José Luis Centella
El intento del Partido Popular de convertir las elecciones locales del próximo 28-M en unas primarias de las próximas generales tiene como primeros perjudicados a las millones de personas que ven cómo el debate sobre sus problemas reales allí donde viven se ocultan con temas y mentiras que buscan desgastar al Gobierno del Estado, incluso metiendo a la disuelta y derrotada ETA en campaña.
El PP del ‘moderado’ Alberto Núñez Feijóo busca el cuerpo a cuerpo con el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, insulta al conjunto de sus integrantes y, a falta de argumentos sólidos y de propuestas reales que enfrentar, embarra el debate político. De nuevo la extrema derecha de Vox le marca el paso. A ninguno de ellos les interesa que el día 28 el voto sea el fruto de un análisis de lo que propone cada partido sobre el desarrollo urbano sostenible, sobre la necesidad de unos servicios municipales de calidad o de implantar una fiscalidad progresista que contribuya a un justo reparto de la riqueza.
Ocultar el debate local bajo la alfombra del estatal evidencia la poca confianza que tienen el PP y Vox en sus candidaturas locales, la poca seguridad que tienen en que sean ellas y ellos quienes logren por sí mismos el apoyo de sus vecinos hablando de lo cercano
Intentar tensionar al máximo una campaña municipal, sobreactuando con ETA, esgrimiendo atentados como el de Hipercor en 1987 y la sangre de sus 21 víctimas, se le está volviendo ya en contra al Partido Popular y beneficiando a la ultraderecha, es lo único novedoso de algo que se repite cada cita electoral desde que el terrorismo etarra pasó a ser historia.
Las elecciones municipales son importantes en la medida en que ponen en juego el gobierno de la institución más cercana a la ciudadanía. En ellas participan cientos de candidatas y candidatos con los que electores se encuentran cara a cara en la calle y pueden interpelaros directamente en un debate directo. Pero hay quien cree que es mejor crispar el ambiente que desarrollar un debate sereno en torno a propuestas programáticas.
Eso sí, que sirva como señal de cara a los cercanos comicios generales. Creer que cuanto más se crispe el debate político más rédito electoral se puede sacar demuestra que el PP tiene puesta su esperanza de tener un buen resultado en diciembre más en si logra desgastar y desprestigiar al Gobierno de coalición que en demostrar que serían capaces de hacerlo mejor.
Ocultar el debate local bajo la alfombra del estatal evidencia la poca confianza que tienen el PP y Vox en sus candidaturas locales, la poca seguridad que tienen en que sean ellas y ellos quienes logren por sí mismos el apoyo de sus vecinos hablando de lo cercano.
Esta provocación continuada y haber elevado el listón hasta límites realmente peligrosos nos lleva a expresar una preocupación sobre lo que nos puede esperar en la recta final hacia la próxima campaña de las elecciones generales. En esos comicios el país se juega mucho, es lícito e incluso saludable el apasionamiento en el debate político, pero una cosa es apasionarse en la defensa de las ideas y otra es tratar de llevar a la sociedad a una confrontación que pueda acarrear la ruptura de la convivencia cívica.
No debemos tomarnos a la ligera estos intentos de crear situaciones de alarma social contra los poderes públicos. Hay que denunciar la manipulación y la tergiversación de la realidad. Al mismo tiempo, la izquierda debe ser consciente de la necesidad de dar la batalla de las ideas, de defender los valores cívicos, ciudadanos, solidarios, frente a quienes tratan de que triunfen la confrontación y el odio. Porque de esto va la cuestión, de que los otros aprovechan cualquier situación en busca de la hegemonía para imponer una política autoritaria, reaccionaria, un nuevo fascismo que sólo puede vivir en un clima de ruptura social.
Desde mi reconocida preocupación actual, siempre seré un firme defensor de que las fuerzas políticas de la izquierda señalen con rotundidad ante la ciudadanía a quienes están sobrepasando estos límites y dejen constancia de ello de cara a lo que pueda ocurrir en el futuro.
Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
