta clasificación, Extremadura, quien invirtió un 9,1% de su PIB en Sanidad.

A pesar de que las cifras son de 2017, la situación en Cataluña es la misma. Esta comunidad autónoma vive su segunda prórroga presupuestaria, por lo que los números de aquel año son perfectamente extrapolables a 2019. Además, y en relación a los presupuestos, según los datos oficiales de la comunidad autónoma de Cataluña, su inversión en el capítulo sanitario se encuentra por debajo de los niveles de 2011, año en el que la crisis económica golpeaba con fuerza.

Otro de los datos que se desprende del informe del Ministerio de Sanidad es el porcentaje económico destinado al pago de los profesionales que conforman los sistemas de salud autonómicos. El dato de Cataluña vuelve a destacar por ser negativo. Desde la óptica de la clasificación económica, el componente del gasto sanitario de las comunidades autónomas con mayor peso es la remuneración del personal pero en Cataluña solo alcanza el 35,2%, mientras que la media nacional se sitúa en el 45,1.

Ribera hereda la burbuja renovable de Nadal

En enero de 2016 y después cuatro años de parón del sector, el Gobierno del PP decidió abrir la mano y se licitaron 700 MW, de los cuales 500 MW correspondieron a eólica y 200 MW a biomasa. Desde 2012 no se adjudicaba un solo MW por la moratoria verde impuesta por el PP. Hasta tal punto que, en 2014, la potencia renovable instalada solo se incrementó en España en 39 megavatios (MW), y en 2015, sectores como el eólico solo aumentaron en 1 MW. Con estas paupérrimas cifras no es de extrañar que el sector, después de años de inactividad, se volcara en la subasta organizada por el entonces secretario de Estado de Energía con el gobierno del PP, Alberto Nadal. La sorpresa fue mayúscula cuando la empresa que arrasó era una desconocida en el mundo del MW dejando fuera de juego a las grandes eléctricas que habían acudido. Se trata del Grupo Jorge, propietario de la familia aragonesa Samper, especializado en agricultura y ganadería, sobre todo porcina, y que a través de dos sociedades, Forestalia y Energías Eólicas de Aragón, logró 400 MW eólicos y 160 MW de biomasa de los 700 MW que salieron a subasta. Para redondear la sorpresa pujó a precio cero, pese a que el Gobierno ofrecía la oportunidad de recibir prima.

El sector no se había recuperado de esta subasta cuando apenas un año después, el gobierno volvió a convocar otra para adjudicar esta vez 3.000 megavatios (MW) de energía ‘verde’. Las asociaciones del sector, como APPA, se quejaron de que esta convocatoria se hacía nuevamente sin haber dotado previamente al sector de un marco regulatorio estable y sin que hubiera habido diálogo alguno con el sector. En esta ocasión, que corrió a cargo esta vez de otro Nadal, el ministro Álvaro Nadal, la cosa estuvo más repartida, pero aún así, también hubo sorpresa. La primera que la fotovoltaica fue la primera ganadora de la puja con 3.909 MW de los más de 5.037 MW otorgados finalmente a un total de 40 empresas y la segunda que Cobra, filial de construcción industrial del grupo ACS, fue la adjudicataria ganadora con 1.550 MW.

Interés desmedido

Han pasado casi cuatro años y de los 8.000 MW totales adjudicados por el PP, casi la mitad están en el aire.

Según los últimos datos de REE, de mes de noviembre, de los 4.000 MW eólicos adjudicados y que deberían estar conectados el próximo 31 de diciembre, solo 1.634 están conectados 1.634. Por su parte, de los 4.000 MW fotovoltaicos, están conectados 3.110.

Según fuentes del sector, las causas del retraso son variadas y van desde la lentitud de algunos trámites burocráticos a la falta de músculo financiero de algunos de los que se adjudicaron proyectos. Si no legan a tiempo, los promotores, además de perder la licencia para construir esas instalaciones, perderían decenas de millones de euros en los avales bancarios que presentaron para garantizar su ejecución.

“Se veía venir. Hubo y hay un interés desmedido por tomar posiciones en el sector renovable, pero el sistema de subastas ha fomentado que, al pedir solamente como condición la presentación de un aval y no tanto que hubiera que un proyecto industrial detrás, la concesión de puntos de acceso se convierta casi en un producto financiero”, señala José María González Moya, director general de APPA Renovables. Fuentes del sector señalan que tanto Forestalia, como Alfanar, empresa controlada por Capital Energy, y Cobra, filial de ACS, van a tener bastante complicado disponer de todos los permisos antes de la fecha exigida.

