Luis Carlos Ramírez
El Parlamento, que ha arrancado esta semana, ajusta la maquinaria a velocidad de crucero para debatir, y en su caso aprobar, los que serán los últimos presupuestos de la legislatura (PGE 2023), además de impulsar la actividad legislativa del gobierno que tiene en cola más de una decena de leyes. Un Congreso dividido y enfrentado no es ajeno a la preocupación ciudadana a la que se encomiendan con fervor los dos bloques de izquierda y derecha.
El curso político y parlamentario más largo de los últimos años -que se prolongará hasta noviembre de 2023- comienza con un frenesí legislativo sin igual, con creciente disputa entre Sánchez y Feijóo, y sus respectivas estrategias para consolidar, o intentar, el asalto al poder. La frenética actividad se inicia con gobierno y oposición activando las maquinarias electorales en la dura campaña que se avecina. Ambos líderes mantienen una hoja de ruta con idéntico objetivo común: comenzar el año en la mejor posición para remontar las tres grandes citas con las urnas: autonómicas, municipales y generales. Lejos de desaparecer, el bipartidismo sigue jugándose su alternancia en el poder, rodeado de satélites que posibilitan la mayoría necesaria para gobernar.
PGE 2023 y financiación
Los Presupuestos de 2023 serán «fundamentales» para consolidar el crecimiento y dar respuesta a las consecuencias de la guerra, según el Gobierno, con una inflación desbocada al 10,5%
Con la inflación desbocada en el 10,5% y la cesta de la compra subiendo un 13,8%, los Presupuestos de 2023 serán «fundamentales» para consolidar el crecimiento económico, fortalecer el Estado de Bienestar y dar respuesta a las consecuencias derivadas de la guerra, según el Gobierno. La suspensión de las reglas fiscales por parte de la UE permitirá un gasto no financiero (techo de gasto) de 196.097 millones, junto a una recaudación récord de 22.000 millones (ya en el primer semestre de 2022), que podría duplicarse a final de año.
Pedro Sánchez pide a sus grupos parlamentarios «mayor implicación» frente a los nuevas cuentas, que la ministra Montero tiene previsto presentar en el Congreso «a finales de mes o principios de octubre”, sobrepasando el periodo reglamentario del 30 de septiembre (“al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.) Consciente de que todavía «queda mucho por hacer», el presidente pide también máxima pedagogía para defender la labor del gobierno de coalición», además de trabajar intensamente.
La titular de Hacienda esta «convencida» de que el proyecto de ley de Presupuestos contará con un respaldo parlamentario suficiente, necesario para «afrontar con mayores garantías un invierno que presagia “complejo y duro en Europa y España” por el incremento del ‘precio de la vida que estáviviendo los ciudadanos cada día’ tras la invasión de Ucrania. Como ya consiguió en 2020 y 2021, el ejecutivo confía en el apoyo de sus socios de investidura (188 votos a favor de 11 partidos, incluidos ERC y PNV) a los que espera convencer una vez más. Estas últimas formaciones ya han pactado el aumento del déficit de las administraciones públicas, autonomías y municipales hasta el 0,3%.
Montero también está a punto de “mandar» la segunda propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, sobre el que insta a los partidos a presentar las suyas porque «en el Congreso no votan los territorios, sino los grupos políticos» El Gobierno ya hizo una primera propuesta a las comunidades incluyendo la «variable de población ajustada», con la advertencia de un difícil consenso si cada territorio solo aspira a su propuesta de máximos.
Podemos, ante la ‘prueba del algodón’
La ministra Montero esta «convencida» de que el proyecto de ley de Presupuestos contará con un respaldo parlamentario suficiente, que en 2020 y 2021 llegó a 188 votos
No será fácil, sin embargo, la negociación ya comenzada con su socio de gobierno que considera los PGE como la “prueba del algodón” y la última baza para medir su influencia en la coalición. Podemos, reclama más gasto social en detrimento de la Defensa, así como profundizar en su reforma fiscal además de subir el IPREM y las ayudas a la crianza. El Indicador Público de Renta es el índice de referencia para conceder subvenciones como el subsidio de desempleo y ayudas a los hogares, situada hoy en 579 euros.
El gasto militar es considerado un escollo por la formación de Ione Belarra que no considera prioritario en el actual contexto económico. El compromiso de Sanchez con sus socios comunitarios y de la OTAN es elevar el presupuesto defensivo de manera progresiva, del 1% al 2% del PIB en 2029, lo que supone casi duplicar los 13.000 millones de 2021.
Un “compromiso de país”, según el presidente, que “trasciende la legislatura” por lo que buscará incluso el apoyo de Ciudadanos y el PP. Mas allá de las reticencias del principal partido de la oposición a las cuentas públicas, el ejecutivo espera al menos su placet a la inversión en Defensa, que Hacienda pretende ahormar con un Plan especial para no chocar con Podemos. Este no computa en el techo de gasto y tampoco afecta a las partidas de carácter social.
Resto de socios
Para contentar al resto de ‘socios’ (EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, PRC o Teruel Existe), Montero abre la puerta a incorporar algunas medidas fiscales, a condición de que sean compatibles con las políticas para paliar los efectos de la guerra. La ministra alude específicamente a la bajada del IVA para los productos de higiene íntima femenina y a “toda la parte medioambiental”. Por el contrario, descarta retomar la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, “poco razonable” en este momento, aunque sin descartarlo a lo largo de la legislatura una vez pasado el “nubarrón” bélico. Los presupuestos tampoco incorporarán la deflactación de la tarifa del IRPF -propuesta por Feijoo– al considerar que las bajadas masivas de fiscalidad son contraindicadas para contener la inflación. Mayor posibilidad tiene la subida de sueldo de los funcionarios y el aumento de las pensiones en función del IPC, comprometido también por el gobierno, que podría acarrear un gasto de 15.000 millones.
Los PGE serán la “prueba del algodón” para Podemos y la última baza para medir su influencia en el gobierno. ERC y PNV no darán un cheque en blanco y exigen cumplir los compromisos acordados
La intención de Hacienda es incluir los salarios de los empleados públicos en el futuro pacto de rentas. De no ser posible, negociará con los sindicatos una actualización “muy prudente” para evitar efectos de segunda ronda.
Aun así, el Gobierno descarta un escenario de recesión al que sí parecen abocadas otras grandes economías de la UE. Solo con un crecimiento en 2023 cercano a las previsiones de la ministra Calviño (Economía calcula una subida del PIB al 2,7%), la recaudación podría aumentar a cifras récord para las arcas del Estado como las previstas en 2022.
Exigencias de PNV y ERC
Quienes no darán un cheque en blanco para apoyar las cuentas serán ERC y PNV. Los republicanos exigen cumplir los compromisos adoptados en la mesa de negociación, mientras la formación vasca pide agilizar las relaciones Vitoria-Madrid y el ‘inaceptable’ retraso del traspaso de competencias. El encargado de persuadir no es otro que el presidente de la formación, Andoni Ortuzar, quien recuerda los tiempos difíciles que se avecinan y la necesidad de sumar fuerzas. Ortuzar avisa, además, de que «ya vale de estirar el chicle” y aprovecharse del mantra de la ‘derechona‘, recordando su próximo encuentro con Feijóo y la especulación de ‘echarse’ en sus brazos. El presidente del EBB lo tiene claro: «nosotros, a lo nuestro, el PNV solo se echa en brazos de este país».
Sánchez pide a sus grupos parlamentarios «mayor implicación» con los nuevas cuentas, que la ministra Montero presentara en el Congreso «a finales de mes o principios de octubre”
