Cristina Narbona
Utilizo como título de este artículo el del informe periódico de Greenpeace sobre el estado de nuestro litoral porque refleja muy bien la irresponsable actitud que ha predominado en España frente a uno de nuestros activos más valiosos, considerado como bien público por nuestra Constitución. Desde el descubrimiento del potencial de la costa como atractivo turístico en los años del desarrollismo, la hemos literalmente destrozado –y en muchos casos de forma irreversible–, con una extraordinaria miopía que ahora pasa factura. Es obvio que en la década de los sesenta no se conocían los efectos del cambio climático sobre la dinámica del litoral, ni tampoco el papel crucial de los ríos en la aportación de los sedimentos para la formación de deltas y de playas. Pero hace ya mucho tiempo que disponemos de suficiente conocimiento científico sobre la interacción entre los diferentes ecosistemas y los procesos que afectan al litoral: y España fue además uno de los primeros países que legisló, en 1988, sobre el uso y la protección de la costa. Sin embargo, la Ley de Costas se aplicó con demasiada lentitud, en particular en lo relativo a la obligatoria delimitación del dominio público y las consiguientes restricciones de usos privativos, permitiendo así que proliferasen las construcciones e infraestructuras, sin tener en cuenta la necesaria preservación de este espacio. Cuando asumí la cartera de Medio Ambiente en 2004, se había ejecutado sólo un 60% del deslinde, siendo este porcentaje incluso más bajo en provincias en pleno frenesí inmobiliario.
Es evidente que urge aplicar un nuevo enfoque a las actuaciones en la costa, así como las correspondientes a la política del agua, en el contexto de la “emergencia climática” ya declarada por el Gobierno
Un caso concreto era Almería, donde, por ejemplo, aprovechando la ausencia de deslinde, estaba ya muy avanzado el proyecto del hotel Algarrobico, en pleno parque natural del Cabo de Gata. Advertí a la empresa promotora de que dicho proyecto no respetaba la zona de protección del dominio público, de acuerdo con el deslinde en curso; y que si seguían adelante sin tenerlo en cuenta, me vería obligada a iniciar la expropiación de la parte del hotel que se construyese en dicha zona.
Mi advertencia no fue atendida: la empresa había conseguido la licencia municipal de obra, y la expectativa de creación de empleo asociada al hotel en primera línea de playa les garantizaba apoyo social y político.
Así que finalmente se paralizó la obra, prácticamente terminada, tras varios recursos y con una expropiación en curso… y ahí sigue la mole del Algarrobico, a modo de monumento a la estulticia, pendiente de decisiones judiciales definitivas y de su correspondiente demolición. En aquella etapa, desde el Ministerio de Medio Ambiente lanzamos una ambiciosa Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, que incluía la adquisición de espacios todavía no antropizados y la recuperación de otros que habían sido transformados –como el caso del Club Mediterranée en el cabo de Creus–.
Se demolieron más de trescientos inmuebles que no cumplían con la ley vigente, intentando consensuar con las administraciones locales y autonómicas para evitar en lo posible conflictos sociales… pero durante los años siguientes se paralizó el desarrollo de dicha Estrategia, en buena parte por la oposición de una poderosa plataforma de más de 45.000 propietarios de inmuebles afectados, muchos de ellos extranjeros, a los que nadie había advertido de la correspondiente caducidad de las concesiones.
En 2012, el Gobierno de Rajoy decidió modificar la ley de Costas, entre otras cosas para prolongar hasta 75 años la duración de las concesiones en dominio público marítimo terrestre, “amnistiando” así a 140.000 viviendas sin tener en absoluto en cuenta los riesgos asociados a la creciente intensificación y frecuencia de fenómenos adversos en nuestro litoral, consecuencia del cambio climático. El Tribunal Constitucional resolvió sólo parcialmente a favor del recurso presentado por el grupo parlamentario socialista, así que confío en que el actual Gobierno pueda revisar tanto la legislación sobre costas como su efectiva aplicación, incorporando el conocimiento científico hoy disponible.
Es evidente que urge aplicar un nuevo enfoque a las actuaciones en la costa, así como las correspondientes a la política del agua, en el contexto de la “emergencia climática” ya declarada por el Gobierno, que incluye la aprobación de un nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
¿Tiene sentido emplear recursos públicos para reconstruir paseos marítimos exactamente en el mismo lugar donde es evidente su extrema vulnerabilidad?, ¿o para reponer arena en las playas mientras se siguen destruyendo dunas y dificultando el aporte de sedimentos a causa de la existencia de numerosos embalses?.
Ojalá lo sucedido a causa de la borrasca ‘Gloria’ ayude a tomar las decisiones correctas por parte de cada una de las administraciones.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