Vender y comprar

De hecho, hay adjudicatarios que han vendido gran parte de los MW que obtuvieron. Es el caso, por ejemplo, del grupo aragonés Forestalia. El pasado mes de julio, Repsol compraba a la aragonesa Forestalia proyectos eólicos que suman 335 megavatios (MW) de potencia aunque no trascendió el precio. En septiembre, el fondo danés Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) anunciaba la compra de nueve parques eólicos a Forestalia por unos 350 millones de euros. Y en octubre, Lightsource BP, la empresa dedicada a las energías renovables cuyo accionista de referencia es la petrolera inglesa, cerraba la compra de desarrollos de energía solar fotovoltaica por 295MW que la firma aragonesa está desarrollando en Teruel. En este caso, se trata del grueso de los megavatios que la compañía local tenía adjudicados en la segunda subasta de energía renovable que convocó en julio de 2017 el Gobierno del Partido Popular.-Ahora se está negociando la venta de un paquete adicional de más de 800 MW eólicos a Repsol. En este caso, son de promoción libre, dentro de la cartera de más de 5,5 GW (5.500 MW) que tiene Forestalia. Forestalia confirma las negociaciones, pero no aporta más datos.

Según los últimos datos de REE, de mes de noviembre, de los 4.000 MW eólicos adjudicados y que deberían estar conectados el próximo 31 de diciembre, sólo 1.634 están conectados. Por su parte, de los 4.000 MW fotovoltaicos, están conectados 3.110

De esta forma, prácticamente y de tolos los MW que ganó, la firma aragonesa va a poner en marcha dos proyectos eólicos, bautizados como «Goya» y «Phoenix», ambos íntegramente en Aragón, en las provincias de Zaragoza y Teruel, y que suman más de 640 MW. En ambos proyectos, las obras aseguran desde la empresa están muy avanzadas, ya en fase de puesta en funcionamiento. La participación de Forestalia en estos proyectos es compartida con otros aliados: en el Phoenix con ENGIE y Mirova, y en Goya con Mirova, GE y ENGIE.

Asi resumen fuentes de la compañía su estrategia: “Poner en marcha 1.800 MW de renovables requiere un esfuerzo ingente. Evidentemente, no todo se puede acometer en los plazos que nos gustaría en Forestalia, pero lo importante es que todo se va a ejecutar, absolutamente todo. Para ello, contamos con los mejores aliados industriales, tecnológicos y financieros, y compartimos los objetivos con las administraciones”.

Cobra (ACS) cuenta a día de hoy con 1.481 MW en explotación y construcción dentro del desarrollo de su cartera de proyectos de 8.200 MW (entre ellos los 1.550 MW conseguidos en las últimas subastas en España). Por tipo de instalaciones, el 70% de los proyectos son plantas fotovoltaicas, otro 27% parques eólicos y el resto, están dedicados a termosolares. Los analistas señalan que Florentino Pérez pretende vender esta cartera renovable como ya hizo con Saeta Yield.

También por dificultades para estar a tiempo pasa la saudí Alfanar que se adjudicó 720 MW celebrada en julio de 2017 pero no ha recibido del BEI toda la financiación que esperaba,

Está por ver si el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la ministra Teresa Ribera está dispuesto a ejecutar los avales de todas las empresas que no tengan en marcha sus proyectos de eólica y fotovoltaica antes del 1 de enero de 2020, fecha límite que marcaba la subasta. Por cada megavatio subastado, se depositaba un aval de 60.000 euros.

Lo que sí le tocaría a ella es sacar adelante el Plan Nacional de Energía y Clima 2020-2030. “España tiene que tenerlo listo antes de fin de año para mandarlo a Europa. En realidad, explican fuentes de APPA, debería haber estado a finales de 2018 pero nos dieron una prórroga.

“Pero casi lo más importante, señala González Moya, de APPA, es que tengamos lista de una vez la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es donde debemos establecer el objetivo nacional de renovables, que por el momento el anteproyecto de Ley fja en el 35%, un objetivo más ambicioso que el europeo, que es del 30%, pero menor del que nosotros proponemos que es del 42%”

Los que sí cumplen

No todos los proyectos están tan al límite. Endesa, a través de su división verde Enel Green Power, se adjudicó en las dos pujas un total de 879 megavatios (MW) de nueva potencia renovable, repartida en 540 MW de energía eólica y otros 339 MW de fotovoltaica, y para cuya construcción y puesta en funcionamiento ha destinado 800 millones de euros.

De esos 879 MW, tiene ya más de 500 MW conectados y el resto “a punto”. “Vamos a llegar”, afirman fuents de la compañía.

Tambien es el caso de los MW adjudicados a Naturgy. La compañía presidida por Francisco Reynés se adjudicó en la doble subasta un total de 917 megavatios (667 MW eólicos y 250 MW solares).