Marta Piquero
Más de diez mil personas han entrado a la Ciudad Autónoma de Ceuta de forma irregular desde el pasado lunes procedentes de Marruecos después de que la policía alahuí abandonara el control de la frontera en un gesto de descontento con la Administración española sin precedentes en décadas. Muchos de los llegados son niños y menores de edad y aroximadamente el 70% han sido trasladados de vuelta a Marruecos.
Esta avalancha migratoria se ha producido después del traslado de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, a España, a un hospital público de Logroño, por problemas de salud y a instancia del gobierno de Argelia. Para Marruecos, la acogida al líder del Frente Polisario, que reivindica la idnependencia del Sáhara occidental, es una afrenta que no corresponde a las normas de buena vecindad que espera de España. Por su parte, el Ministerio de Exteriores español, por boca de su titular, Arancha González Laya, ha indicado que solo se atendieron razones humanitarias para el traslado del dirigente saharaui ya que Ghali sufre COVID, además de un cáncer severo. Tras las llamadas de atención de Bruselas, que presionó a Marruecos sobre el carácter de ‘frontera de la Unión Europea’ de Ceuta, Marruecos retomó el control en la frontera con Ceuta y, a finales de semana, las llegadas masivas de días precedentes se han convertido en un goteo de inmigrantes que tienda a decaer.
Sin embargo, los días precedentes se convirtieron en una entrada masiva ilegal de personas a Ceuta, bien a través de la valla fronteriza o a nado. Ante el cariz de la crisis, Pedro Sánchez se vio obligado a cancelar su agenda política, en concreto un viaje a Francia para participar en la Cumbre sobre Financiación de Economías Africanas, y a desplazarse de urgencia a la ciudad junto con el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
«Mi prioridad en este momento es devolver la normalidad a Ceuta. Sus ciudadanos y ciudadanas deben saber que cuentan con el apoyo absoluto del Gobierno de España y la máxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte del país ante cualquier desafío”, ha afirmado el Presidente.
Por otra parte, el Gobierno ha anunciado que destinarán 30 millones de euros a Marruecos para la lucha contra la inmigración ilegal, una medida que, según ha afirmado, ya estaba prevista antes de esta crisis.
Ylva Johansson, Comisaria Europea de Interior, ha señalado que “lo más importante ahora es que Marruecos siga comprometido para evitar salidas de inmigrantes irregulares”. Además, ha añadido que los inmigrantes irregulares deben ser “devueltos de manera ordenada y efectiva”. Johansson finalmente ha insistido en que “las fronteras de España son europeas. La Unión Europea quiere una relación con Marruecos basada en la confianza y en unos compromisos compartidos”.
Tras varios días marcados por la entrada masiva de personas a Ceuta, y algunas también a Melilla, el Gobierno marroquí ha decidido cortar el paso. Ahora, el mayor problema que queda en España tras esta oleada de migrantes es la situación de los menores, a los que no se puede trasladar de vuelta a Marruecos como a los adultos. Muchos de ellos están a la espera de ser reubicados en otros territorios de la península. Sin embargo, algunas Comunidades Autónomas se han mostrado reticentes a esta solución. Rocío Ruíz, Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Andalucía, ha afirmado que “Andalucía no puede acoger más niños, nosotros ya tenemos 3000 niños”. Madrid, por su parte, ha pedido al Gobierno central que sean más claros en cómo se va a desarrollar ese reparto de menores.
Por su parte, desde Rabat no se dá por concluida la crisis. El gobierno marroquí ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid y ha solicitado «actos» que demuestren la relación de confianza entre ambos países, según fuentes de la diplomacia del país magrebí cercanas al rey Mohamed VI.
