Díaz y Bolaños, las dos aritméticas del Gobierno

En Moncloa consideran que la prioridad para mantener el liderazgo del PSOE en el escenario político español pasa por entenderse con Ciudadanos. Ya sea para ampliar apoyos políticos, y no quedar atado exclusivamente a ERC y EH Bildu, como para intentar recoger al electorado que va perdiendo la formación naranja en su derrumbe y hacer frente al empuje demoscópico de Yolanda Díaz. De ahí la ‘Operación Murcia’ -que no hizo sino acelerar la decadencia del partido liderado por Inés Arrimadas- y la tibia y desdibujada campaña electoral de Ángel Gabilondo en Madrid -que no evitó el sorpasso por parte de Más Madrid-. Ejemplos como estos invitan a pensar que no hay camino que recorrer por ahí y que la inmensa mayoría del voto de Ciudadanos se va al PP o a Vox. Pero Moncloa persiste. Sólo así, por temor a perder un supuesto centro político por conquistar, se entienden cosas como el sainete de las macrogranjas, en las que el ministro Alberto Garzón empezó hablando “a título personal”, según la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para terminar constatando que, “en lo sustancial, ha quedado patente que estamos de acuerdo”, según la propia Rodríguez.

La preocupación en el Gobierno no es tanto el decreto en sí, que posiblemente saldrá adelante, sino que la mayoría de la investidura se descosa

Así las cosas, la negociación del real decreto sobre la reforma laboral ha vuelto a sacar a la luz las dos estrategias que conviven en el Gobierno, la de la ‘vía Ciudadanos’ y la del bloque plurinacional -de “dirección de Estado”, en palabras de Pablo Iglesias- con el PNV, ERC y EH Bildu. Yolanda Díaz y su equipo son quienes están pilotando las negociaciones con los socios de investidura. Es Unidas Podemos quién, hoy por hoy, cuenta con unas mejores relaciones con los socios parlamentarios. El relevo de Adriana Lastra por Héctor Gómez como portavoz socialista en el Congreso no ha contribuido a engrasar y tender puentes con el resto de grupos. No hay que perder de vista que Lastra contaba con una relación cercana con otros portavoces -como el de ERC, Gabriel Rufián- y que ha sido convocada a algunas de las negociaciones parlamentarias que se han desarrollado en los últimos meses, como la de Presupuestos. Y es previsible que también intervenga en éstas a lo largo de los próximos días.

La preocupación en el Gobierno no es tanto el decreto en sí, que posiblemente saldrá adelante, ya que no necesita mayoría absoluta y es suficiente con obtener más votos positivos que negativos. Lo que realmente inquieta es que la mayoría de la investidura, que es la que también ha sacado adelante los Presupuestos de 2021 y 2022 se descosa. Y sin apoyos parlamentarios sólidos, Pedro Sánchez lo tendría complicado en su intención de agotar la legislatura.

Garamendi entra en escena

Oficialmente, las negociaciones con Ciudadanos no se han abierto. Extraoficialmente, ha habido sondeos, como lo ha habido con otras fuerzas representadas en el Congreso. Cuando ya se constate fehacientemente que los socios de investidura, especialmente ERC y EH Bildu, no están dispuesto a dar el sí, se abrirán las puertas de la negociación con la formación naranja. Su portavoz, Edmundo Bal, reclamaba esta semana a Félix Bolaños -que es quién está en contacto con Inés Arrimadas desde la negociación de las prórrogas de los estados de alarma- que se ponga en contacto con ellos. Eso sí, subrayó que sólo están dispuestos a dar su apoyo al real decreto si el texto del acuerdo queda inalterado “sin tocar una coma”. En su línea, Bal ha demandado al Gobierno que no ceda “frente a los independentistas que quieren trocear España”.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, está echando un cable al Gobierno, según adelantaba esta semana El País. La patronal se ha arremangado y ha contactado con las formaciones políticas que tiene más próximas, como Ciudadanos, para transmitirles lo conveniente de su apoyo para que el real decreto salga adelante. Descartado el sí del PP, Garamendi escenificaba esta semana la reconciliación con un Pablo Casado con quien dice tener una relación “excelente” y “ninguna aspereza”, unas palabras que contrastan con las tensiones, públicas y privadas, dentro y fuera de la patronal, por la vocación pactista de Garamendi -que terminó con lágrimas en los ojos días después de dar la “bienvenida” a los indultos a los líderes políticos catalanes “si servían para normalizar las cosas”-. Por su parte, en lo que quizá sea una excusatio non petita, Casado dejaba caer que “jamás la CEOE nos ha dado ninguna indicación sobre lo que deberíamos hacer y jamás el Partido Popular se ha puesto en contacto con la CEOE nada más que para agradecer la labor que está haciendo para todos los españoles”.

