José Luis Centella
Días intensos los vividos entre los congresos del PSOE y de CC OO, la retirada del acta al diputado Alberto Rodríguez y el debate para acabar con los aspectos más nocivos de la reforma laboral. Días en los que se ha mezclado el ruido con las nueces, los problemas de fondo con los de forma, pero que evidencian las contradicciones sobre las que gira la política en Europa: las presiones de las altas instancias económicas de la Unión Europea (UE), que carecen de respaldo democrático, y los compromisos electorales de los partidos que gobiernan auspiciados por una mayoría parlamentaria ganada en las urnas.
Lo que se debate en estos momentos es si el Gobierno de España tiene capacidad para decidir libremente su política y para adecuar la legislación laboral a los compromisos adquiridos con sus votantes
A menudo se denuncia que la construcción de la UE tiene un gran ‘déficit democrático’, pero presionar a un gobierno elegido democráticamente para que incumpla los compromisos por los que obtuvo el respaldo popular más que un déficit es la impugnación de un modelo de integración en el que la soberanía popular se ha trasladado a instancias que no pasan por las urnas. Son las mismas que se sienten con legitimidad para decidir sobre cuestiones que afectan directamente a la vida diaria de millones de personas. Esto nos da la razón a quienes pensamos que en la Unión Europea no es posible ninguna política socialmente avanzada y que es imprescindible acometer otro modelo de integración, más democrático y que permita articular políticas para la mayoría social.
Lo que se debate en estos momentos es si el Gobierno de España tiene capacidad para decidir libremente su política y para adecuar la legislación laboral a los compromisos adquiridos con sus votantes… nada nuevo en la historia. No hay más que recordar lo que ocurrió en Grecia con el Gobierno de Syriza, obligado a meter en un cajón las propuestas respaldadas en un referéndum en el que el pueblo griego rechazó asumir los recortes impuestos por la Troika. Ya conocemos el resultado: Alexis Tsipras asumió el chantaje de la Troika, incumplió sus compromisos electorales y perdió las siguientes elecciones en beneficio de la derecha.
El retraso para que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos cumpla con la modificación o derogación de las partes lesivas de la reforma laboral no es una cuestión marginal, fruto de la coyuntura, sino uno de los tapones que atascan la posibilidad de una salida socialmente avanzada de la crisis en favor de la mayoría social trabajadora. Lograrlo abriría la posibilidad de una acción sindical que ayude a recuperar derechos arrebatados por esa misma reforma, lo que ha supuesto un deterioro de las condiciones laborales hasta límites que ponen en peligro la salud de millones de trabajadoras, y si no que les pregunten, por ejemplo, a las camareras de piso que limpian los hoteles.
Eliminar la retroactividad en la negociación colectiva y la preponderancia de los convenios de sector recuperaría también la capacidad negociadora y el papel que los agentes sociales tienen reconocidos en la propia Constitución. Basta comparar la cifra de convenios firmados antes de la reforma impuesta por el PP y los que se firman hoy para comprender el carácter antisindical que tienen los cambios y recortes que impulsa la derecha desde el gobierno, y eso que entonces no contaba aún con la presión y vigilancia de la ultraderecha de Vox.
En momentos de tensión, lo que debería resonar en los oídos y en las conciencias de quienes se sientan a resolver lo desajustes entre socios de gobierno es aquella frase de ‘No nos falléis’. El entonces presidente Rodríguez Zapatero no lo escuchó en 2010, el PP alcanzó la mayoría absoluta al año siguiente y millones de personas trabajadoras sufrieron las consecuencias de años de gobierno de la derecha. Es el momento de ser coherentes y situar como la prioridad el cumplimiento del programa con el que el Parlamento invistió al Gobierno de coalición.
Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
