El Acento/ Inmaculada Sánchez.
A Alberto Núñez Feijóo le ha llamado «traidor» esta semana un obispo porque le ha parecido bien la sentencia del Tribunal Constitucional que declara plenamente acorde a la Carta Magna la Ley del aborto que el PP tenía recurrida desde hacía 13 años. La marea de reproches al gallego, desde dentro del PP y de parte de su electorado, ha sido tal que ha tenido que matizar y, como ya viene siendo habitual en él, el enredo explicativo en el que se ha metido no ha tranquilizado ni a sus críticos ni a quienes pretendía agradar.
«El aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley pero no es un derecho fundamental», ha querido aclarar. O sea, que para Feijóo se trata de una especie de derecho ‘de segunda’, no de un derecho de los ‘de primera’. Estos líos que se hace la derecha política con los derechos no son nuevos, pero cuando se trata de uno asumido e instalado en la sociedad sin problema alguno desde hace años y con el que hasta buena parte de su electorado no está en contra, las explicaciones se complican aún más.
La Ley del divorcio de 1981, la del matrimonio homosexual de 2005, la de las listas paritarias de 2007, la del aborto de 2010, la de eutanasia de 2020, la Ley trans de 2023… Todas han tenido en contra al PP, aunque ahora Feijóo «entienda» la legalidad de la Ley de plazos de Zapatero
Un par de días después, el PP volvía a demostrar que no había cambiado tanto, pese al realismo social de su actual presidente, al votar en contra de la reforma de la ley del aborto que recupera a las menores de 16 y 17 años al derecho sin necesidad del permiso paterno y regula la objeción de conciencia de los médicos para que la sanidad pública sea la primera opción en estas intervenciones. No nos volvamos locos solo porque Feijóo «entienda» la legalidad de la ley de plazos.
Conviene recordar, para situar a cada cual en su lugar en la historia, que tanto el PP, como su escisión ultra, el actual Vox, tienen un largo curriculum de rechazo a la conquista de derechos ciudadanos en nuestro país. Ayudemos a la memoria con un somero repaso.
La Ley del divorcio de 1981, planteada por la entonces UCD gobernante, fue criticada y rechazada por la antecesora del PP, la Alianza Popular de Manuel Fraga, aunque salió adelante con sus votos en contra y pese a las muchas cautelas que contenía, como la exigencia de separación previa durante más de un año o de motivos que acusaran a uno u otro cónyuge de romper el vínculo. Más de 20 años después, en 2005, el PP mantenía su oposición a la tardía actualización que planteó el gobierno de Zapatero en la llamada ley del ‘divorcio expréss’, que suprimía motivación y tiempos de separación previos para acceder a la ruptura del matrimonio.
La Ley del matrimonio homosexual de 2005 no sólo no contó tampoco con el apoyo del PP (¿recuerdan lo de las peras y las manzanas de Ana Botella?), sino que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que ratificó su plena constitucionalidad en 2012. Igual que sucedió con la primera ley Trans de 2007, con la que Zapatero permitió el cambio de género sin mediar una operación de genitales. La actual, aprobada este mismo jueves finalmente en el Congreso, que consagra la libre decisión del cambio sin informe médico alguno, en línea con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, también ha tenido enfrente al PP, que, por supuesto, está sopesando presentar, una vez más, recurso ante el TC contra ella.
Incluso la Ley de Igualdad del fértil gobierno Zapatero de 2007, que obligaba a listas paritarias en las elecciones e introducía por primera vez el permiso de paternidad por nacimiento, solo logró una tenue abstención de los del PP, que la criticaban como «ajena a la realidad» e «innecesaria». Ya dentro de esta legislatura, el PP ha recurrido ante la justicia la Ley de eutanasia, que garantiza una muerte digna, o la del Ingreso Mínimo Vital, que consagra como derecho un mínimo de recursos para sobrevivir.
Las derechas siempre van detrás de la conquista de derechos de la sociedad, aunque luego tengan que incorporarse a una realidad imposible de negar. Incluso cuando la legislación no obliga a nadie a cambiar su modelo social o familiar y sólo abre la puerta de la ley a quien no discurre por el estrecho camino de quien pretende imponer su moral al resto. Sorprende, pese a todo, que el PP del 2023 aún siga enredado con estos frentes. ¿Es que no tiene bastante con Cataluña, ETA o el IVA?
Periodista y directora de ‘El Siglo’ desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas ‘Cambio 16’ y ‘El Nuevo Lunes’ y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid
Interesante artículo, gracias.