José Luis Centella
La reacción de Pedro Sánchez a los resultados del 28-M ha revolucionado el ya convulso escenario político y acelerado todos los procesos, impidiendo hacer un análisis sereno de cómo queda el mapa autonómico y municipal. Esos resultados han sido muy negativos para las izquierdas y deben preocupar sus posibles consecuencias en materia de retrocesos democráticos y sociales. Las derechas, sumada ya en esta definición su alianza con la extrema derecha, han conquistado mucho terreno en el ámbito municipal, tradicionalmente propicio a la izquierda.
El proyecto de Sumar y la propia candidatura de Yolanda Díaz es una oportunidad para ofrecer una propuesta que dispute con éxito las elecciones generales
Es cierto que esas derechas cabalgan una ola reaccionaria que no sólo es nacional y canalizan con acierto la frustración ciudadana y la desafección política en Europa. Las sucesivas crisis económicas, la pandemia, los miedos y temores respecto al futuro, han podido conducir a buena parte de la población a un estado emocional de gran vulnerabilidad. La capacidad de las derechas de sembrar y cosechar en estas circunstancias es muy eficiente.
La izquierda, en general, está en un estado de confusión y falta de capacidad para disputar la hegemonía ideológica al pensamiento liberal conservador. Las derrotas electorales suelen ser consecuencia de derrotas ideológicas previas; cuando en la mayoría social se instala un pensamiento individualista, consumista y reaccionario es más fácil que se asuman discursos como el de Ayuso.
No tiene discusión que en esta legislatura se ha ejecutado la política de mayor protección a las familias trabajadoras de nuestra historia. La última crisis se gestionó de tal manera que el impacto no recayera sólo en los de siempre. Se pusieron las bases para subir salarios y se fortalecieron los servicios públicos. Pero también es cierto que se vota en función de impulsos y percepciones, más que de análisis de alto alcance.
Que se hayan gestionado mejor las crisis de lo que lo habría hecho la derecha no significa que no existan impactos directos para la población. La pérdida de poder adquisitivo, por ejemplo, preocupa, al igual que el deterioro de la calidad de vida y, sobre todo, la ausencia de horizontes. Una gran parte de la sociedad no tiene por qué entender que con la derecha ‘todo habría sido peor’.
Las derechas han construido con éxito un discurso contra el Gobierno de coalición que ha permeado ampliamente también, entre otras razones, por la infinidad de altavoces dispuestos a repetir las consignas y, lo repito una vez más, por una hegemonía ideológica que la izquierda ha despreciado muchas veces.
La política de izquierda necesita algo más que el gris de la gestión pública: precisa de un proyecto político adaptado a esta época que sea capaz de despertar un sentimiento más movilizador que la simple y supuesta conciliación de intereses objetivos.
Por ello, desde la izquierda debemos afrontar de forma urgente un debate sobre cómo construir una propuesta de sociedad que sea entendible y demostrar que es posible construir desde la solidaridad, lo colectivo y lo público. Debe permitir un desarrollo de las capacidades culturales, integrando el feminismo, el ecologismo político y la defensa de los intereses de la clase trabajadora en todas sus facetas. Sea cual sea el resultado el 23-J, este debate requiere tiempo y dedicación, pero, sobre todo, de voluntad y determinación.
En esta situación, es más necesaria que nunca una convergencia de organizaciones políticas con la sociedad civil más allá de unir siglas coaligadas en función de acuerdos electorales. El proyecto de Sumar y la propia candidatura de Yolanda Díaz es una oportunidad para ofrecer una propuesta que dispute con éxito las elecciones generales. Hay una mayoría social que espera una propuesta para defender los derechos conquistados que las derechas amenazan, pero también para lograr muchos nuevos. No hay duda de que el debate de fondo que propongo en estas líneas se realizará con más tranquilidad con un buen resultado electoral el 23-J.
Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
