Julio Rodríguez López
Durante el pasado siglo, en tiempos de la Guerra Fría, eran frecuentes las críticas a las irracionalidades económicas del sistema comunista en las publicaciones del mundo occidental. Así, un reportaje de la revista semanal francesa ‘L´Express’ incluyó varias fotografías sobre construcciones realizadas en la Unión Soviética, todas ellas carentes de funcionalidad (almacenes sin ventanas, edificios sin puertas). Dicho tipo de construcciones las denominaba dicha revista “monumentos soviéticos”.
En esa línea el politólogo Maurice Duverger publicó un libro denominado ‘Los naranjos del lago Balaton’ donde se comentaba que para hacer más competitiva la agricultura de Hungría, por entonces país satélite de la Unión Soviética, se habían plantado naranjos en las orillas del lago en cuestión. En dicha localización, dada la climatología por entonces existente, resultaba evidente que tales arboles no iban a obtener unos rendimientos razonables.
Tras más de quince años de la terminación de las obras de la presa de Rules, ésta ofrece un soberbio paisaje estético, pero la actividad de la misma se limita al llenado y vaciado del agua embalsada, al no existir las canalizaciones, tirándose al mar cada año unos 90 hectómetros cúbicos
Los ejemplos de decisiones políticas poco o nada racionales no han sido algo exclusivo de los países del entonces bloque soviético. En España, el marco competencial generado tras la creación de las comunidades autónomas resulta un tanto complejo (ayuntamientos, diputaciones provinciales, autonomías y administración central son las administraciones publicas existentes). El principio de descentralización es conveniente, pero no siempre conduce a mejorar la racionalidad de las decisiones políticas adoptadas.
Existen competencias en las que conviene distanciar al político respecto de los gobernados. Un ejemplo de lo anterior sucede con el urbanismo.Son abundantes los municipios con un reducido número de habitantes y que disponen de un extenso término municipal. En dichos municipios los ayuntamientos resultan fácilmente influenciables por los importantes intereses inmobiliarios existentes en España.
Es evidente que las decisiones de los ayuntamientos en materia de urbanismo requieren un control a un nivel más elevado que el del municipio. En el caso de España el control corresponde a la autonomía correspondiente, y aun así salen adelante decisiones urbanísticas poco racionales, como puede comprobarse cada vez que se produce una inundación.
Si se viaja en línea recta desde Madrid hasta el sur de España, a unos 20 kilómetros del Mar Mediterráneo se encuentra un embalse de dimensión considerable (unos 100 hectómetros cúbicos), la presa de Rules (Granada), cuyas obras fueron recibidas por la Administración General del Estado en mayo de 2005, en cuya construcción gastó 235 millones de euros.
En 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se transfirió a la Junta de Andalucía la competencia sobre la cuenca del rio Guadalfeo, sobre el cual se construyó la presa y cuyo cauce se sitúa por completo dentro de dicha comunidad autónoma. Un convenio posterior entre el gobierno central y la comunidad autónoma andaluza determinó que el Ministerio financiaría una lista de obras correspondientes a varias infraestructuras y la Junta pagaría la elaboración de los proyectos.
En la primera redacción del convenio se incluyeron las canalizaciones de la presa de Rules, cuyos ramales suponen unos cien kilómetros de conducciones. Las aguas de la presa debían de ayudar al desarrollo de las ciudades de la costa de Granada (una provincia situada entre las últimas de España en PIB por habitante), puesto que permitirían cultivar unas 10.000 hectáreas de nuevos regadíos destinados a producciones con buena salida en el mercado.
Sin embargo, en posteriores modificaciones del convenio citado las canalizaciones de la presa citada desaparecieron. Y así, tras más de quince años de la terminación de las obras de la presa, esta ofrece un soberbio paisaje estético, pero la actividad de la misma se limita al llenado y vaciado del agua embalsada, al no existir las canalizaciones.
De este modo cada año se tiran al mar unos 90 hectómetros cúbicos. No hay tampoco aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas. No está claro a qué administración pública corresponde la construcción de las canalizaciones. No hay noticias de que dicha situación se vaya a modificar. Se trata, pues, de un ‘monumento soviético’, pero del siglo XXI.
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.
