Desde los primeros compases del Gobierno de coalición, la polémica ha acompañado a Dolores Delgado. Por las críticas de la oposición y de las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras hablando de politización del Ministerio Público, por el frío plácet del Consejo General del Poder Judicial a su nombramiento evitando de forma expresa pronunciarse sobre su idoneidad para el cargo, y por la dura acogida de los partidos de la derecha a su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, este pasado jueves.
Titular de Justicia hasta la investidura de Pedro Sánchez y flamante fiscal general del Estado, Delgado se defendía de las acusaciones de partidismo asegurando que “no debe verse como una debilidad, sino como una fortaleza” para el cargo recién estrenado haber sido ministra, comprometiéndose a velar por “el servicio público”.
La también fiscal de profesión lamentaba asimismo que se reduzca la Fiscalía “a una institución permanentemente bajo sospecha y dependiente de los vaivenes políticos… Es injusto”, comprometiéndose a mantener la independencia de la institución porque, aseguró, “somos autónomos y responsables”.