Díaz se juega buena parte de su capital político

Pedro Sánchez y los agentes sociales se juegan mucho en la votación del real decreto que tendrá lugar dentro de dos semanas en el Congreso. Pero quien puede perder más capital político en el envite es una Yolanda Díaz que ha pilotado las negociaciones y que ha hecho bandera de ellas, como base de ese laborismo de nuevo cuño sobre el que quiere edificar su candidatura a las generales. “No tendría sentido que no saliera -el real decreto-”, afirmaba esta semana la vicepresidenta segunda sobre el decreto, porque supondrá “cambiar el signo de los tiempos y la vida de la gente, y recupera por primera vez derechos para los trabajadores”.

En el Gobierno sí consideran que el PNV podría ser sensible a los mensajes que se están lanzando desde la patronal, tanto públicos como privados

EH Bildu está muy apretada por la posición de los sindicatos nacionalistas vascos, LAB y, sobre todo, ELA, la principal central de Euskadi. Fundada por el PNV hace más de un siglo para frenar la influencia de la UGT, hace tiempo que se alejó de la formación liderada por Andoni Ortuzar y hoy por hoy está mucho más cerca de la base social de EH Bildu. Para añadir más presión, los dos sindicatos han convocado una movilización, el próximo 30 de enero, contra la ‘contrarreforma’ laboral.

En este escenario, en el Gobierno sí consideran que el PNV podría ser sensible a los mensajes que se están lanzando desde la patronal, tanto públicos como privados. No hay que olvidar que Garamendi es vizcaíno, de Getxo, con una larga tradición familiar en la industria vasca y ya fue una figura destacada en las organizaciones empresariales de Euskadi antes de dar el salto al liderazgo de Cepyme, primero, y CEOE, después. Cuenta, por tanto, con buenas relaciones con los núcleos dirigentes del PNV. Su influencia puede ser decisiva en el sentido del voto jeltzale.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, suavizaba su posición a principios de esta semana, apuntando a la posibilidad de que salga adelante su demanda de que los convenios autonómicos primen sobre los estatales. “Algunas pequeñas modificaciones son perfectamente asumibles, no rompen el núcleo del pacto y deberían salir adelante”, afirmaba Esteban. Una vía de entendimiento que dejaría intacto el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales es el retoque de un artículo al respecto del Estatuto de los Trabajadores. Quedaría claro, sin posibilidad de interpretación, que si un convenio autonómico ofrece mejores condiciones que uno estatal, primará aquel sobre éste.

Rufián sube el tono

ERC no tiene que afrontar la presión de ningún sindicato catalán y sus bases tienen una fuerte vinculación con UGT, por lo que sería llamativo que terminase votando en contra. Pero si EH Bildu se decanta por el ‘no’, eso puede terminar influyendo decisivamente en el voto de los diputados republicanos. De momento, los portavoces de ERC han estado utilizando términos muy gruesos. Molestos por el hecho de que el Gobierno no tenga intención de escenificar una reunión de la mesa de diálogo este mes de enero, con las elecciones de Castilla y León a la vista, y sin la finezza que siempre caracteriza a los líderes del PNV, los portavoces de ERC han estado hablando de “chantaje”, como hacía esta semana Marta Vilalta, ante el supuesto desinterés del Gobierno por “mover ni una coma y vetan cualquier posibilidad de mejora del texto”.

Rufián, el pasado miércoles, empleaba un tono duro ante los medios para subrayar que la reforma laboral que propone el Gobierno “no es tan reforma, sino un pequeño cambio de lo que hizo el PP”, que tratará de forjar un frente con EH Bildu, BNG o la CUP para el ‘no’ y que “no podemos apoyar una reforma que sea solo maquillaje. Tal como está, no”. “ERC no negocia ni vota proyectos personales, porque quizá esto es un proyecto personal de Yolanda Díaz”, aseguraba Rufián.

La dialéctica de ERC es un problema que tienen sobradamente detectado en el Gobierno y también en los sindicatos. Con algunas escaladas verbales, luego «se hace muy complicado rescatarlos a ellos mismos de sus declaraciones», entienden fuentes de los firmantes de la reforma. Aun teniendo voluntad de negociar y llegar a acuerdos, como la tienen los líderes de ERC, hay momentos en que públicamente adoptan unas posiciones que es muy complicado desandar. Y esto puede ser un problema en este caso, ya que los republicanos han fijado demandas que sí implicarían alterar el acuerdo con los agentes sociales. Por ejemplo, han puesto el foco en los salarios de tramitación -el dinero que abonaba la empresa en los despidos improcedentes, entre el momento del despido y la reincorporación, normalmente por sentencia judicial-, que no recupera el acuerdo con los agentes sociales.

De momento, en la misma línea que Ciudadanos, sólo Coalición Canaria, UPN y PDeCAT se han mostrado proclives al ‘si’, siempre que no haya cambios sustanciales en el decreto. En principio, el Gobierno también cuenta con los apoyos de Teruel Existe, Nueva Canarias y el PRC. Y de los socios de investidura, Más País y Compromís parece difícil que voten en contra, pero es probable que se abstengan, sobre todo si el resto de fuerzas de izquierda se refuerzan en el ‘no’. Es decir, es factible que el Gobierno termine sacando el real decreto adelante, pero puede ser el principio del fin de la mayoría de la investidura y el prólogo de la campaña de las generales.